El PP impulsa iniciativas parlamentarias en apoyo a los afectados por la Ley de Costas
El PP ha presentado varias iniciativas parlamentarias en defensa de los afectados por la nueva normativa de la Ley de Costas, que pretende reducir la renovación de las concesiones a los propietarios de terrenos de dominio marítimo-terrestre por un periodo de cinco años frente a los 75 que concedía el reglamento hasta ahora.
En primer lugar, los ‘populares’ han solicitado que comparezcan en el Parlamento de Cantabria el jefe de la Demarcación de Costas, los portavoces de los colectivos de afectados y un representante del Gobierno de Cantabria.
La previsión es que sus intervenciones tengan lugar en febrero y marzo, con el fin conocer la situación precisa en la que se encuentran los procedimientos de prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre, cuántos se han resuelto y cuántos están por resolver, los motivos para establecer los plazos y la afección que está teniendo en la actividad económica que se desarrolla en esas fincas.
Por otro lado, el PP ha registrado en el Senado preguntas escritas y orales para conocer las razones por las cuales el Gobierno de España sólo admite la prórroga de las concesiones administrativas en dominio público marítimo-terrestre por periodos de cinco años, «abocando a los afectados a recurrir de nuevo a los tribunales después de haber ganado su derecho a obtener las prórrogas».
El diputado del PP y senador autonómico, Iñigo Fernández, y el senador Juan Carlos García, han dado a conocer las iniciativas impulsadas este martes en las Marismas de Carasa, donde se han desplazado acompañados por el alcalde de Voto, Santiago del Campo; el presidente de la Junta Vecinal de Carasa, José Manuel San Emeterio; y del presidente de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas y de la Sociedad de las Marismas de Carasa, José Luis Thomas.
Los parlamentarios populares han trasladado su apoyo a los afectados y han dicho que la actitud y la interpretación «tan personal» de la ley que realiza la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, «vacían de contenido la reforma que se aprobó en 2013 para permitir la prórroga de las concesiones territoriales que caducaban en el dominio marítimo-terrestre» y suponen un «calvario» para los afectados, pues se les aboca a tener que recurrir a los tribunales para reclamar y «que se les reconozca lo que es suyo».
Los senadores han asegurado que el PP va a defender los derechos de los afectados en todos los ámbitos «frente a las agresiones de la ministra Ribera, que parece querer ensañarse con Cantabria». Y han advertido de que la «paralización y entorpecimiento» de los procesos de renovación de las concesiones de Costas está provocando «no sólo incertidumbre entre los afectados, sino también un importante perjuicio económico la región».
En concreto, Iñigo Fernández ha subrayado que las prórrogas de las concesiones se «paralizaron» desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018 y esto está ocasionando «un daño enorme» a los titulares de pequeños negocios (explotaciones ganaderas, talleres, conserveras o negocios turísticos) ubicados en los estuarios de Cantabria.
«La ministra Teresa Ribera es tóxica para Cantabria», ha sentenciado, lamentando que esté «obsesionada» en una interpretación restrictiva de la Ley de Costas cuando «no hay mejor manera de mantener el valor ecológico y ambiental de estas fincas que prorrogando las concesiones para que sus titulares las tengan tal y como las vemos».
«Es muy fácil ejercer el ecologismo desde Madrid, pero cuando se habla de la viabilidad medioambiental de estas parcelas lo primero que hay que hacer es venir al terreno y conocerlas, porque si lo hicieran se les quitaría de la cabeza la idea de expulsar a los titulares de las concesiones de aquí», ha dicho.
En el mismo sentido se ha pronunciado Juan Carlos García, portavoz de Ganadería del PP en el Senado, quien ha criticado el «empecinamiento de la ministra contra el ganadero y el agricultor», aludiendo también a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Protegidas de España (Lespre) que «amenaza la actividad ganadera».
50 AFECTADOS EN CARASA
Por su parte, José Luis Thomas ha explicado que en las Marismas de Carasa esta problemática afecta 50 propietarios, a cien hectáreas de terreno agrícola en uso y a 11 explotaciones ganaderas.
Y ha dicho que esta situación se resolvería volviendo a la reforma de la Ley de Costas que hizo el PP en 2013. «Esa Ley de Costas nos satisfacía a todos y sería la forma de que estos terrenos agrarios prorrogaran su vida útil para crear alimentos y economía para la región. Recuperando eso tendríamos ya el instrumento jurídico suficiente para seguir nuestra actividad», ha sentenciado.
