El ICASST se convertirá en una dirección general

El Gobierno de Cantabria seguirá la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de reducir el número de organismos autónomos y comenzará por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que se suprimirá y pasará a ser una dirección general, aunque «sin merma de sus competencias».

«Vamos a empezar por lo pequeño», ha anunciado este miércoles el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, consciente de que reducir estos organismos –«quedan otros cuatro»– es «un reto grande», pero apostando por cumplir las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y la AIReF «que están encima de la mesa, que escuecen y que hay que darles respuesta».

Agüeros ha sido el primero de los consejeros del Gobierno cántabro (PP) en comparecer en el Parlamento para informar de los proyectos que tienen para esta legislatura. Dutante su segundo turno de intervención, ha hecho este anuncio tras escuchar la postura de las portavoces de PRC y PSOE, que han cuestionado la rebaja de impuestos que tienen preparada los ‘populares’ y le han preguntado si para elaborarla han tenido en cuenta las recomendaciones hechas por la AIReF y la Comisión Europea a las comunidades autónomas de evitar reducciones de ingresos e incrementos de gasto.

Algo a lo que el consejero ha respondido afirmativamente, asegurando que en la elaboración de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2024 se está trabajando «con prudencia» y en base a «no incrementar la deuda», e incluso reducirla, a pesar de que «vamos a tener que pagarla a precios elevados», por lo que tratarán de no dejársela al próximo Gobierno en el mismo nivel que la han recibido.

No obstante, ha dicho que la situación real de la economía cántabra que hereda el Ejecutivo del PP «no es mala; ha sido peor en otras ocasiones. No me duelen prendas reconocerlo», ha sentenciado.

Agüeros ha avanzado que la reforma fiscal «afectará a la práctica totalidad de contribuyentes» e incluye una reducción de tributos en municipios rurales que han demandado también alcaldes regionalistas y socialistas.

En este sentido, ha asegurado que las medidas que van a impulsar son «razonables» teniendo en cuenta que Cantabria tiene «una de las mayores cargas fiscales» del país, y que el empresariado prefiere instalarse en otras comunidades porque es más rentable.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, presentará mañana públicamente esta reforma fiscal, algo ante lo que se han quejado los portavoces de los grupos de la Cámara, que han lamentado que no se haya dado a conocer primero al Parlamento.

FINANCIACION AUTONÓMICA

Otro de los puntos que más se ha debatido en la comparecencia ha sido la posible reforma de la financiación autonómica que se plantea a nivel nacional, ante la que los portavoces de PRC, PSOE y Vox han pedido al PP que siga defendiendo que se mantenga el reparto como en la actualidad en base al coste real de los servicios y no en función de la cantidad de población, ya que eso perjudicaría a Cantabria.

El consejero ha confirmado que lo hará, si bien ha advertido que dependerá «de los diputados que nos representen en Madrid en su día, porque a lo mejor algunos votan lo que les manden sus respectivos, como ha pasado con el lobo».

Por otro lado, el titular de Economía ha repasado las líneas de fondos europeos y ha confirmado que –como han pedido los grupos– se informará trimestralmente al Parlamento de su grado de ejecución y también en tiempo real a través de una web que está previsto habilitar.

Otros de los objetivos marcados por su departamento para esta legislatura son simplificar los trámites a los contribuyentes desde la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y conseguir que se reduzca el fraude fiscal, así como actualizar la web del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) –donde ha habido un refuerzo de personal– para hacerla más accesible.

El consejero ha apelado al «espíritu de consenso y diálogo» a los grupos y ha ofrecido «colaboración total» para abordar los proyectos de su departamento.

Desde PRC y PSOE, las portavoces han cuestionado que sea posible cumplir todos los objetivos que se ha marcado el Gobierno, que pretende reducir deuda, bajar impuestos y a su vez aumentar la dotación económica de áreas como Sanidad y Educación y mejorar los servicios públicos.

La regionalista Paula Fernández ha criticado la «carrera» por la bajada de impuestos que están llevando a cabo algunas comunidades y ha lamentado que el nuevo Gobierno ha nombrado al mismo número de altos cargos que el anterior (PRC-PSOE) a pesar de que criticaba que eran demasiados –si bien el consejero ha dicho que son «alguno menos»–.

Igualmente, la diputada socialista Ana Belen Álvarez, que fue consejera de Economía la pasada legislatura, ha advertido que a economía vive momentos «de cierta inestabilidad» y que la deuda «se va a tener que pagar más cara los próximos años». Por ello, ha dicho que «no es capaz de entender» cómo van a cumplir los objetivos anunciados, aunque les ha deseado «lo mejor». «Si a ustedes les va bien, a los cántabros les irá bien».

Desde Vox, Cristóbal Palacio ha pedido un mayor control en la ejecución de los fondos europeos. En este sentido, el consejero ha reconocido que hasta ahora ha habido «falta de coordinación» entre las consejerías, ya que unas los han ejecutado bien y «otras no».

Finalmente, el diputado ‘popular’ Carlos Caramés ha defendido que Cantabria debe tener una presión fiscal «justa» y reducir los impuestos «todo lo que se pueda», ya que a su juicio eso no supone empeorar la calidad de los servicios publicos.