El Parlamento cántabro insta a reducir el plazo para el reconocimiento de la discapacidad a tres meses

El Parlamento ha aprobado en su sesión de tarde de este lunes con los votos a favor del PRC, PSOE y Vox, y en contra de PP y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio, una Proposición No Ley (PNL) presentada por el grupo regionalista que insta al Gobierno a garantizar que la resolución de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad se realice en un plazo de tres meses, así como a agilizar la concesión de plazas residenciales para las personas dependientes, asegurando que el proceso se resuelva en un plazo inferior a dos meses desde la solicitud.

Además, la Cámara también insta al Ejecutivo a establecer mecanismos temporales de apoyo domiciliario que garanticen la atención adecuada a las personas dependientes mientras esperan la asignación de esa plaza residencial.

En la defensa de esta PNL, la regionalista Rosa Díaz ha comenzado su intervención lamentando que «una vez más» se hable en el Parlamento de la dependencia y la discapacidad a pesar de la aprobación de diferentes iniciativas de los grupos de la oposición.

Asimismo, ha incidido en que más de año y medio después de la llegada del PP al Gobierno las listas de espera «empeoran», debido a «una falta de planificación adecuada, a la escasez de personal sanitario en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y a la implementación deficiente de la nueva aplicación de la tecnología para el baremo del reconocimiento de discapacidad BAREDI».

Apoyándose en datos de informes de CERMI, la diputada ha asegurado que en Cantabria el sistema de reconocimiento del grado de discapacidad se encuentra en «colapso», afectando a 9.428 personas con tiempos de espera que, en la mayoría de los casos, alcanza los 19 meses, un plazo «desorbitado» puesto que les deja «sin derechos durante un tiempo muy prolongado».

«Nos plantamos en el ecuador de la legislatura sin resultados que pagan las familias que siguen a la espera de unos trámites y arreglándose cómo buenamente pueden para solventar la situación», ha sentenciado Díaz.

En cuanto a las plazas residenciales para personas dependientes, ha denunciado que hay un «incremento» en la demanda «sin que el Gobierno haya implementado mecanismos eficaces para su concesión en un tiempo razonable». A su juicio, esto ha generado una situación «insostenible» para muchas familias que «se ven obligadas a asumir cuidados sin un apoyo adecuado».

Por su parte, el grupo parlamentario Vox ha presentado una enmienda a la PNL, rechazada por el PRC, por la que se pedía que el plazo de resolución de los expedientes se amplíe de tres a seis meses, ya que, según ha señalado el diputado Armando Blanco, este tiempo «nos parecía demasiado optimista».

Igualmente, también ha lamentado que el Gobierno ‘popular’ «no haya cumplido» con la ley y los acuerdos aprobados por la Cámara en materia de dependencia –uno propuesto por Vox– y que «es decepcionante tener que pedir de nuevo que cumpla».

Mientras, desde el PSOE, la diputada Norak Cruz ha subrayado que a lo socialistas les hubiera gustado debatir por separado la discapacidad y la dependencia, sin embargo, ha hecho hincapié en que «entendemos la urgencia», por lo que han apoyado esta PNL dado que la situación actual es «insostenible».

Así, ha sostenido que casi 10.000 familias, en lugar de soluciones, «están recibiendo excusas y demoras inaceptables atrapadas en un atasco burocrático que les impide acceder a derechos y recursos esenciales».

Por último, el ‘popular’ Alejandro Liz ha afirmado que su formación se toma «muy en serio» todo lo relativo a la dependencia y a la discapacidad, y ha acusado a los regionalistas de mezclar ambos conceptos cuando son «dos procedimientos diferentes y regulados», así como de presentar una moción «alarmista y cuajada de errores y de inexactitudes». De este modo, ha defendido que el Gobierno cumple con los plazos legales.

PLAN DE CHOQUE

Por otra parte, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha defendido en la sesión el plan de choque presentado el viernes por su departamento que, ha recordado, incluye diez medidas con el fin de «agilizar» el reconocimiento y valoración de la discapacidad.

Entre ellas, ha mencionado la reunificación en el Centro de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (CAIF) de General Dávila de los equipos de valoración del grado de discapacidad que aumentarán en cinco más, lo que harán un total de diez, con diez efectivos nuevos –cinco fisioterapeutas y otros tanto trabajadores sociales–, así como busca la simplificación de las medidas administrativas favoreciendo los procedimientos telemáticos y que, aquellas valoraciones que sean posibles, se hagan por transcripción. Además, se realizarán campañas informativas.

Así lo ha recordado en respuesta a dos interpelaciones presentadas por los grupos del PSOE y de Vox, ambas relacionadas con las listas de espera del reconocimiento del grado de discapacidad.

Gómez del Río ha señalado que el «atasco» en el reconocimiento comenzó en abril de 2023 con la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno de España, que, entre otros aspectos, cambió los baremos. A pesar de ello, ha defendido que su departamento logró resolver el año pasado más del 94 por ciento de los expedientes.

«El Gobierno de Cantabria busca soluciones con trabajo, estudios y análisis», ha reivindicado frente, ha dicho, a las «ocurrencias» de los socialistas que «nos toca arreglar».

La diputada del PSOE Cruz ha recriminado a la consejera que «no puede seguir tirando balones fuera» y achacar al Gobierno central sus «deficiencias» en la tramitación del grado de discapacidad.

Igualmente, ha lamentado que la Ley de Simplificación Administrativa no contempla «absolutamente ninguna medida» para las personas con discapacidad o dependencia.

En este sentido, Blanco también ha profundizado en las medidas de simplificación administrativa recordando que «tenemos una buena oportunidad» con la tramitación de la Ley, para modificar los procedimientos que no son «eficaces» como, ha dicho, el de reconocimiento del grado de dependencia. «Tenemos que intentar avanzar en esta línea de una forma pragmática», ha solicitado.