CCOO demanda una unidad de psiquiatría penitenciaria
La sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias ha solicitado hoy la creación en Cantabria de al menos una unidad de psiquiatría penitenciaria dotada con los medios necesarios y personal especializado, en tanto se negocia la transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema público regional, así como cubrir las 78 vacantes que existen actualmente en las prisiones cántabras.
El sindicato ha denunciado que «las cárceles se han convertido en los manicomios del siglo XXI» pero no existe una política de salud mental en las instituciones penitenciarias cuando las patologías mentales son «el principal problema en las prisiones». Por ello CCOO, al igual que los jueces de Vigilancia Penitenciaria, exige la urgente creación de unidades psiquiátricas en las prisiones.
En este sentido, el sindicato ha defendido que Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Cantabria deberían negociar la transferencia de la sanidad penitenciaria al sistema público de la comunidad, y mientras tanto, garantizar la creación de una unidad especializada en psiquiatría para la población reclusa de Cantabria.
Además, CCOO ha demando que, antes de que acabe la legislatura, el Ministerio del Interior cumpla los compromisos adquiridos en el Congreso para modernizar y dignificar las prisiones, mejorando las condiciones laborales y retributivas de su personal porque, ha asegurado, «hay dinero» para ello pero no voluntad política.
Así lo han expuesto hoy en rueda de prensa la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández; y el responsable de Salud Laboral y Negociación Colectiva de CCOO en Instituciones Penitenciarias, José María López.
Fernández ha denunciado el déficit de personal en las prisiones, pues el «esfuerzo» del Ministerio del Interior en la oferta de empleo público no cubre el «déficit estructural», que en Cantabria ha aumentado el año pasado del 15 al 20%, correspondiente a 74 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir entre la prisión de El Dueso y el centro de inserción social (CIS) José Hierro, y a cuatro plazas amortizadas en los últimos meses.
A ello se suma el envejecimiento de la plantilla, de unos 55 años de media. Próximamente se jubilarán 35 efectivos, lo que incrementaría el déficit estructural en Cantabria al 25% y supondría que uno de cada cuatro puestos estarían vacantes.
Al respecto, Fernández ha denunciado que «el grave problema de las agresiones que sufre el personal penitenciario, el absentismo laboral, el elevado índice de suicidios en prisión o los incidentes regimentales protagonizados por la población reclusa están directamente relacionados con la falta de personal», y estos problemas solo pueden atenderse «cubriendo todas las vacantes, eliminando la tasa de reposición de efectivos y convocando una oferta de empleo público extraordinaria».
Igualmente, ha censurado que Interior «intenta frenar la descapitalización» de los recursos humanos en las prisiones con una política penitenciaria «generalista y de propaganda de terceros grados» para acelerar el descenso de la población reclusa a nivel nacional.
Solo así puede entenderse, ha dicho, que esté sin cubrir el 30% de los puestos de trabajo en el CIS José Hierro, que es dónde cumplen los terceros grados, y que en Cantabria cerca de un centenar de presos tengan que cumplir su condena en su domicilio mediante el control telemático de una pulsera.
En la comunidad hay unos 1.200 mandamientos de condena anuales –trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo– que vienen en primer lugar de delitos de violencia de género y en segundo de delitos de seguridad vial.
Además, ha denunciado la «marginación de las prisiones cántabras» ya que, teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 500 ó 700 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior, si bien no se trata de un problema de comunidades autónomas sino de categorías profesionales.
Por todo ello, Fernández ha subrayado la necesidad cumplir los compromisos anunciados por Interior en sede parlamentaria dentro de esta legislatura y solucionar el conflicto laboral de prisiones.
«El presupuesto de Instituciones Penitenciarias para este año es el más elevado de su historia con un incremento del 5% (1.272 millones de euros) y tenemos casi un 30% menos de población reclusa, lo que genera sobrantes de dinero público» que en su opinión debería invertirse en mejorar las condiciones laborales y retributivas del capital humano.
PATOLOGÍAS MENTALES
Al grave problema de la falta de personal se suma el incremento de las patologías mentales. «Las prisiones se han convertido en los manicomios del siglo XXI», ha sentenciado López, que se ha remitido a un estudio del Ministerio del Interior que indica que la prevalencia de padecer trastorno mental en la población reclusa es del 45,9%. «Sin embargo, el Ministerio no tiene una política de salud mental y no invierte en recursos sanitarios ni asistenciales», ha denunciado.
Al respecto, ha criticado que Interior «está empeñado en abordar el aumento de las patologías psiquiátricas invirtiendo en más ladrillo», con la creación de un macro psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas (Valencia) para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas, a lo que se ha opuesto el Parlamento valenciano y que va en contra de los criterios científicos, y que en opinión del sindicalista no sería otra cosa que «un almacén de enfermos mentales».
Para CCOO, los 150 millones de euros que costaría este centro debe destinarse a transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, que es más económico, 131.339.227 euros, y que solucionaría la mayoría de los problemas, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población, y equiparando las condiciones labores del personal sanitario de prisiones. Por ello ha exigido la urgente creación de unidades psiquiátricas penitenciarias en cada comunidad autónoma.
