El Gobierno aprobará el próximo martes las ayudas a la gran industria para compensar emisiones de CO2
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes las nuevas ayudas a la gran industria para compensar los costes de emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2).
Se trata 244 millones de euros, 65 millones más que el pasado ejercicio, ha dicho Maroto en su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, en la que ha indicado que esos fondos «permiten alcanzar el máximo autorizado por la Comisión Europea».
«Se nos reprocha que no alcanzamos el nivel máximo de las ayudas, no es verdad», ha asegurado la titular de Industria, tras especificar que las convocatorias del año pasado cubrieron el 94% de las solicitudes recibidas por toda la industria.
Esta línea forma parte de las medidas de apoyo dentro del plan de respuesta económica a la crisis desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, con un total de 448 millones de euros para la gran industria consumidora de energía, una reducción del 80% en la factura por los peajes de transporte y distribución durante todo 2022, y ayudas directas para industrias gasintensivas.
Maroto ha dicho que estas ayudas, ya aprobadas por la Comisión Europea, empezarán a transferir a las empresas «en cuestión de días». Las estimaciones del Gobierno contemplan poder asistir a 1.600 empresas, un 85% de ellas pymes, del sector del papel y el carbón, el vidrio y la cerámica.
RECONOCE QUE LA AGENDA INDUSTRIAL «LLEGA TARDE»
Durante la comparecencia, Maroto ha reafirmado el compromiso del Gobierno para presentar y enviar al Congreso este año la nueva Ley de Industria, y ha expresado su confianza de poder alcanzar un consenso para un nuevo Pacto de Estado por la Industria y determinar la Estrategia Industrial con vistas a 2030.
«Creo que llega tarde, que tendríamos claramente que tener ya esa agenda definida», ha reconocido la ministra, que en todo caso ha aludido a la pandemia de Covid-19 primero, y luego a la guerra en Ucrania como circunstancias que han provocado el retraso para alcanzar estos acuerdos.
Con la nueva Ley de Industria, ha dicho Maroto, se buscará dar «una respuesta urgente para potenciar la autonomía industrial», abordando aspectos como la política industrial, la reindustrialización, la neutralidad climática, la digitalización, la seguridad y calidad industrial o una nueva gobernanza.
NO DIFERENCIAR EN EL ESTATUTO FUE «LÍNEA ROJA» DE LA UE
Otra de las cuestiones que la oposición ha echado en cara a la ministra ha sido la eficiencia del Estatuto de los consumidores electrointensivos, con demandas de flexibilización desde el PP, que le ha pedido que tenga en cuenta las alegaciones de las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria, o del PNV, que ha señalado cómo muchas industrias se quedan fuera y, sin ese reconocimiento, no pueden acceder a otras ayudas del plan de respuesta a la guerra, como la rebaja de peajes.
En su réplica, la ministra de Industria ha reconocido que la diferenciación entre consumidor electrointensivo e híperelectrointensivo fue objeto de negociación con las autoridades europeas y «fue una línea roja que estableció la Comisión Europea para poder aprobar el Estatuto».
Una vez puesto en marcha este instrumento, ha apostillado Maroto, el Gobierno considera que ahora es momento de evaluar logros «y, en su caso, plantear mejoras» No obstante, ha destacado que las ayudas beneficiaron a 298 industrias, con subvenciones de 60,5 millones de euros, y se prevén para este ejercicio ayudas por 73 millones, cuya convocatoria ya está autorizada.
