Cantabria ha desembolsado tres millones de euros por reclamaciones al pasado concurso eólico en los dos últimos años

El Gobierno de Cantabria ha abonado en los dos últimos ejercicios presupuestarios 3 millones de euros a empresas por reclamaciones al concurso eólico de 2009, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), por los gastos derivados en su participación.

Este dato se ha dado a conocer en un acto informativo en el que han participado los consejeros de Industria e Innovación, Javier López Marcano, y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, para ejemplificar la necesidad del cumplimiento por parte del Ejecutivo de la ley en esta materia y sus plazos «ineludibles» y las sanciones que supone no hacerlo.

«El calendario es tan severo como inflexible», ha señalado Marcano en referencia a la legislación nacional, por la que antes del 31 de diciembre de este año deben salir a información pública todos los parques eólicos.

Así lo ha dicho al ser preguntado por la petición de diferentes colectivos de que se supedite el desarrollo eólico a la aprobación de proyectos eólicos en la región a la aprobación del Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).

Según han explicado ambos consejeros el último Plenercan (2014-2020) sigue vigente en tanto no se apruebe el que se está redactando, que por lo demás no introduce «cambios sustanciales» sobre el anterior, porque es «mucho más» que un plan eólico, ha precisado el director general de Industria, Daniel Alvear, que también ha participado en el acto junto con su homólogo de Medio Ambiente, Antonio Lucio.

Al Plenercan vigente le sucederá el próximo plan de sostenibilidad energética, denominado Pesec, que persigue unos objetivos «más amplios» y será el documento «de referencia», ha precisado Marcano.

Sobre la previsión de aprobación del PROT este verano, el consejero ha señalado que «no hay urgencia» para que se apruebe el mismo, sino que la urgencia para el Gobierno viene dada por el cumplimiento de sus obligaciones como órgano gestor que es.

«Hacemos lo que la legislación exige de nosotros» en relación con los proyectos eólicos, es decir someterlos a información pública y tramitarlos, ha insistido.

En este sentido, tanto el consejero de Industria como el de Medio Ambiente han destacado que desde el Gobierno regional se están dado pasos con «muchísimo rigor» para que no pase como con el anterior concurso eólico que tumbaron los tribunales.

Transparecia, rigor y diálogo

También han defendido que se está informando con «total transparencia» sobre el proceso a todos los agentes implicados, incluyendo a los colectivos que se oponen a estos proyectos dentro de su «legítimo derecho». Pero la misión de la Administración es gestionar dentro del marco legal, dando garantías» ha recalcado Blanco, quien ha negado «oscurantismo».

«Respetamos que la gente no quiera molinos en un determinado sitio, pero tenemos que seguir gestionando e informando de los proyectos dentro del marco legal», ha reiterado.

En la misma línea, Marcano ha insistido en que el Gobierno se guía por la «transparencia, el rigor y el diálogo», cumpliendo con sus «obligaciones» en un asunto «extremadamente sensible» como es éste de la instalación de parques eólicos, de la que se excluyen espacios protegidos por diferentes motivos.

Así, tanto los consejeros como los directores generales han destacado que aunque «es deseable» para Cantabria tener PROT, ello «no condiciona» el desarrollo éolico.

Además, y sobre la oposición de diferentes colectivos a la instalación de parques, han manifestado su disposición a reunirse con ellos, como ya se está haciendo.

«Ningún problema en reunirnos con ningún colectivos, pero hay que pedirles que escuchen también a las personas que «están en los municipios», porque «muchas veces» no coinciden con lo que dicen las plataformas, ha dicho Alvear.

Además, han considerado que Cantabria, como España en general, tiene que «contribuir a la lucha contra el cambio climático, aportando energías renovables, porque la alternativa son las fósiles, de las que se derivan importantes impactos, algunos irreversibles, ha recalcado Lucio.

Por ello, los directores generales han abogado por «avanzar» en la energía eólica «más sostenible ambientalmente», al tiempo que han recordado que grupos que defienden medidas contra el cambio climático, al tiempo «dicen que no al desarrollo eólico». De hecho, algunos se opondrían a cualquier propuesta que se presentase, han dicho.

También han recordado que Cantabria está en el primer estadio en el proceso eólico, y en estos momentos se están tramitando las autorizaciones administrativas previas.

En la actualidad hay 39 proyectos eólicos en tramitación, de los que 28 son de competencia autonómica y los once restantes de carácter estatal, al superar estos últimos los 50 megawatios de potencia.

El plan energético contempla en la comunidad una potencia de 700 megavatios, por lo que por el momento no cumple la parte proporcional a nivel nacional.