Comienza el juicio al responsable de un grupo empresarial que estafó casi 14 millones a los bancos

La Audiencia Provincial de Cantabria juzga a partir de este martes, 3 de noviembre, al director de un grupo empresarial acusado de estafar cerca de 14 millones de euros a varias entidades bancarias. También están acusadas otras tres personas por colaboración.

Según el escrito del ministerio fiscal, dado el volumen de negocio del grupo empresarial, el tiempo que llevaba trabajando tanto el grupo como el acusado con diversos bancos y el hecho de que el pagador final fuera el Gobierno de Cantabria, «conformaron una situación de amplia confianza entre las entidades bancarias y el acusado que éste aprovechó en su beneficio».

Así, explica que durante los años 2008 y 2009, como administrador único y representante legal de una de las empresas del grupo, «logró de diversas entidades bancarias la obtención de importantes cantidades de dinero mediante el endoso de múltiples certificaciones de obras públicas».

De este modo, aportaba estas certificaciones como documento que acreditaba el derecho de cobro por obras realizadas para diversas administraciones públicas, principalmente el Gobierno de Cantabria y también los ayuntamientos de Miengo y Torrelavega, según la Fiscalía.

Estas certificaciones «previamente habían sido falsificadas», ya que, o bien no se correspondían con ninguna obra contratada o bien el importe que contemplaban no se correspondía con el real de la certificación, siendo «muy superior a éste». En algunos casos, continúa el escrito, una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias.

Posteriormente, «cuando la entidad bancaria instaba el cobro de las certificaciones a la administración pública correspondiente, el mismo resultaba infructuoso». Así, el escrito del fiscal recoge un total de 108 certificaciones, siete entidades bancarias estafadas y un importe total defraudado de 13,9 millones de euros.

Además del principal enjuiciado, hay otros tres acusados por colaboración, que son su esposa, un empleado de una de las entidades bancarias y un testaferro de sociedades que creó.

El empleado la entidad bancaria -a la que presuntamente se estafaron 9,7 millones de euros a través de 54 certificaciones de obra-, sería quien «tramitaba y facilitaba» las operaciones que el director del grupo empresarial acusado le solicitaba, «con conocimiento de la falsedad de las certificaciones y, por tanto, de la irrealidad de la mayoría de las obras o del contenido del grado de construcción de las mismas».

El otro enjuiciado es el testaferro de tres sociedades que creó el principal acusado «para eludir las responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse tanto de su defraudación como de la actividad comercial ordinaria de sus empresas, ya por esa época al borde del concurso».

Según explica el fiscal, el acusado constituyó en 2009 tres sociedades a través de este testaferro, empleado de una de sus empresas, que se convirtió en el administrador de las sociedades, si bien el que las gestionaba realmente era él.

Desde la constitución de las citadas sociedades, el principal acusado y su esposa, «con idea de hurtar» los bienes de las mercantiles que formaban el grupo empresarial «a futuros acreedores y en previsión de una futura deuda o quiebra» transmitieron a las nuevas sociedades 16 inmuebles, ascendiendo el total de las operaciones a 7,8 millones de euros, así como «multitud de vehículos».

DELITOS Y PENAS

El ministerio público imputa al administrador del grupo empresarial un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento público y oficial.

También considera que los hechos constituyen un delito continuado de alzamiento de bienes que imputa tanto a él como a su esposa y al presunto testaferro de las sociedades creadas en 2009.

Por su parte, al empleado de la entidad bancaria que colaboró en la tramitación de las certificaciones para su cobro le atribuye un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de uso de documento falso.

Las penas solicitadas para el administrador del grupo empresarial ascienden a 11 años y medio de prisión, indemnización de 3,2 millones a las entidades que supuestamente estafó y multa de 27.000 euros. Además, el ministerio público pide que éste y el empleado de banca indemnicen a la entidad para la que el segundo trabajaba en 9,7 millones de euros.

Para el empleado de la entidad bancaria, el fiscal pide además una pena de siete años de cárcel y multa de 9.000 euros. Finalmente, solicita cuatro años y tres meses de prisión y 18.000 euros de multa para la esposa del principal acusado y el empleado que actuó de testaferro.

El juicio se desarrollará a lo largo de ocho jornadas que darán comienzo a las 9.30 horas. El 3 y 4 de noviembre tendrá lugar el interrogatorio de los acusados, seguido de las testificales los días 5, 6 y 9 y de la prueba pericial el 10. Finalmente, el día 11 será el turno de los informes y conclusiones, con posibilidad de continuar el día 12.