Cantabria prevé invertir 30 millones para atender la dependencia en los próximos años

El Gobierno de Cantabria calcula invertir en torno a 30 millones de euros en los próximos años para atender el aumento de las necesidades derivadas de la dependencia que espera una vez se supere la pandemia, que ha propiciado un cambio de tendencia y una caída «radical» de la demanda de plazas, por «miedo» al coronavirus unido a la mayor mortalidad que ha provocado. El Ejecutivo confía en que sea algo «coyuntural» y la situación «vuelva a ser la que era» cuando se salga del «túnel» del Covid.

En 2020 fallecieron en las residencias de la región 1.300 usuarios, algo «habitual» aunque la tasa sí es más alta que la de ejercicios precedentes por el virus, que ha causado hasta ahora 273 víctimas en estos centros. De este modo, en la actualidad hay vacantes -casi un centenar de plazas en total-, pero se confía en un incremento de las peticiones y, en consecuencia, se incrementarán los recursos.

Lo ha manifestado así el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles junto a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, para presentar el ‘Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia. Estimación de necesidades hasta 2027’, elaborado para planificar estos servicios.

El informe apunta a un descenso general de la población cántabra en ese horizonte, de unas 30.000 personas menos, al tiempo que el número de ciudadanos vulnerables -mayores y dependientes- crecerá un millar, hasta alcanzar los 22.000, de los que la mitad tendrán más de 80 años.

Teniendo en cuenta estos datos, y que la proporción de los niveles y grados de dependencia serán entonces «similares» a los de ahora, la administración regional contempla dos «hipótesis» en su estudio: una «más moderada» y «menos ambiciosa» para procurar índices de cobertura a la dependencia de media parecidos en todas las áreas -hay zonas alejadas de los grandes núcleos que son «auténticos desiertos»-, y otra para ofrecer un servicio «óptimo» y aproximarse a la «excelencia» en la prestación de estos servicios, que según la Organización Mundial de la Salud se alcanza cuando se ofrecen cinco plazas por cada cien personas mayores.

400 PLAZAS AL AÑO EN RESIDENCIAS

Bajo ambas premisas, y debido a que en la última década en las residencias cántabras se han creado 1.500, la Consejería estima que se generarán del orden de 400 anuales en los próximos ejercicios. Y según las cuatro zonas en las que está dividido el mapa asistencial de la región -área de Santander, oriental, Campoo-Los Valles y occidental-, Soto ha detallado las que precisan de nuevos centros.

Ha indicado que la capital y su entorno sigue siendo un sitio «con carencias» pese a que hay proyectados cinco, así como los municipios de Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo, que necesitarían residencias en Rubayo y Solares, además de Ramales de la Victoria para cubrir las necesidades del Alto Asón.

Por capacidad, y al margen de las previstas en Santander, estas residencias tendrán un tamaño «discreto», de entre sesenta y ochenta plazas, ha indicado el director general, que ha destacado en este sentido que la COVID-19 ha «enseñado» que los grandes centros son «más problemáticos» a la hora de aislar a usuarios contagiados, de ahí que la tendencia sea construirlos más pequeños, también en zonas como Altamira, Cartes y Reocín, lugares igualmente «carenciales» aunque no con carácter «tan perentorio».

Y ha citado además en su comparecencia ante los medios otros municipios, como Bareyo, Ribamontán al Mar o Colindres que también precisarían un residencia «pequeñita», caso igualmente de Villaescusa, que ahora se nutre de la oferta de plazas de El Astillero.

SE PREVÉ AUMENTO ESPECTACULAR DE LA AYUDA DOMICILIARIA

Julio Soto ha señalado además que tras la pandemia se espera un incremento «espectacular» de las peticiones de ayuda domiciliaria y de teleasistencia también, recursos que se incrementarán para atender del orden de tres mil usuarios. En este punto, ha indicado que la primera es «sumamente costosa» -tres horas diarias equivalen a una plaza mensual en residencia- por lo que habrá que «dimensionarla en su justa medida».

Pero la demanda parece que va en esa dirección, ha expresado, para precisar que la demanda de la teleasistencia -que tiene un coste más controlable- va a ser espectacular, toda vez que se esperan seis mil nuevos usuarios en los próximos ocho años.

VACANTES Y LISTAS DE ESPERA EN TODAS LAS ZONAS

Sobre la existencia de vacantes en residencias en todas las áreas de Cantabria -92 en total- y el hecho de que coexistan con lista de espera -119 personas-, el responsable de Políticas Sociales ha explicado que se debe a que los demandantes optan a un centro concreto, ya que por ejemplo en la zona de Torrelavega aguardan diez usuarios una plaza y la oferta se concentra en Potes, donde hay 90 disponibles y solo una tercera parte son públicas, además.

Ante este fenómeno, que también se produce con los centros de día, ha opinado que una persona debería formar parte de esa lista cuando la administración no le ofrece una plaza o lo hace pero en un lugar muy distante de su domicilio.

INVERSIÓN, NO GASTO

En todo caso, y al igual que la consejera, el director general ha apostado por no considerar el desembolso en servicios sociales un gasto, sino una inversión. En este sentido, ambos han destacado el empleo que genera, que se ha ido incrementando hasta haber en Cantabria más de seis mil personas contratadas y cotizando a la Seguridad Social en el sector sociosanitario, ya que la media es de 60 trabajos por cada cien usuarios.

Así, la previsión es que si se amplía la red pública de plazas en residencias y centros, desde dos mil y hasta tres mil según los dos escenarios planteados en el estudio presentado, entonces se pueden generar hasta más de doce mil puestos, que es una cifra «espectacular», de un empleo deslocalizado que contribuye además a fijar población en el medio rural.

FINANCIACIÓN

Finalmente, sobre la financiación de la atención a la dependencia, fijado inicialmente -cuando se aprobó la ley en 2006- a partes iguales entre el Estado, las comunidades y los beneficiarios a través del copago, Soto ha admitido que la proporción entre la administración central y autonómica no ha sido «absolutamente asimétrica», debido a la crisis, de modo que la primera ha venido aportando en torno al 20% y la segunda, sobre el 80%.

Sin embargo, debido al ‘plan de choque’ por el Covid que contempla partidas específicas, Cantabria recibió el año pasado de las arcas centrales 17 millones, a los que se sumarán los 28 previstos este ejercicio y la parte que corresponda de los 600 millones contemplados para el próximo 2022, para continuar así incrementando la aportación del Estado a Cantabria, ha valorado la consejera para finalizar.