El Gobierno de Cantabria prepara una ayuda de 130.000 euros para familias afectadas por COVID-19

El Gobierno de Cantabria aprobará este mes una ayuda extraordinaria de 130.000 euros para reforzar la atención a familias vulnerables afectadas por el COVID-19.

Así lo ha anunciado el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), durante la reunión mantenida con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno central, Ernesto Gasco, en la que también ha estado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, la también socialista Ana Belén Álvarez, y representantes de las entidades del Tercer Sector en la comunidad, que son las que gestionarán esta nueva ayuda.

Está siendo tramitada a través de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, se articulará en un nuevo decreto y prevé ayudas extraordinarias por valor de 130.000 euros destinada a entidades sociales que atiendan a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social con el objetivo de tratar de paliar los efectos de la COVID-19.

Este nuevo decreto se sumará a otras partidas aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno, como los 200.000 euros para apoyar la labor de la Cocina Económica o los 37.000 euros para los programas de Cáritas dirigidos a menores en situación de riesgo.

Zuloaga ha asegurado que el Ejecutivo cántabro es «consciente» de los efectos provocados por el COVID-19 en las familias, sobre todo en aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y que, según ha dicho, se ha reflejado en un incremento de las solicitudes de ayuda a los Servicios Sociales, tanto de Atención Primaria como en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, así como a través de las
entidades del Tercer Sector.

En este sentido, ha indicado que en junio se alcanzó el «mayor pico» de perceptores de Renta Social Básica, con un total de 5.998 beneficiarios, «una cifra que supone un incremento de 650 más que a comienzos del año».

También en relación con la RSB, el vicepresidente regional ha puesto en valor la prestación complementaria impulsada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para las familias perceptoras con menores a su cargo, que con un importe de 75 euros por menor durante un período de seis meses, se han beneficiado más de 2.000 familias
(2.081 familias) y 3.500 menores.

En el ámbito de estas ayudas, ha mencionado el Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno de España, que, según ha indicado, ya están percibiendo algo más de 1.000 familias de Cantabria.

Con la RSB o con el Ingreso Mínimo Vital ya son 6.800 las familias que perciben alguna de estas dos ayudas.

«Invertir en erradicar la pobreza infantil es la mejor garantía para que Cantabria sea una tierra de futuro para todos y todas», ha señalado Zuloaga.

Además, en la reunión, se ha puesto de manifiesto que la pobreza se está «cronificando» y «se hereda en las familias», pasando de una generación a otra.

Zuloaga ha defendido la necesidad de desarrollar políticas públicas para que la igualdad de oportunidades sea una realidad para los jóvenes y para las familias.

Junto a las medidas para acabar con la brecha de pobreza, además de aquellas vinculadas a la economía de las familias más desfavorecidas, Zuloaga ha defendido como claves «una educación de calidad y la garantía sanitaria y en los itinerarios formativos de la formación profesional y la universidad».

Compromiso de Cantabria

Por su parte, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno central ha cifrado en 2,5 millones el número de menores en situación de pobreza en España, lo que representa más de un 26% y que sitúan al país en los primeros lugares de la Unión Europea.

Gasco ha considerado esta posición como una «indignidad» ya que, a su juicio, «un país social y económicamente desarrollado «no se puede permitir estas bolsas de desigualdad tan terribles» y que, según ha reconocido, «dificultan el futuro de España, por la pérdida de talento y de igualdad de oportunidades que suponen para quien más lo necesita».

Además, ha puesto en valor el esfuerzo y el trabajo del Gobierno de Cantabria para impulsar la formación entre los técnicos de la Administración en la lucha contra la pobreza infantil, una iniciativa que, según ha opinado, muestra el compromiso del Ejecutivo con los que menos tienen.

Sobre la situación de la COVID-19, el Alto Comisionado ha indicado que esta pandemia ha «acentuado» los efectos de la pobreza infantil en España, refiriéndose a los efectos de la brecha digital en el ámbito educativo y en las actividades extraescolares, formativas, culturales,
recreativas y deportivas.

En la reunión celebrada esta mañana también han participado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora; y el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS, Jaime Pría.

Además, han asistido representantes de la Asociación Nuevo Futuro, Cruz Roja, Plataforma Romanes, Cáritas y Cantabria Acoge.

Precisamente, el ICASS cuenta con un convenio con la Asociación Cantabria Acoge, Cruz Roja, Nuevo Futuro y Plataforma Romanes para financiar programas de atención a la infancia en situaciones de
riesgo de exclusión social que abarcan desde la atención a las necesidades básicas de alimentación a la puesta en marcha de un centro de día o la promoción del éxito escolar.

Durante el ejercicio 2020, estos programas han recibido 161.200 euros sufragados con fondos provenientes del Gobierno de España.