Cantabria pedirá al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital
El Gobierno de Cantabria (PP) pedirá al Gobierno Central el traspaso de la gestión y financiación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y exigirá al Estado que facilite los medios materiales, personales y económicos adecuados para asumir esta prestación.
Así lo ha anunciado en declaraciones a Europa Press la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez, quien cree que con esta solicitud se va a mejorar la coordinación y agilizar la tramitación y la concesión de esta prestación.
A su juicio, la cogestión del IMV y la Renta Social Básica ayudará a evitar «situaciones de desprotección y problemas de gestión», provocados por la convivencia entre las dos prestaciones y que daban lugar a reintegros por el «solapamiento» de la ayuda estatal y la autonómica.
Además, la consejera cree que la coordinación de estas prestaciones posibilitará una gestión «más eficiente» y «mejorará el impacto en las personas que se encuentran en situaciones de desprotección».
El Gobierno central aprobó el pasado miércoles en Consejo de Ministros la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para «equipararlas» a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.
El objetivo es extender a todas las comunidades autónomas la transferencia de la gestión del IMV, prestación se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la COVID-19.
Aunque preveía que esta prestación llegaría a 850.000 hogares, a finales de noviembre el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente.
El Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo País Vasco y Navarra.