El juez archiva la denuncia de Santander a Ascan por apropiación de maquinaria y contenedores
El titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander ha archivado la denuncia del Ayuntamiento contra Ascan-Geaser por presunta apropiación indebida de materiales -vehículos, maquinaria y contenedores- interpuesta a raíz de la rescisión del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de la ciudad a esta Unión Temporal de Empresas, por supuestos incumplimientos del mismo.
«No se ha justificado la existencia de ningún tipo de apropiación indebida, no resultando debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», concluye el magistrado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la misma.
Según el juez, «de lo actuado parece evidente que la intención de la entidad UTE ‘Cuida Santander’ (Ascan-Geaser) no era propiamente la de apoderarse de la maquinaria e incorporarse la misma a su patrimonio», pese a que el pliego del contrato -apunta- contemplaba que a su término el Consistorio fuera propietario en exclusiva de todos el material cuya amortización haya corrido a cargo del mismo.
En la resolución, dictada el martes 13 de septiembre y que admite recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en los cinco siguientes a la notificación, el magistrado subraya dicha cláusula de reversión porque «parece estar condicionada a la previa amortización por parte del Ayuntamiento de dichos medios materiales».
Pero recuerda al respecto los acuerdos del Consistorio adoptados el 11 y 12 de octubre de 2021 por los que se resolvió de forma anticipada el contrato con la UTE y se declaraba la situación de emergencia para adjudicar la prestación del servicio a otra empresa.
Los mismos, añade, determinaban que la reversión se debía producir en fecha 11 de noviembre -coincidiendo con la rescisión del contrato a Ascan-Geaser- y «sin esperar a que el Ayuntamiento abonara tal coste o incluso sin esperar a que este fuera calculado, siquiera provisionalmente».
Al hilo, apunta que cuando desde su Juzgado se concedió, el 24 de noviembre, la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento -para que la Guardia Civil accediese con la Policía Local a la nave de la empresa e incautase vehículos y máquinas-, la administración local había acordado ya la celebración de un contrato menor para peritar la maquinaria adscrita al servicio, fechado el 19 de ese mes.
El objetivo del mismo era, según se señala en el auto, «garantizar que los bienes se encuentren en el estado de conservación y funcionamiento adecuado para que el servicio pueda seguirse prestando en los términos que acuerde la Administración».
De este modo, y según se desprende de distintos testimonios recabados en la causa, cuando se hizo efectiva la medida cautelar (25 de noviembre) ya se estaba comprobando el estado de la maquinaria para que pudiera revertir al Ayuntamiento en buenas condiciones.
Así, aunque admite «oposición» previa de la UTE a las labores de inspección, el juez considera «antitético acordar nueva designación de peritos para valorar el estado de la maquinaria como paso previo a su entrega para el buen funcionamiento del servicio con denunciar a los responsables de la UTE por apropiación indebida diciendo que se quieren apropiar definitivamente de la misma», algo que «desmiente» el que los días 24 y 25 las labores se ejecutasen «con normalidad».
Resalta además el magistrado que de manifestaciones como la del interventor del Ayuntamiento se desprende que «la propia UTE estaba dispuesta, aun sin esperar al resultado del expediente de liquidación, a día de hoy aún en trámite, a entregar la maquinaria».
Finalmente, respecto a los contenedores de aseo que también fueron retirados y trasladados de la sede de Ascan, el juez subraya que el propio interventor reconoce que fueron dejados por la contrata anterior, que Ascan presentó oferta por los mismos y se los quedó.
Por lo tanto, no estaban afectados por la cláusula de reversión y, de hecho, el en diciembre de 2019 el Consistorio había sancionado a la UTE por no retirarlos y sustituirlos por otros nuevos.
NO HAY NINGUNA APROPIACIÓN
Con todo, el juez no ve justificada la existencia de «ningún tipo de apropiación indebida» y archiva la causa, mientras no se pronuncia sobre el alzamiento de la medida cautelar pues «es obvio que el servicio público debe continuar prestándose por la nueva concesionaria», sin perjuicio de lo que se valore en el expediente de liquidación del contrato para fijar el coste de amortización pendiente.
Este auto, del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander, se suma a nueve sentencias dictadas en los últimos días por los órganos de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad, que han estimado en parte los recursos de la UTE tras las deducciones aplicadas por el Ayuntamiento en las facturas de varios meses por los supuestos incumplimientos.
Así, de momento, el Consistorio deberá devolver cerca de medio millón de euros a Ascán-Geaser, aunque los fallos no son firmes -se pueden recurrir- y están pendientes de resolverse otros nueve pleitos más por este mismo motivo.
