El PP anuncia una simplificación de los trámites para obtener la Autorización Ambiental Integrada
El Gobierno de Cantabria (PP) tiene previsto modificar la Ley de Control Ambiental Integrado con el objetivo de simplificar los trámites burocráticos y eliminar las «duplicidades» que existen con la normativa estatal.
Para ello, partirá del anteproyecto que dejó redactado el Ejecutivo anterior (PRC-PSOE) pero introducirá «modificaciones» para tratar de recabar el apoyo de los colectivos afectados, según ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media.
Su intención también es reunirse en los próximos meses con los grupos parlamentarios, así como con asociaciones que han puesto de manifiesto las necesidades que tienen y que no recoge la ley.
Según Media, esa simplificación que se quiere realizar será buena para los técnicos que tienen que realizar informes, como los de impacto ambiental, así como para los ciudadanos y empresas que necesitan trámites de forma «más ágil».
Y es que, como ha señalado, la normativa estatal ha dejado «vetusta» la de Cantabria –la Ley 17/2006, de 11 de diciembre–, que cuenta con «redundancias innecesarias» que «no hacen más que dilatar los proyectos» y «ralentizar la gestión diaria de los expedientes».
De hecho, ha dicho que la Dirección General de Medio Ambiente «tarda mucho» en emitir declaraciones de impacto ambiental y, por ejemplo, la empresa pública Mare está pendiente de una desde 2019, al igual que «tres empresas muy grandes» de Cantabria están a la espera desde 2018, 2019 y 2021.
«No es normal que la administración sea ese tapón que pone pegas a los que generan actividad y empleo, por lo que está claro que tenemos que modificarlo», ha defendido el consejero.
Al margen de esta agilización, la reforma de la ley también tendrá otros objetivos como garantizar la protección del medioambiente y que pueda «convivir en armonía con las actividades económicas» o reforzar la capacidad de vigilancia, dando más herramientas legales y capacidad para que se cumpla la normativa pero también haciendo que las infracciones medioambientales se castiguen «de forma ejemplar» y que las sanciones se puedan tramitar de forma rápida.
Igualmente, se quiere impulsar la corresponsabilidad público-privada en el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas y apostar por la prevención, ya que es «el mecanismo más adecuado» para proteger el medioambiente. Para ello, se apostará por dotar a la comunidad de más instrumentos para evaluar los efectos adversos que pueden tener los proyectos.
