El Juzgado de Instrucción número uno de Santander ha admitido a trámite la querella presentada por la Federación Cántabra del Taxi contra el director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Felipe Piña, candidato del PRC a la Alcaldía de Santander, por un delito de presunta prevaricación administrativa al no permitir la venta de una licencia de taxi en Cabezón de la Sal.

Contra esta resolución del Juzgado, dictada este lunes 24, cabe interponer un recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación, o un recurso de apelación en los cinco días siguientes.

La querella, presentada hace dos semanas, tiene como raíz una resolución dictada el pasado 21 de febrero por el regionalista en la que denegaba una autorización para la transmisión de una licencia de taxi de Cabezón de la Sal a uno de los asociados de la Federación por jubilación tras la jubilación del anterior titular.

En la sentencia, el querellante indica que en la resolución se justificaba la negativa afirmando que la autorización que se solicitaba no tiene encaje en ninguno de los supuestos que recoge la normativa, entre los que –decía– no se incluye la jubilación.

Sin embargo, se recalca que la ordenanza reguladora del servicio de autotaxi de Cabezón de la Sal –una norma «plenamente vigente y de plena aplicación», subrayan los taxistas– sí recoge como supuesto de transmisión de las licencias la jubilación.

La Federación del Taxi presentó la querella ya que sostiene que la Dirección General de Transportes «carece de competencias para entrar a juzgar la viabilidad de la transmisión de la autorización» e insiste en que ésta corresponde al ente local, y por tanto «carece de funciones jurisdiccionales para establecer a su mejor criterio la legalidad o no de una norma».

Además, argumentó que si Transportes entendiera que dicha ordenanza es contraria a la normativa estatal ha tenido «infinidad de momentos en los que hacer valer sus argumentos con anterioridad» al caso que ahora es objeto de la querella pero «nada se ha dicho cuestionando su ilegalidad».

De hecho, la Federación sostiene que han sido «múltiples» las licencias transmitidas al amparo de dicha ordenanza, todas ellas, hasta ahora, autorizadas por la Dirección General de Transportes.