El juez autoriza el acceso a Ascan y la recuperación de la maquinaria y vehículos de recogida de basuras
El juez ha concedido las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Santander contra Ascan, anterior adjudicataria del servicio de basuras, y ha acordado el acceso al interior de la nave de la empresa de miembros de la Guardia Civil, auxiliados por Policía Local, para proceder a la incautación y puesta a disposición del Consistorio de la maquinaria y vehículos de recogida de basuras.
Así lo ha dictado el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, en un auto fechado ayer y contra el que cabe recurso, que ha concedido las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento en la denuncia que presentó el pasado 10 de noviembre contra Ascan.
En concreto, el Consistorio solicitó autorización para recuperar los bienes que constaban en el atestado de la Policía Local que se presentó junto con la denuncia ya que, según se argumentaba, estaban «afectos a un servicio público esencial que debe seguir prestándose por el Ayuntamiento de Santander en condiciones óptimas y con todas las garantías de calidad exigibles, a través del nuevo concesionario Cespa».
Doce días después, pidió ampliar la medida cautelar solicitando la inmediata entrega y puesta a disposición del Ayuntamiento de la totalidad de la maquinaria y vehículos que aparecía en el listado adjunto a la petición.
Oído el Ministerio Fiscal que no se ha opuesto a la medida cautelar, el juez se pronuncia ahora concediendo la misma, ya que «concurre un relevante interés público en su adopción habida cuenta de que esta afecta a un servicio público esencial» que el Ayuntamiento «está obligado» a prestar, para los que resulta «imprescindible la recuperación de los efectos supuestamente distraídos».
Por ello, sin perjuicio de lo que resulte en la posterior instrucción de la causa, señala el magistrado que procede conceder la autorización judicial para que efectivos de la Guardia Civil «puedan entrar y acceder al local» propiedad de Ascan «a fin de recuperar los bienes que constan documentados».
El auto señala que el Consistorio «ha acreditado debidamente la propiedad» de esos bienes, ya que el pliego de prescripciones técnicas del contrato señalaba que «transcurrido el periodo de duración de la contrata, el Ayuntamiento pasará a ser propietario en exclusiva de todos los medios materiales cuya amortización haya corrido a cargo del mismo».
Añade que acreditada así la «plena propiedad de todos los medios materiales afectados al servicio público, no cabe duda de que existen indicios de antijuricidad penal en la conducta de la contrata Ascan-Geaser, que se ha apropiado de elementos cuya propiedad habría revertido al Ayuntamiento y que estarían afectos a un servicio público, trasladándolos por la brava a sus propias instalaciones».
Finalmente, subraya que la privación por parte de la empresa de diversos contenedores de aseo urbano y de toda la maquinaria y vehículos con la que se presta el servicio de basuras, «hace que los efectos antijurídicos de su actuar no se proyecten solo respecto del patrimonio del Ayuntamiento, sino sobre un servicio público especialmente relevante o esencial para la ciudadanía».
«Siendo obvio que la finalidad del investigado puede no solo haber sido cometer un ilícito patrimonial sino entorpecer o dificultar gravemente la recogida de basuras, vaciando así de contenido el acuerdo del Ayuntamiento de 11 de octubre por el que se acordaba declarar resuelto el contrato administrativo por incumplimiento culpable del contratista», agrega.
Contra este auto cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el propio Juzgado de Instrucción 4, y también de apelación, en cinco días, ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
