Cortina descarga la responsabilidad de la contratación indebida en el interventor

El exalcalde de Astillero Carlos Cortina ha asegurado que no intervino en la contratación de una trabajadora municipal, sino que «el único» que participó en el proceso de selección fue el interventor municipal, y ha añadido al respecto que tampoco le advirtieron de pagos irregulares a la empleada.

«Nadie nos dijo nunca que había cobrado algo indebidamente», ha manifestado el exregidor del PP este miércoles durante el juicio por estos hechos, en el que se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público que pide la fiscal por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

En la vista, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, también ha declarado la trabajadora implicada, para la que el ministerio público pide un año de cárcel y multa de 160.000 euros por tráfico de influencias, así como una indemnización de 98.749 al Ayuntamiento, a aportar entre ambos, por 38 facturas giradas por ese montante entre enero de 2007 y abril de 2010, cuando cesó la relación contractual tras detectar el interventor una irregularidad.

La causa deriva de la denuncia del secretario municipal, a la que se sumaron después PSOE e Izquierda Unida, y el plenario ha arrancado con la decisión de la sala, a raíz de las cuestiones previas planteadas por la partes, de que solo el Ayuntamiento ejerza la acusación particular, al verse perjudicado por la posible malversación de caudales públicos.

Es más, el letrado de esta administración ha anunciado la modificación del escrito de calificación provisional para introducir en el de conclusiones definitivas este delito en concurso medial con uno de prevariación.

Por lo demás, el secretario municipal -que inició el proceso hace casi ocho años, pero por una presunta usurpación de funciones que fue archivada- y los concejales interesados continúan personados, aunque ejerciendo las acciones populares.

Tras la introducción de nueva documentación y la propuesta de un testigo relacionado con la misma, ha comenzado el interrogatorio de Carlos Cortina, que ha contestado a todas las partes. En su declaración, ha destacado que cuando él llegó a la Alcaldía de Astillero, a finales de 2016, la acusada ya estaba trabajando en el Consistorio, en un programa experimental y semestral de empleo subvencionado por el Gobierno de Cantabria.

Después, en enero de 2017, la procesada continuó prestando servicios municipales, a partir de una estimación de gasto y en base a un nombramiento por procedimiento administrativo de la Junta de Gobierno Local, ha explicado. El objetivo de esta contratación era organizar la futura relación de puestos de trabajo (RPT), asunto del que no había «nada» hecho en esta administración local, y a iniciativa del interventor, que fue quien hizo la propuesta.

«No se la mandé yo al interventor, en absoluto», ha zanjado Cortina, que tras asegurar que no sabía qué titulación tenía ni a qué se dedicaba la acusad ha aclarado que por ser precisamente una propuesta no aparecía el nombre de la persona que se iba a contratar en el acta en cuestión, pero no por «ocultar nada». «No hay más misterio en esto», ha sentenciado.

Por esas tareas, y en una primera fase, la empleada estuvo facturando como autónoma durante seis meses, y después de un trabajo «ímprobo» -a ojos del exalcalde- continuó haciéndolo durante el mismo tiempo, ya para la segunda parte del proyecto. En un principio iba a ser hasta diciembre, aunque como «no había acabado» la labor encomendada, siguió trabajando y cobrando en el primer semestre de 2008.

Dos meses después se dictó un decreto de Alcaldía para la puesta en marcha de un programa a ejecutar ese año en colaboración con una consultora y que coordinaba la implicada, que también ejercía otras funciones -secretaria de la comisión de valoración, por ejemplo-, de ahí el incremento del importe a pagar, ha justificado Cortina, que ve una «casualidad» que el aumento del montante coincidiera con las cuantías de los dos meses no facturados.

En su declaración, Cortina ha indicado que la trabajadora continuó girando facturas en 2009 y hasta principios de 2010, pese a no tener «cobertura legal» para hacerlo, como ha apuntado la fiscal, a lo que el entonces primer edil astillerense ha justificado que tras la presentación del trabajo encargado la trabajadora tuvo que gestionar las alegaciones al organigrama elaborado.

NADIE SE PERCATÓ

Así, ella facturaba por su labor y «nadie se percató» de la situación en la que estaba hasta que el interventor revisó todos los contratos del Consistorio y detectó este y otro más, el de un ingeniero técnico que también estaba sin dicha cobertura, por lo que se procedió a la suspensión de ambos.

Al respecto, el exregidor ha esgrimido que el presupuesto de Astillero en 2009 ascendió a 24 millones, «el doble» que un año «normal», debido al inicio de la crisis económica, de ahí que no se percatara -ha dicho- de la caducidad de la propuesta de gasto aprobada para la contratación de la implicada en 2008. «A mí se me olvidó, y a todo el Ayuntamiento», ha apostillado, a la par que ha matizado que hubo «caducidad» del expediente administrativo, pero «no del trabajo» realizado.

A este respecto, Cortina ha asegurado que puede «dar fe» de que la empleada en cuestión iba «todas las mañanas» al despacho que tenía en el Ayuntamiento y también «muchas» tardes, y ha manifestado que de haber encomendado las tareas que realizó a un funcionario, tendrían que haber contratado a otra persona para que ejerciera las de este último, pues se partía de «cero» para hacer la RPT, que no salió adelante porque el tema se quedó «enquistado».

Por su parte, la acusada siguió trabajando después para el Ayuntamiento, a través de sucesivos contratos con la Agencia de Desarrollo Local para programas subvencionados por el Ejecutivo regional.

Carlos Cortina, que dirigió Astillero durante nueve años tras once como teniente de alcalde, ha subrayado que siempre hubo asignación pesupuestaria para los contratos dependientes del Ayuntamiento y ha explicado que no dudó «nada» acerca de los mismos pues se aprobaban por unanimidad en la Junta de Gobierno Local -que el presidía-.

Y contaban, además, con todos los informes favorables y ningún reparo, así como también con las firmas, del interventor y del secretario, que era quien redactaba el acta -y quien denunció los hechos-. «Yo no puedo ser más papista que el Papa», ha apostillado.

Sobre la vinculación de la procesada con el PP, ha asegurado «nunca» ha estado afiliada y que no ha sido «en absoluto» militante o simpatizante, no así su hermana, funcionaria del Ayuntamiento encargada de la gestión de nóminas -no facturas- y personal (recursos humanos).

Sobre esta última, Cortina ha admitido que tenía confianza con ella, la misma que con el resto de trabajadores que prestaban servicio en el Consistorio, pero no «máxima o estrecha: mi mujer se asustó cuando lo leyó», ha comentado al respecto.

VALORACIÓN PUESTO SECRETARIO Y CONGELACIÓN SUELDO

Por su parte, la trabajadora acusada ha corroborado, contestando únicamente a preguntas de las defensas, que fue el interventor quien la propuso para el puesto enjuiciado, y ha agregado que daba cuenta del trabajo realizado al secretario, «en todo momento».

Ha añadido que este último también le hacía propuestas o sugerencias, pero no tuvo ninguna advertencia de ilegalidades o repartos, «en ningún momento», ni tampoco por parte de ambos a las facturas que emitió en función de los trabajos encomendados.

La procesada, que ha detallado su formación, labores acometidas y experiencia, también en otros ayuntamientos antes y después de trabajar para el de Astillero, ha apuntado que «todo iba bien» con el secretario hasta que tras una valoración de su puesto se le congeló un complemento y el sueldo.