Cantabria recibe 56 alegaciones al decreto de pisos turísticos
El Gobierno de Cantabria (PP) ha recibido un total de 56 alegaciones –a falta de contabilizar las que lleguen en el día de hoy– al borrador de decreto que está elaborando para regular las viviendas de uso turístico en la región.
En concreto, las alegaciones proceden de los ayuntamientos de Riotuerto, Santander, Santa Cruz de Bezana y Torrelavega; las asociaciones de Hostelería, Viviendas de Uso Turístico, Plataformas Digitales, Unión de Consumidores, Vecinos de Cañadío Pombo Ensanche, Ecologistas en Acción, Turismo Rural, Afectados por la Hipoteca y Alojamientos de Corta Estancia.
También se han recibido escritos de las entidades políticas de Castro Verde, Grupo Parlamentario Socialista, IU, Unidos por Laredo y Cantabristas; el Colegio de Arquitectos; las empresas Host Gestión Viviendas Vacacionales, Vacare, Chekin y R2R Consulting Inmobiliario; y 32 particulares.
Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, que, conscientes del «interés y de la preocupación que este tema genera», ha valorado el proceso de alegaciones al borrador, que finalizó el pasado 22 de julio, y se ha referido a algunas de las aportaciones realizadas para «aclarar algunos conceptos».
Según ha señalado, algunos de los comentarios que se han hecho sobre el borrador a lo largo de estos meses son «lógicos y razonables» y serán «tenidos en cuenta» a la hora de valorar las alegaciones presentadas, pero también se han hecho otros que son «de imposible aplicación y, por lo tanto, pueden confundir a la opinión pública».
Así, se ha referido a la medida de limitar las viviendas de uso turístico a 60 días de actividad, que no ha sido incluida inicialmente en el borrador porque es «inoperante» actualmente.
«No resulta posible controlar que realmente se presta el servicio ese número de días ya que no tenemos acceso a los datos», que tienen las plataformas y la Agencia Tributaria y «no están obligados a darlos», ha dicho.
En todo caso, ha apuntado que la vivienda que se alquile y no sea una vivienda de uso turístico se rige por la Ley estatal de Arrendamientos Urbanos.
En cuanto a la limitación del número de viviendas por titular o la exclusión de las personas jurídicas, ha manifestado que excluir a las personas jurídicas «chocaría» con la Directiva Europea de Servicios y con la doctrina del Consejo de Estado, que «ya nos llamó la atención sobre que el decreto vigente no incluía a estas personas jurídicas».
«Limitar el número de viviendas es un límite al derecho de la propiedad privada que es inadmisible en el derecho actual y es inadmisible en cuanto al libre ejercicio de la actividad de servicios», ha defendido.
Respecto a la exigencia de requisitos sobre dimensiones, equipamientos o condiciones para las viviendas de uso turístico, ha indicado que todas estas cuestiones están incluidas en la legislación de Viviendas y, por lo tanto, «son ajenas a este decreto».
«Al tratarse de una vivienda, aunque sea de uso turístico, según la normativa actual no se le puede exigir condiciones más duras que las que se exigen a una vivienda residencial», ha argumentado.
Mientras que la demanda para que estas viviendas dispongan de información turística de la zona, como restaurantes, áreas de ocio o aparcamientos próximos, ha trasladado que este es un aspecto que «no se exige» al resto de establecimientos o alojamientos turísticos, por lo que, a su juicio, «tampoco se le puede exigir a las VUT –Viviendas de Uso Turístico–«.
Asimismo, la consejera se ha referido a otras cuestiones que se han planteado en las alegaciones que ya están recogidas en el borrador del decreto actual, como que no puedan explotarse las viviendas turísticas que están sometidas a un régimen de protección pública, que los estatutos de la comunidad de vecinos no prohíban las viviendas de uso turístico, que haya una placa en un lugar visible con el número de teléfono para dar servicio 24 horas o tengan que tener contratada una póliza de seguros.
Guillermina Fernández ha indicado que a partir de ahora se van a responder y estudiar todas las alegaciones presentadas y se incorporarán al borrador «las que sean legalmente viables y sirvan para dar mayor seguridad jurídica» al ejercicio de las VUT, «siempre dentro de lo que es nuestro ámbito competencial».
En este sentido, ha resaltado que «la Consejería de Turismo solo tiene competencias turísticas, es decir, que puede establecer los requisitos necesarios para que en la vivienda se preste el servicio turístico de alojamiento, pero poco más».
«Turismo está haciendo su parte, la parte que nos compete, pero necesitamos que los demás entes involucrados hagan la suya o, sino, servirá de poco», ha trasladado la consejera.
También ha apuntado que «hay que tener en cuenta» la Directiva de Servicios de la Unión Europea, que «busca simplificar los procesos administrativos y favorecer el libre mercado».
La titular de Turismo ha señalado que, una vez hecho este trabajo previo, se volverán a reunir con el sector para buscar «el máximo consenso» sobre este documento, si bien no ha precisado plazos. «Esperamos que nos delate mucho y que pueda salir lo más rápidamente posible», ha dicho.
