El Gobierno concede a Cantabria 3 millones para paliar los daños de las inundaciones de finales de 2021

El Gobierno de España destinará a Cantabria más de 3 millones de euros en ayudas (3.075.269,35 euros en concreto) para cubrir parte de los daños ocasionados por las inundaciones que sufrieron varios municipios de la comunidad autónoma a finales de 2021.

En el caso de Cantabria, esta subvención se distribuirá entre una quincena de ayuntamientos (Soba, Alfoz de Lloredo, Corvera de Toranzo, Miengo, Molledo, Arredondo, Santiurde de Toranzo, Liérganes, Valle de Villaverde, Los Tojos, Ramales de la Victoria, Hermandad de Campoo de Suso, Reocín, Ampuero, Penagos) y el propio Gobierno de Cantabria, según ha precisado en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Cantabria. Con esta cantidad, el Ejecutivo central asume el 50% de los gastos.

Tras suceder dichas inundaciones, a finales de noviembre de 2021, el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados hicieron una estimación de unos 7 millones de euros, con lo cual con los más de 3 concedidos se acerca a cubrir el 50% de los daños.

El Ejecutivo regional y esos ayuntamientos adelantaron el dinero para llevar a cabo las actuaciones de arreglo y reparación de los daños causados por las inundaciones y ahora recibirán esos 3 millones del Estado. Ahora, aproximadamente, un millón del dinero del Estado irá para el Gobierno regional y el resto para los municipios.

La cantidad aprobada por el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, para Cantabria forma parte del total de más de 24,4 millones de euros que el Gobierno destina a nueve comunidades autónomas como parte del acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de diciembre de 2021 por el que se declaraba a varias comunidades ‘Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil’, como consecuencia de inundaciones, incendios y otros fenómenos de distinta naturaleza.

MAYOR AGILIDAD A LA HORA DE RESOLVER LAS AYUDAS

La concesión de estos 3 millones a Cantabria por los daños ocasionados por las inundaciones de finales del año pasado ha sido uno de los temas abordados este miércoles en la reunión que han mantenido el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González, con las consejeras Paula Fernández (PRC) y Ana Belén Álvarez (PSOE).

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación tras la reunión mantenida en la sede del Ejecutivo cántabro tanto el secretario de Estado como la consejera de Presidencia han puesto en valor y se han mostrado satisfechos por el hecho de que las ayudas se hayan tramitado con una rapidez mucho mayor que en anteriores ocasiones.

González ha explicado que la resolución de estas ayudas «se han producido en un tiempo récord», «el más breve de los últimos 10 ó 15 años». Y es que, según ha detallado, la misma se ha producido solo ocho meses desde la declaración de zona afectada gravemente por una situación catastrófica hasta que se ha aprobado la concesión de las mimas a los territorios afectados, que se materializará en «cuestión de días o semanas», una vez se cubran «los últimos trámites administrativos» que están «automatizados».

El secretario de Estado de Política Territorial ha señalado que lo ocurrido en este caso «contrasta» con otros anteriores, en los que los plazos de tramitación se alargaron «más de dos años, 26 ó 27 meses» entre 2015 y 2017, con el PP en el Gobierno.

«Sabemos que plazos de ocho meses todavía tienen un margen de mejora y el compromiso y la intención del Gobierno es apurar más los tiempos para que estas ayudas lleguen lo antes posible porque si importante es prevenir ante situaciones catastróficas, si importante es paliar los daños cuando se produce la emergencia, también lo es ser ágiles en la resolución de las ayudas para que los ciudadanos puedan volver a la normalidad una vez que se producen estas situaciones», ha apuntado González, que cree que el Gobierno ha dado «un paso muy importante en esta línea».

La consejera de Presidencia ha reconocido que el «esfuerzo» realizado por el Estado para resolver la concesión de las ayudas en esos ocho meses ha sido «importante» y lo ha agradecido.

Fernández ha señalado que Cantabria ha sido «reivindicativa» a la hora de reclamar que había la tramitación de las ayudas de este tipo «no podían demorarse dos años y medio» como ocurrió con las dirigidas a paliar los daños de las sufridas en 2015 por la comarca de Campoo y era preciso «acortar los plazos».

Ahora, una vez resueltas las ayudas, ha explicado que el Gobierno de Cantabria se pondrá desde hoy mismo en contacto con los ayuntamientos para poder hacer la justificación del gasto realizado «en el menor tiempo posible» y recibir esos 3 millones de euros.

Estas subvenciones fueron convocadas por el Gobierno de España en abril de este año para la reparación de daños en infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno realizaron las comprobaciones correspondientes y remitieron al Ministerio de Política Territorial los proyectos susceptibles de recibir subvención.

Culminada toda la tramitación del procedimiento, el Ministerio de Política Territorial ha publicado ahora las subvenciones que recibirá cada entidad local afectada en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Principado de Asturias.

El Ministerio de Política Territorial ha destinado desde 2015 y hasta la actualidad un total de 707.694.947,62 euros en convocatorias de subvenciones dirigidas a las entidades locales para reparar los daños producidos por catástrofes naturales en infraestructuras municipales o red viaria provincial e insular.

El año 2021 (se pagarán en los ejercicios 2022, 2023 y 2024) es en el que efectuaron convocatorias por mayor importe, más de 297 millones de euros, para reparar los daños por catástrofes a las entidades locales, seguido de 2019, con más de 164 millones.