Buruaga (PP) afirma que si el alcalde de Cayón no dimite es el Ayuntamiento el que debe de actuar
Sostiene que el PP ya "ha hecho todo lo que tenía que hacer"
La presidenta del PP de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha insistido en que el alcalde de Santa María de Cayón, el ‘popular’ Gastón Gómez, tiene que dimitir como regidor tras ser condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación «porque no hay otra salida porque lo dice la ley» y, si no lo hace, cree que es el Ayuntamiento el que debe de actuar y «tomar las medidas oportunas».
Así lo ha sostenido Buruaga después de que ayer, martes, Gómez afirmara que «sin dudas acatará lo que diga la Justicia» pero recordara que «tiene derecho» a utilizar todos los mecanismos de protección recogidos en el ordenamiento jurídico, dentro del cual –recuerda– se contempla «la garantía constitucional del debido proceso» y a recurrir una sentencia que no es firme, como ya anunció hace días que haría.
A preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de los ‘populares’ cántabros ha mantenido que el PP «ha hecho todo lo que tenía que hacer», actuando en el ámbito interno, tomando conocimiento de la sentencia, instándole a dimitir y abriéndole un expediente infomativo que si la sentencia es firme podría acabar con su expulsión.
Y ahora, según Buruaga, «las actuaciones que corresponde adoptar ahora no están en el ámbito del Partido Popular sino en el ámbito que de la Corporación y en el ámbito del Ayuntamiento de Santa María de Cayón».
«Desde el momento en que tome conocimiento de esa sentencia, tiene (el Ayuntamiento) a un alcalde que está incurso de una causa de incompatibilidad sobrevenida, no porque lo diga yo, ni porque lo dice el PP, sino porque lo dice una ley. Luego la Corporación y el asesor jurídico de esa Corporación, que es el secretario, deberán saber qué pasos hay que dar ahora y qué medida tienen que tomar», ha dicho Buruaga.
La dirigente del PP de Cantabria ha insistido en que el acta de los concejales «es de los concejales», no del PP.
Por todo ello, ha insistido en que «es el Ayuntamiento el que tiene que tomar las medidas oportunas» y, dentro de él, considera que le corresponde principalmente actuar a los grupos de la oposición que le denunciaron por los hechos por los que ha sido condenado (PSOE y PRC) y también al secretario municipal, que es el asesor jurídico del Ayuntamiento, que, tras la sentencia condenatoria de Gastón Gómez, deben determinar los pasos a seguir y qué medidas se deben de adoptar dada la «incompatibilidad» que existe para que se mantenga en el cargo.
Buruaga ha insistido en que, según la Ley, «no hay otra salida» que Gastón Gómez renuncie al cargo de alcalde y a su acta de concejal y que ésta pase al siguiente de la candidatura ‘popular’ en las últimas elecciones municipales, algo que, según ha dicho, es independiente del derecho que tiene el todavía regidor a, como cualquier ciudadano, recurrir la sentencia.
La presidente de los populares ha insistido en que el acta de los concejales «es de los concejales», no del PP.
Cuestionada por la posibilidad de expulsarlo del partido, Buruaga ha explicado que, según el reglamento interno del PP, solo se puede proceder de este modo cuando hay sentencia firme, algo que todavía no ha ocurrido.
«No hemos estado ni estamos de brazos cruzados, hemos abierto un expediente informativo, en el que no vamos a adelantar acontecimientos. En la medida que se vayan produciendo irá teniendo respuestas y consecuencias», ha indicado.
El juicio contra Gómez se celebró el 22 de septiembre y la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander se hizo pública el pasado 19 de octubre, si bien al día siguiente Gómez insistía en que era «inocente» y anunció que recurriría la resolución judicial.
En dicha sentencia, la magistrada considera acreditado que, entre los años 2007 y 2013, en materia de contratación de personal laboral, en la Brigada de Obras del Ayuntamiento, en las Escuelas Deportivas Municipales y en algunos proyectos de la Agencia de Desarrollo Local, «se ha omitido totalmente el oportuno procedimiento de selección y contratación de personal».
La sentencia explica que la contratación se efectuó «de modo directo» por el acusado de forma verbal o escrita, a pesar de que los servicios de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento presentaron escritos de disconformidad con esa manera de contratar.
Buruaga ha abogado también por «dar tiempo» a Gastón Gómez para ver si «quiere o no quiere dimitir». «Tendrán que notificarle personalmente esa sentencia y en el Ayuntamiento tendrá que hablar el secretario de la Corporación y tendrá que ver qué consecuencias se derivan», ha dicho.
