El Icass saca a concurso un servicio de terapia asistida con perros
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ha sacado a concurso un servicio de terapia asistida con perros para los usuarios de los centros de atención a la dependencia (CAD) de Santander y de Sierrallana (Torrelavega) por un periodo de dos años, prorrogable otro año más, y un importe cercano a los 60.000 euros.
La previsión es que el servicio empiece a funcionar en el primer trimestre de 2023 con actividades que mejoren la salud física y mental de las personas en situación de dependencia y su estado de ánimo, ha informado el Gobierno en nota de prensa.
Según ha indicado la directora del ICASS, María Antonia Mora, se trata de un servicio especializado más de la cartera que ofrecen los centros públicos de Cantabria para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos centros.
En este caso, se incorpora esta terapia con perros que está demostrando «una gran utilidad» para aumentar el contacto y la relación en personas que, incluso, rehúyen las relaciones interpersonales. «Son muchas las personas mayores que entablan relaciones excelentes con los cánidos, hablan con ellos y continúan con esa buena disposición durante el resto del día», ha explicado.
La directora ha indicado que desde el ICASS siguen trabajando para «fortalecer» los servicios públicos y la atención a la autonomía de las personas y las situaciones de dependencia. Así, se trata de «mejorar la prestación de servicios y poder tener la oportunidad de que, con actividades más novedosas, como puede ser la terapia con perros, se mejore la salud de las personas dependientes».
UN AMBIENTE DE HOGAR
En este sentido, desde el Ejecutivo se ha destacado que la normativa autonómica, aprobada el año pasado para los centros de la dependencia, «avanza hacia un modelo de atención más personalizado para favorecer un ambiente lo más parecido a un hogar» y contempla que los centros residenciales se estructuren en módulos de convivencia de 30 personas como máximo, con espacios zonificados que guarden una relación directa con los distintos tipos de actividad que se llevan a cabo en ellos.
«El objetivo es que las personas usuarias reciban los servicios con un elevado nivel de seguridad, confort y calidad en la atención y que se protejan de forma eficaz los derechos que les asisten», ha recalcado.
Se trata, en definitiva, «de minimizar los efectos negativos de la institucionalización y que la atención se pueda centrar mejor en las necesidades de cada persona usuaria y en los aspectos convivenciales y comunitarios del centro».
