El Gobierno le pedirá al Estado la cesión del polígono de Reinosa

El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno regional a negociar con la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES) la cesión a la comunidad autónoma del polígono La Vega de Reinosa para «reactivar su funcionamiento y optimizar su gestión» y poder así atraer empresas y generar empleo «de calidad» y «estable», una iniciativa que ha salido adelante con el voto del PRC, PP y Cs y la abstención del PSOE y Vox.

Este asunto ha hecho discrepar de nuevo en el Pleno a los dos socios de Gobierno –PRC y PSOE– y que los regionalistas hayan tenido que apoyarse de nuevo en la oposición (en este caso en parte de ella), y no en sus compañeros del Ejecutivo, para sacar adelante una iniciativa, algo que ya ocurrió hace algunas sesiones con una propuesta sobre la ‘ley Celaá’.

En este caso, el PRC ha argumentado la necesidad de esta cesión a la vista de la «atonía» y «pasividad», que, a su juicio, muestra el SEPES a la hora de gestionar este polígono y también de mantenerlo ya que, según el diputado regionalista y alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, muestra un estado «deplorable».

Además, ha señalado que, en comparación con otros polígonos cercanos, como el de Aguilar de Campoo (Palencia), el de La Vega el precio de las parcelas es más caro, las condiciones de financiación son menos ventajosas y el sistema de adjudicación es «poco ágil» y «sin criterio», no teniendo en cuenta el volumen de empleo.

Según el PRC, este polígono, construido en 1989 por SEPES, se encuentra a día de hoy «infrautilizado», con una ocupación que, según ha dicho, ronda el 50% y ello pese a estar localizado en un «lugar estratégico».

Ha indicado que el SEPES, en estos tres últimos años, ha optado, «sin éxito alguno, a la enajenación mediante procedimiento abierto por concurso de las 40 parcelas que tiene actualmente disponibles, que suman más de 46.000 metros cuadrados». Además, según ha señalado, hay muchas parcelas vendidas que no han cumplido con la inicial obligación de edificar y carecen de actividad.

Por todo ello, cree que el Gobierno regional debería negociar con SEPES la cesión de este polígono para «agilizar y optimizar» su gestión y atraer empresas que generen empleo, algo que, según ha señalado Barrio, Reinosa y la comarca de Campoo precisa. «La solución pasa por generar nuevo suelo industrial», ha insistido Barrio.

El PSOE ha coincidido con el PRC en que la situación de Campoo y de Reinosa «no es la que le gustaría a nadie» y en que el polígono La Vega tendría que ser un «polo de atracción» de empresas, si bien no cree que esta situación se deba a una «atonía» por parte de SEPES como dicen los regionalistas sino a que la situación «es la que es».

«No es que el SEPES esté cruzado de brazos», ha afirmado el diputado socialista Javier García-Oliva, que ha señalado que esta entidad estatal está tratando de vender y promocionar estas parcelas. De hecho, ha señalado que en el último proceso de adjudicación se han vendido cuatro parcelas, una de ellas de más de 6.000 metros cuadrados a una empresa de transportes.

Además, los socialistas ven «difícil» que, a la vista de la normativa estatal y europea, SEPES pueda ceder «a precio cero» el polígono al Gobierno regional cuando su construcción y mantenimiento ha tenido un coste sufragado con fondos del Estado.

Por ello, cree que lo que debería de hacer el Gobierno regional es negociar con el SEPES su adquisición «en las mejores condiciones posibles». Así, lo planteaba en una enmienda de modificación a la iniciativa del PRC, que sin embargo, sus socios no han aceptado con lo que el PSOE se ha abstenido.

Por su parte, PP y Cs han votado a favor pese a que varios han coincidido en que es «innecesario» que el Parlamento de Cantabria dé su visto bueno para que el Gobierno regional inicie una negociación con SEPES.

«¿Qué es lo que les han impedido hacer esta negociación hace 5 años?», ha preguntado el diputado del PP Roberto Media, que cree que la iniciativa que se va a aprobar es una «cortina de humo» que, a su juicio, «no va a tapar el desinterés del Gobierno de Cantabria» por generar actividad industrial.

Por su parte, la formación naranja cree que el consejero de Industria, Francisco Martín, «solo habla» de crear suelo industrial pero no ha avanzado «prácticamente nada» en los últimos años en relación a proyectos anunciados, como los polígonos de las Excavadas o La Hilera en Torrelavega o el de la Pasiega (Piélagos).

Y Vox ve «sorprendente» que el PRC pretenda que SICAN gestione un polígono más cuando, a su juicio, «no es capaz» del mantenimiento de los que ya son de su competencia.

También se ha preguntado por qué el PRC no incluyó la cesión de este polígono en el compromiso que suscribió con el PSOE a nivel nacional y se ha cuestionado por qué el diputado regionalista en el Congreso de los Diputados, José María Mazón, no lo ha reclamado en la Cámara Baja o lo ha introducido en sus condiciones al Gobierno central para dar su aprobación a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Vuelta Ostrera

Por otro lado, Cantabria ha pedido que la depuradora de Vuelta Ostrera, sobre la que pesa sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo desde hace catorce años, se mantenga en su actual ubicación, en Suances, y que el Ministerio dedique la cuantía prevista para el derribo y construcción de una nueva estación a actuaciones de mejora medioambiental.

Así se desprende de una moción presentada por el grupo mixto-Vox, y enmendada por el PRC, aprobada por mayoría de todos los partidos menos el PSOE, que ha votado en contra.

La iniciativa original ha sido defendida por el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que ha apostado por evitar el derribo de la depuradora en base a un instrumento jurídico según el cual el demandado -el Estado- y la demandante -Arca- pueden pactar la forma de ejecutar un fallo de forma alternativa a la resolución en sí.

Ha indicado al respecto que «el balón está en el tejado» de la asociación ecologista, que denunció el emplazamiento de Vuelta Ostrera que desembocó en la orden de demolición.

En el texto aprobado, enmendado por los regionalistas, se propone que el Gobierno cántabro inste al Ejecutivo central a plantear una mediación intrajudicial dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, y a la demandante que acuda a la misma «de buena fe», en defensa de los intereses de la región y permita una alternativa.

El fin es mantener la actual estación depuradora de aguas residuales y dedicar la cuantía del derribo y construcción de una nueva a mejoras medioambiantales, para «no malgastar el dinero con la que está cayendo», ha argumentado Palacio.

La diputada del PRC y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha reconocido que sería la «mejor» opción, pero ha recordado que el planteamiento de Vox no es una «novedad», pues ya se ha propuesto esta fórmula y ha sido rechazada por Arca, que siempre ha sido «clara» en favor del cumplimiento de la sentencia y «se mantienen en lo mismo». Aun así, «hay que intentarlo».

Desde el PSOE, Javier García Oliva ve el debate una «reedición del Día de la Marmota» después de catorce años «dando vueltas sobre el mismo eje» para buscar la forma de no acatar el fallo. «Más claro el agua, hay que cumplir la sentencia», ha zanjado.

Por el PP, el parlamentario Roberto Media espera que impere el «sentido común» esta vez pues la solución planteada es también la «mejor» a la que se puede llegar.

Y el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha dicho que aunque las sentencias están para «cumplirse» espera llegar a un acuerdo y evitar que se ejecute en los términos planteados, aunque no cree por «cómo están los bolos pinados», en referencia a Arca.