6.411 plazas residenciales para mayores, el mayor número de la historia en la región
Cantabria cuenta con 6.411 plazas residenciales para personas mayores de 65 años, el mayor número de la serie histórica, de las que el 70% son de financiación pública (4.478).
De este modo, la comunidad tiene un déficit de sólo 60 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En España, las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62% del total.
Así lo recogen las cifras oficiales del IMSERSO recogidas entre las 5.542 residencias del país –1.435 públicas y 4.107 privadas– y que la Asociación de Directoras y Gerentes ha analizado a través de un informe.
Según este documento, recogido por Europa Press, el 62% del total de las plazas en estos centros son de financiación pública y el 38% -146.825- son plazas de financiación privada, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas públicas (74%). En el lado opuesto está Galicia con un 41%.
La asociación destaca, del mismo modo, que Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos regiones que más aumentan el número de plazas
residenciales de financiación pública. En concreto, Aragón las aumenta en más de un 100% y la Comunidad Valenciana en un 30%.
COBERTURA DE PLAZAS
El informe indica además que, el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública propias o concertadas, y un 1,6% de financiación privada). En este caso, la comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3%.
En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36% y del 40%, respectivamente, según el informe.
En este sentido, el informe señala que existen diferencias en los precios en las plazas residenciales de financiación pública con una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Catalunya y hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, apunta el informe, se superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.
«Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales», ha explicado la asociación.
Del mismo modo, destaca que en algunas regiones los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30% o, como en La Rioja, el 25%. «A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas autonomías para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores», señala.
20.200 PLAZAS NUEVAS EN 10 AÑOS
Sobre este tema, directoras y gerentes de estos centros lamentan que el número de plazas residenciales para personas mayores en España «no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años» y que, según apuntan en el informe, ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. «Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España», denuncian.
Así, denuncian que en este mismo tiempo, las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO. En consecuencia, indica la asociación, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales.
«Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años», explica el informe.
La asociación señala que «unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho».
RATIO DE PLAZAS
Al respecto, Directoras y Gerentes etiman que «más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial» y esta situación «muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas».
Así, destaca, sólo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias, alcanzan la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo Castilla y León y Castilla-La Mancha alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública.
El informe señala que los principales déficits de las plazas residenciales en España en encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Catalunya (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).
En este sentido, indica que, en términos relativos sólo cuatro comunidades autónomas no superan el 3% de plazas residenciales por
cada 100 personas mayores: Murcia (2,27%), C. Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).
Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido regiones como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública, indica el informe.
DEBATES PENDIENTES
Finalmente, el informe de la asociación plantea algunos debates pendientes en el sector, como el de la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que, según señalan, su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad.
Esta situción, advierten los expertos, constituye un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.
Por otro lado, en grandes urbes, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores.
Del mismo modo, la asociación ha denunciado que las residencias para mayores han sido lugares donde el Covid19 «ha hecho estragos», un hecho que, según explica, llama a reabrir el debate sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores. Especialmente, indica el informe, pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores y reformular sus funciones y su remuneración.
