CC OO construirá en Camargo 246 viviendas de VPO
Dos años después de que el proyecto comenzara a gestarse, se acaban de iniciar en los aledaños del complejo deportivo La Maruca, de Muriedas, las obras para la construcción de 246 viviendas de protección oficial promovidas por Comisiones Obreras. No es la primera vez que este sindicato actúa como promotor inmobiliario en Cantabria, ya que anteriormente lo hizo en el Cierro del Alisal donde construyó 80 viviendas, pero la envergadura del proyecto que ahora comienza, convierte a CC OO en el primer promotor de vivienda protegida en Cantabria como ya lo es en el resto de España, donde Vitra, su empresa inmobiliaria, lleva entregadas más de 14.000 viviendas de protección oficial, construidas generalmente en régimen de cooperativa.
El proyecto iba a ser realizado en tres fases, pero la elevada demanda que el sindicato ha encontrado entre sus afiliados, destinatarios naturales de la promoción, ha forzado la ejecución simultánea de las tres partes del proyecto. El sindicato dispone ya de 200 precontratos de compra y las 46 viviendas restantes pasarán a formar parte de la escasísima oferta de VPO que existe en Cantabria, por lo que es fácil suponer que encontrarán rápida demanda en el mercado.
El plazo para la edificación es de 24 meses y el precio de las viviendas será de 153.000 pesetas por metro cuadrado. CC OO financiará la obra a través de Caja Cantabria y ha encargado la construcción a ACESA.
Cinco bloques
El complejo constará de cinco bloques de viviendas de seis alturas en torno a una gran plaza central. Los pisos tendrán una superficie útil que oscilará entre los 70 metros cuadrados y los 90, la máxima permitida para las viviendas de protección oficial, en las que no se incluyen los garajes y trasteros que también están previstos. En el diseño de la promoción, realizado por Deynco –una filial de Vitra– ha contemplado amplias zonas verdes. Otro aliciente para las ventas será la construcción en las inmediaciones de un apeadero de Renfe que va a mejorar sustancialmente las comunicaciones de un núcleo residencial destinado a experimentar un gran aumento poblacional cuando finalice la construcción de las 1.500 viviendas que MRA promueve en la misma zona.
La buena acogida que ha tenido esta iniciativa ha impulsado a CC OO a plantearse nuevos proyectos en otros ayuntamientos de la región, siempre que, como en el caso de Camargo, encuentre el suelo adecuado: “La experiencia ha sido muy positiva –explica Javier Puente, secretario regional de CC OO– y queremos continuar con proyectos similares. Ya hemos hablado con Laredo y Castro, pero el problema es que los ayuntamientos no reservan suelo para este tipo de viviendas”.
Una demanda sin respuesta
El elevado precio de los solares y la imposibilidad de repercutirlo en el precio final de la vivienda cuando se trata de regímenes de precio tasado, han provocado el desinterés de los promotores privados por la construcción de viviendas de protección oficial. El absoluto vacío en la oferta de VPO en Cantabria intenta ser paliado por iniciativas como la que CC OO desarrolla en Camargo o las que impulsó la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos hace dos años. UGT, que también podría aportar una importante bolsa de clientes para este tipo de viviendas, ha preferido olvidarse de la promoción inmobiliaria desde la frustrante experiencia de su cooperativa de viviendas, aunque desde entonces haya transcurrido más de una década.
La falta de motivación de los promotores privados choca con la evidencia de que en Cantabria el 60% de los demandantes de vivienda precisan de ayudas públicas y que la propia Asociación de Constructores estima que se necesitarían construir anualmente entre 2.500 y 3.000 viviendas protegidas para cubrir las necesidades. Sin embargo, en el periodo 1995-2000 tan sólo se han construido en Cantabria 6.573 viviendas de este tipo (tanto del régimen general como del especial) y, en el último trienio, la construcción de VPO ha descendido a un 7% de lo que estaba programado en los años 97-98.
Desde la patronal de los promotores se insiste en la imposibilidad de acometer de forma privada este tipo de vivienda, a pesar de la enorme demanda que tienen, si los ayuntamientos no facilitan el suelo a unos precios que no superen del 20% de los costes totales de edificación.
