El Gobierno cántabro ultima su rebaja fiscal y los Presupuestos Generales de Cantabria
El Gobierno cántabro «ultima» la rebaja fiscal que anunció que pondría en marcha para las rentas las rentas inferiores a los 35.000 euros, así como los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2023, con el objetivo de que lleguen al Parlamento «en tiempo y forma».
Así lo ha dicho este jueves el vicepresidente cántabro y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga (PSOE), que a preguntas de la prensa por las cuentas dado que deberían remitirse a la Cámara antes del 31 de octubre, se ha limitado a señalar que se están ultimando antes de llevarse al Parlamento y «próximamente» será la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, quien dé «todos los detalles» acerca de la reforma fiscal y los PGE.
«Sabéis cómo es el trabajo de la elaboración de la ley de presupuestos, extenuante, se trabaja hasta el minuto hábil antes de la presentación para garantizar que las cuentas lleguen en tiempo y forma, por lo tanto será la propia consejera de Economía que dé las explicaciones de la propuesta fiscal de Cantabria», ha respondido el vicepresidente tras la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno de este jueves.
CONSEJO DE MEMORIA HISTÓRICA
Por otro lado, tras anunciar ayer la apertura del plazo de consulta pública de la norma que regulará la organización y funcionamiento del Consejo que asesorará al Gobierno en la aplicación de esta Ley de Memoria Histórica, Zuloaga ha explicado que será un «ente independiente que es absolutamente necesario» para garantizar el cumplimiento de esta norma.
Cuestionado sobre este Consejo, ha dicho que servirá para «blindar los derechos de las víctimas de la persecución franquista» y generará una serie de obligaciones a los ayuntamientos e instituciones públicas.
En concreto, será un órgano consultor para le Gobierno a la hora de desarrollar y hacer un seguimiento de las medidas que tengan que ver con el cumplimiento de la Ley de Memoria.
Por ello, para Zuloaga, de cuya Consejería depende la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoría Histórica, supone «pasar de las palabras a los hechos», después de que «nos hemos dotado de una ley compleja en su tramitación en el Gobierno de Cantabria».
