El Gobierno cántabro pide licitar un nuevo concierto con MUFACE con urgencia
El Gobierno de Cantabria ha solicitado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se reúne el lunes en sesión plenaria, que inste al Ejecutivo central a licitar con la «máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios» un nuevo concierto con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que cuente con la dotación económica necesaria para garantizar una asistencia de máxima calidad y adaptada a las necesidades de los mutualistas.
En la petición para que el CISNS añada este punto al orden del día, enviada por la Consejería de Salud junto a los departamentos de Sanidad de Baleares, La Rioja, Murcia, Madrid, Castilla y León y Extremadura, Cantabria también exige que, de cara al futuro, se desarrolle y consolide el mutualismo administrativo «desde la sostenibilidad y la solvencia del modelo».
Para el consejero cántabro de Salud, César Pascual, se trata de una propuesta «constructiva», que confía que desde el Ministerio «tengan la sensibilidad de aceptar» para enriquecer el debate y dar solución a un problema que afecta a más de un millón y medio de personas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.
Pascual ha recordado que MUFACE fue creada hace casi 50 años y es una opción que en 2023 fue elegida por 1.103.292 funcionarios (69,6%), de los que dependen 434.409 beneficiarios, según datos de la propia mutualidad.
Así, ha señalado que, tras una serie de «avatares» en la licitación del nuevo concierto para el aseguramiento sanitario de los beneficiarios de MUFACE, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública asumió el compromiso firme de publicar una nueva licitación antes de que acabe el año.
Sin embargo, ha indicado que «dicha promesa no convenció a los representantes de los beneficiarios de MUFACE, especialmente a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios».
Así, tras liderar movilizaciones por todo el país el 11 de noviembre, presentaron al Defensor del Pueblo el 10 de diciembre «centenares de quejas por retrasos, anulaciones y suspensiones de citas médicas» y convocaron una nueva manifestación el 14 de diciembre para asegurar la protección de la sanidad de los funcionarios y sus familias, así como defender su derecho a la atención sanitaria.
