El Gobierno se opone a la puesta en libertad del jefe de Carreteras

El Gobierno de Cantabria se ha opuesto al recurso presentado por la defensa para pedir la puesta en libertad del jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas encarcelado por las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos a varias empresas, según ha confirmado este miércoles el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla.

«Nos hemos personado en la causa, hemos pedido que no se le suelte de la cárcel», y «los jueces son los que tienen que decidir», ha manifestado Revilla a preguntas de la prensa tras conocerse la paralización por parte de la Consejería de Obras Públicas de todos los contratos en los que participan las empresas implicadas en la trama –Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina–.

A pesar de esta decisión que hasta ahora el Gobierno no había anunciado, Revilla ha asegurado que no ha habido «ningún cambio de criterio» respecto a la gestión de esos contratos.

«Nosotros no hacemos ningún cambio de criterio, nosotros vamos a lo nuestro, al trabajo diario de Obras Públicas. Lo que pedimos es que los jueces hagan el suyo», ha asegurado, recordando que el Ejecutivo se personó en la causa como acusación particular y que ahora ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa contra el auto por el que el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander envió el 24 de febrero a prisión provisional comunicada y sin fianza al funcionario considerado como el supuesto cabecilla de la trama, Miguel Ángel Díez.

Revilla ha destacado que la voluntad del Ejecutivo es seguir con el «trabajo diario de hacer obras» a pesar de la presunta trama de corrupción que afecta a la Consejería, porque «aquí no ha pasado nada más que un presunto chorizo y alguna empresa han hecho unas actuaciones impresentables en lo que es una transparencia absoluta de un Gobierno que no tiene a ningún político implicado en nada».

Así, pide que «los jueces hagan su trabajo con la diligencia que es exigible en estos casos, que seguro que van a hacer», mientras desde el Gobierno se cumplirá con las disposiciones judiciales, «como no cabe otra manera».

Y preguntado por la persona que ocupará la Consejería de Obras Públicas tras la dimisión de José Luis Gochicoa debido a esta trama, el presidente ha confirmado que ya ha decidido quien será el nuevo titular, aunque rechaza anunciarlo todavía.

«Dentro de poco habrá una nueva persona que se haga cargo», ha dicho. Mientras tanto, sigue al frente de este departamento la consejera Paula Fernández, que «conoce muy bien la Consejería» y ya la ocupó durante unos tres meses en 2020 cuando Gochicoa tuvo un accidente y estuvo de baja.

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios durante su visita a las obras de la carretera entre Viveda y Duález, donde precisamente ha estado acompañado por Paula Fernández como consejera de Obras Públicas en funciones.

DOBLE FIRMA DE EXPEDIENTES

También a preguntas de los medios por la fecha en la que comenzará a aplicarse el nuevo sistema que pretende implementar el Gobierno para aumentar el control en las contrataciones públicas, la doble firma de los expedientes, Fernández ha indicado que se trabajará «el tiempo que se necesite» hasta ponerlo en marcha, con el fin de alcanzar una guía de actuación que salga adelante «con rigor y unanimidad».

«Hay que trabajar con todo el rigor», ha apostillado este miércoles, después de celebrarse ayer una reunión con los secretarios generales de todas las consejerías, que están haciendo aportaciones.

«Estamos recogiendo todas esas explicaciones para hacer una guía que pretende tener mas control sobre todo lo que llega a las mesas de contratación» a través de esa doble firma por parte de los técnicos, también para «uniformar determinadas prácticas que unas consejerías estaban llevando a cabo y otras no lo hacían al mismo nivel», ha explicado.

Como ha indicado la consejera, en el Gobierno regional existen cuatro mesas de contratación, las de Presidencia, Sanidad, Educación y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).