Cantabria quiere reducir a la mitad los plazos exigidos para proyectos estratégicos como la planta de H2 de Sniace

Las pymes y los autónomos son los protagonistas del anteproyecto de la Ley de Simplicación Administrativa que el Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública, con un Boletín Oficial de Cantabria (BOC) extraordinario, y en el que se contempla acelerar los proyectos estratégicos para la comunidad autónoma, tanto públicos como privados, reduciendo los plazos de las tramitaciones a la mitad y con prioridad para obtener ayudas y subvenciones.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, acompañada de la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presentado este anteproyecto este viernes y lo ha definido como «un plan reformista y valiente, una ley tractora, de las más avanzadas del Estado, y un salto adelante para combatir la hiperregulación y la atrofia administrativa».

Sáenz de Buruaga ha animado a empresarios, colectivos profesionales y sociales, la Universidad y, por supuesto, a los ayuntamientos, que «tendrán que asumir como propia esta Ley», a presentar alegaciones en el proceso de información pública, que se prolongará hasta el 17 de septiembre.

Tras ello, el Gobierno analizará e incorporará alegaciones y, tras su paso por el Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley se remitirá al Parlamento donde la presidenta ha confiado que pueda aprobarse en el próximo periodo de sesiones.

Y es que, ha enfatizado, este anteproyecto de Ley, con el que «cumplimos como Gobierno uno de nuestros principales compromisos de legislatura», se ha elaborado tras meses de actividad del grupo de trabajo creado al efecto y en el que se han analizado 1.581 procedimiento administrativos y se ha concluido que «un 25% son susceptibles de mejora».

Por ello, ha detallado Sáenz de Buruaga, este borrador del texto normativo modifica 41 normas (21 leyes, 16 decretos y cuatro órdenes) e impulsa un total de 160 mejoras en procedimientos, todo para «quitar grasa burocrática a nuestra administración» tanto regional como local y el sector público empresarial.

MEDIDAS DESTACADAS

Entre las medidas más destacadas del apartado económico de este «potentísimo instrumento», con el que el objetivo es «convertir a Cantabria en una de las comunidades con menos burocracia de España», se implanta «el silencio administrativo con carácter general», se sustituyen las licencias y autorizaciones por «la declaración responsable» y se establece la «simultaneidad de trámites y emisión de informes».

También la presidenta ha destacado «la conservación de trámites administrativos previos, la regulación de entidades colaboradoras de certificación y la utilización general de herramientas informáticas para la gestión a través de expedientes electrónicos».

Junto a todo ello, ha detallado, se añade la posibilidad de poder continuar con la tramitación del procedimiento administrativo- incluida su resolución y finalización- «cuando un órgano no haya emitido en plazo un informe que sea preceptivo pero no vinculante».

Además, para reducir la intervención administrativa, el anteproyecto «introduce de forma expresa la prohibición de exigir al interesado la presentación de documentos que no sean necesarios o que ya obren en poder de la administración». Asimismo, «se simultanean las solicitudes y el devengo de tasas cuando sea obligatorio el pago de la misma y se incluye, como novedad, el pago a través de móviles directos, es decir el bizum».

En cuanto a la declaración responsable para el inicio de una actividad económica o empresarial, Sáenz de Buruaga ha ensalzado que «habilita al particular para el inicio de la actividad o la apertura del establecimiento sin tener que esperar a una licencia o autorización» por parte del Gobierno o los ayuntamientos.

«Una reducción de trámites y tiempos espectacular para el titular de la actividad, que deberá disponer de manera previa de los requisitos necesarios para el inicio, incluida la tasa municipal de actividad. Una auténtica revolución», ha enfatizado la presidenta cántabra.

En este punto, ha indicado que, para dar mayor garantía y seguridad jurídica a este proceso, se introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación, que serán colegios profesionales o personas jurídicas legalmente constituidas, y que habrán sido previamente acreditadas por el Gobierno.

El anteproyecto también «derriba otra barrera» al «consagrar el principio de unidad de mercado», de forma que un operador económico con presencia en otra comunidad «podrá ejercer su actividad económica en nuestra región sin sujetarse a requisitos previos previstos en la normativa autonómica».

DECLARACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En el capítulo económico del texto también se contempla de la declaración de proyectos estratégico y la creación de una oficina o grupo de trabajo, dependiente de la Presidencia del Gobierno, para acelerar esos proyectos, con la «reducción de los plazos a la mitad» para las autorizaciones necesarias para su ejecución.

Además, a esos proyectos, que podrán ser tanto privados como públicos o en colaboración, se les dará «preferencia» para acceder a incentivos, ayudas o subvenciones y la declaración como estratégicos supondrá «la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto e infraestructuras asociadas a efectos expropiatorios».

También, ha detallado la presidenta, podrá simultanearse con la declaración de interés regional a efectos de la legislación de ordenación del territorio en el caso de ser necesario un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Para crear esa unidad aceleradora de proyectos estratégico, la ley prevé su creación a través de un decreto del presidente del Gobierno y Sáenz de Buruaga ha señalado que su «propósito» es hacerlo porque «el tiempo es hoy un factor clave de rentabilidad».

Sobre los proyectos que podrían beneficiarse de ello, Sáenz de Buruaga ha citado la planta de hidrógeno verde en Torrelavega entre los de iniciativa privada o la creación del Parque Científico y Tecnológico de la Salud en los terrenos de la Residencia Cantabria.

En cuanto a lo que deberá cumplir un proyecto para ser declarado estratégico, ha señalado que se establecen tres requisitos principales de los que se tendrán que cumplir dos, y que son una inversión de más de 50 millones de euros, la creación de más de 100 empleos directos e indefinidos y que sean en sectores estratégicos para la comunidad autónoma o la Unión Europea.

APARTADO NORMATIVO

En el segundo bloque del anteproyecto, se hace el desarrollo normativo que introduce modificaciones concretas de 41 normas del ordenamiento jurídico de Cantabria y un 160 mejoras en subvenciones, transparencia, patrimonio, fundaciones y asociaciones, seguridad ciudadana y espectáculos públicos, aguas y medio ambiente, finanzas, tasas y precios públicos, patrimonio cultural, albergues turísticos y archivos, conservación de la naturaleza o liberalización del comercio, entre otras materias.

El «cuerpo legal» se completa, tal y como ha indicado Sáenz de Buruaga, con «la transformación digital» no sólo con la administración electrónica sino poniendo «la inteligencia artificial al servicio de la simplificación y agilización de trámites», y con un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley.