Ascan dice que los contenedores de basura que ha retirado en Santander son de su propiedad
La anterior concesionaria del servicio de basuras de Santander, la UTE ASU-Geaser, que desde esta noche ha dejado de prestarlo tras rescindir el contrato el Ayuntamiento por incumplimientos del mismo, ha asegurado hoy que los contenedores que ha retirado de algunas calles de la ciudad son de su propiedad y no formaban parte de la flota que exige el contrato de basuras, «sino que se sumaban a ella para mejorar el servicio ciudadano».
La empresa ha respondido así, en un comunicado, a la denuncia de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ayer informó de la retirada de contenedores, que calificó de «gravísimo hecho» porque, según dijo, «están adscritos al servicio y que es obligación de la adjudicataria mantener disponibles y en buen estado». Además, anunciaba anoche que los servicios jurídicos municipales presentarán una denuncia contra la UTE-Ascan Geaser por este motivo.
Hoy, en un comunicado, la empresa ha informado que el gerente de la UTE ASU-Geaser envió por escrito al Ayuntamiento que «Ascan iba a proceder a la retirada de los 300 contenedores que son de su propiedad, adjuntando la documentación que lo acredita», por lo que la compañía cántabra dice no entender «la falta de previsión de la alcaldesa ante este hecho, fruto del cambio de servicio de una empresa a otra».
Si bien, el director general de Servicio del grupo, Rubén Varela, «se alegra» de que la regidora «reconociera anoche que los contenedores retirados pertenecen a Ascan y no al Ayuntamiento».
Por otro lado, la UTE afirma que ha revertido al Consistorio todos los medios tasados en la contrata de 2013.
En este sentido, Varela ha manifestado que «no entiende» cómo el Ayuntamiento «no ha sido capaz de actuar con previsión y de articular un protocolo de actuación que hubiera evitado las incidencias en el traspaso» del servicio de recogida.
Además, ha asegurado que Ascan «siempre ha actuado dentro de la legalidad, a pesar de que el procedimiento de emergencia solicitado por la alcaldesa ha puesto las cosas muy difíciles» a la empresa.
Por otra parte, Varela ha recordado que la UTE ha judicializado el proceso de traspaso, que ya está en los tribunales de justicia, y ha sostenido que «lo lógico es que cada parte implicada en un conflicto defienda sus intereses, siempre y cuando actúe dentro de lo estrictamente legal».
