El Gobierno cántabro quiere construir cerca de 300 viviendas de alquiler social

El Gobierno de Cantabria (PP) tiene previsto construir esta legislatura cerca de 300 viviendas para alquiler social, ya que a la primera fase de su plan -que ya había anunciado- con 171 viviendas se sumará otro centenar en una segunda fase que «ya esta prevista».

Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Roberto Media, que no ha detallado cuáles serán los municipios que se sumarán al plan de viviendas, del que hasta ahora se conoce que forman parte Reinosa, Polanco, Santoña, Torrelavega, Laredo, Santillana del Mar, Piélagos y Marina de Cudeyo.

Además de impulsar la vivienda social, el Gobierno regional va a lanzar un nuevo proyecto de Ley de Vivienda que presentará «el año que viene» al Parlamento, y con el que pretende «dar soluciones» a problemas como la okupación, defendiendo «a los propietarios por encima de los okupas».

Media ha hecho estas afirmaciones en respuesta a preguntas que le ha formulado el PSOE sobre sus planes en materia de vivienda, ya que el partido cuestiona asuntos como que se apueste por construir nuevos inmuebles en lugar de fomentar la rehabilitación y dar salida a la vivienda vacía.

En este sentido, el consejero ha aclarado que la ley que «ya está elaborándose» será integral y también contempla la rehabilitación y regeneración urbana, así como «todas las necesidades que tiene en este momento la población».

Además, uno de sus objetivos es retomar el Plan Moviva del anterior Gobierno, cuyo fin era fomentar que las viviendas deshabitadas se pongan en alquiler, aunque mejorándolo porque «el suyo no fiuncionó mucho», pues solo se acogieron a él «siete viviendas» en toda la legislatura».

«A nosotros sí nos importan los ciudadanos y sus dificultades para acceder a una vivienda digna y lo estamos demostrando con creces con todas las medidas que hemos ido tomando en estos siete meses de legislatura. Sin embargo, a ustedes poco les importó este asunto en los últimos años», ha replicado Media al PSOE, destacando que cuando tuvo las competencias de Vivienda en los últimos años no construyó «ni una vivienda» social.

De hecho, ha criticado que la exconsejera Eugenia Gómez de Diego, ahora delegada del Gobierno en Cantabria, iba a «perder» 15 millones de euros procedentes de fondos europeos para viviendas sociales por no ponerlas en marcha.

La socialista Norak Cruz, que ha sido la diputada que ha formulado las preguntas al titular de Fomento, ha cuestionado el plan tiene el PP para las esas nuevas viviendas a largo plazo, apuntando a la posibilidad de que se utilice la vivienda pública «como negocio».

«No sabemos si ocurrirá en Cantabria lo mismo que ocurrió en Madrid, donde este parque de vivienda pública, o parte de él, ha sido vendido a bancos, sociedades gestoras o entidades de diversa índole, ninguna de ellas caritativa desde luego», ha sentenciado, subrayando que hay 28.000 viviendas vacías en Cantabria que necesitan de una intervención pública para lograr que se pongan en alquiler.

Además, ha incidido en que es «imprescindible que los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y accesible». «Mientras eso no suceda, usted está fracasando», le ha dicho al consejero.

Éste ha respondido que «las que ha hecho el Partido Socialista no podemos venderlas, porque no las hay», y ha considerado por ello que el «fracasado es su partido» y «su dirigente», Pablo Zuloaga.

Antes que Media han intervenido en el Pleno los consejeros de Presidencia y de Industria, Isabel Urrutia y Eduardo Arasti, respectivamente.

LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Urrutia, que también es titular del área de Simplificación Administrativa, ha respondido a preguntas de Vox por los plazos y la ley que el Gobierno va a elaborar para reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos, que ha señalado que se llevará a la Cámara «en el próximo periodo de sesiones».

No obstante, y dado que el diputado Cristóbal Palacio ha preguntando «en qué medida ha ido avanzando el proceso de simplificación administrativa en los últimos meses», la consejera ha explicado que su plan «no tiene fecha de caducidad» sino que consiste en «una forma distinta de gobernar» y es «un proyecto a corto, medio y largo plazo».

«No se empieza en julio y acaba en febrero», «es una implementación permanente», ha incidido, explicando que consiste en ser, desde la administración, un «aliado» de los empresarios, la industria, los ganaderos o los ciudadanos en general, en lugar de «un muro contra el que luchar».

Como ha recordado, el Gobierno ha llamado a varios sectores implicados para elaborar conjuntamente una norma que quieren que esté aprobada «cuanto antes», y que incluya medidas como reducción de tiempos de resolución y de cargas administrativas. También ha dicho que estarán «encantados» si reciben propuestas de los grupos políticos.

El diputado de Vox ha garantizado su voto para una ley que simplifique los procedimientos administrativos en Cantabria, si bien la consejera le ha pedido que lo cumpla «con hechos», pues ha lamentado que ya han votado en contra de otras medidas de simplificación como las modificaciones que se hicieron en algunas normas a través de la ‘Ley de acompañamiento’ aprobada junto a los presupuestos.

Finalmente, el consejero de Industria ha intervenido en la sesión para dar respuesta a preguntas formuladas por el PRC acerca de Sidenor.

El diputado regionalista y exconsejero del área, Javier López Marcano, ha alertado de que la fábrica «necesita ayuda» ya que «están en juego» 100 millones de euros del PERTE de descarbonización que «se pueden ir» a la planta de Azcoitia (Guipúzcoa) o quedarse en Reinosa, ante lo que Arasti ha asegurado que «el Gobierno está trabajando para que esa inversión se quede naturalmente en Cantabria».

«Están fuera del radio de acción del Gobierno de Cantabria, pero en lo que al Gobierno le compete no le quede la menor duda de que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos», ha asegurado.