El PSOE cántabro enmienda la totalidad de la Ley de Simplificación Administrativa

El portavoz parlamentario del PSOE, Pablo Zuloaga, ha anunciado una enmienda a la totalidad a la Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, que es una «barra libre» para que el PP «haga cualquier cosa».

Zuloaga, que registrará la enmienda este mismo miércoles, ha criticado que el PP vote en contra del «decreto ómnibus» del Gobierno de España y aquí en Cantabria presente una «ley de acompañamiento de legislatura», porque este proyecto de ley pretende modificar «19 leyes, 14 decretos y muchos reglamentos».

«Nos pretenden convencer de que aquí en Cantabria su ley ómnibus sí es válida y buena. Entenderéis que esto no se sostiene», ha dicho el secretario general del PSOE en una rueda de prensa, en la que ha reivindicado que los socialistas fueron los únicos que «pusimos el grito en el cielo» ante esta «mal llamada Ley de Simplificación Administrativa».

Ha insistido en que el planteamiento de esta ley es un «cheque en blanco» para el Ejecutivo de los ‘populares’ pero además es «un delirio jurídico» ante el que el PSOE pidió 27 comparecencias en comisión y todas fueron «tumbadas por la derecha y la extrema derecha», ha dicho en referencia al PP y Vox.

También ha recordado que el PSOE se opuso a habilitar el mes de enero para la tramitación de esta ley, que el PP tiene «prisa» por aprobar y, por ello, los socialistas quieren promover que se devuelva la norma al Gobierno para que «trabaje con responsabilidad en desarrollar un nuevo texto».

Y espera que el PRC y el resto de la oposición (Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio) sean «sensibles» a esta enmienda que lo que busca es «garantizar la estabilidad jurídica al Gobierno de Cantabria y también a los ayuntamientos».

ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA LEY

Zuloaga ha insistido en que los socialistas llevan meses «poniendo encima de la mesa» los argumentos que, a su juicio, evidencian la necesidad de rechazar esta «ley ómnibus» pero que «la soberbia, la prepotencia y la ceguera del PP no han querido ni escuchar ni atender».

Primero, se trata de una ley de «especulación simplificada» y se ha referido a las modificaciones que se introducen a la Ley del Suelo y que «afectan a la protección del territorio, al paisaje, al patrimonio natural, al patrimonio cultural y al medio ambiente. «El PP levanta muchos de los controles y garantías que tiene hoy la Administración para velar por esa conservación», ha advertido.

Por ello, «los socialistas decimos ‘no’ a este intento del PP a colar por la puerta de atrás su gran objetivo de la legislatura, que es la vuelta al peor pasado de Cantabria, la vuelta a la cultura del pelotazo para enriquecer a cuatro y empobrecer a las administraciones públicas».

Y es que, ha advertido que los ‘populares’ «quieren construir cientos de viviendas libres en suelo rústico y en Cantabria hay lugares sensibles señalados donde la derecha lleva tiempo preparando ese pelotazo», y ha citado Santander, Comillas o los Valles Pasiegos.

«No olvidemos que el director general de Urbanismo del Gobierno de Buruaga fue el concejal de Urbanismo de Santander que fue noticia nacional por la recalificación de los terrenos de enfrente del PCTCAN», ha dicho en referencia a Víctor Gil.

Así, ha señalado que el PSOE no permitirá con su voto que «la derecha destroce el territorio» y se vuelva «a lo que hicieron en los noventa» a nivel urbanístico, que llevó a «cientos de sentencias de derribos, con familias arruinadas y con ayuntamientos empobrecidos».

En segundo lugar, ha denunciado que esta ley «simplifica la especulación pero no simplifica los trámites al conjunto de la ciudadanía» porque no se reducen trámites, por ejemplo, para el acceso a ayudas sociales que son «una espiral».

«Generaliza la declaración responsable para sustituir las licencias urbanísticas pero no concede a los ciudadanos esa misma declaración responsable para la gestión de otros muchos trámites que les permita vivir con dignidad», ha lamentado.

«Para las obras, sí. Para la especulación, sí. Para el pelotazo urbanístico, sí. Pero para ayudar a las personas que más ayuda necesitan en Cantabria, el PP no está ni se le espera», ha censurado Zuloaga, que ha avisado de que la ley también elimina las cláusulas sociales en la contratación.

EN CONTRA DE NORMAS DEL ESTADO

Como tercer argumento, el socialista ha señalado que la ley «va contra las normas del Estado» en materia de protección civil o igualdad y «desoye las alegaciones del propio Gobierno de España ha planteado en el trámite de audiencias», lo que ha avisado que «puede ser incluso motivo de nulidad».

«Quieren cambiar el modelo de gestión de las emergencias para adoptar el modelo de Mazón en Valencia», ha dicho y ha apuntado que «a estas alturas todo el mundo tiene claro que Mazón no es el ejemplo ni el mejor modelo para dar seguridad a la ciudadanía de Cantabria».

En este punto, ha indicado que la ley plantea que Cantabria pueda solicitar al Estado medios y recursos en cualquier momento en una situación de emergencia. «El modelo de Mazón, que fracasó en Valencia en la DANA, es ilegal, va contra la normativa estatal, pero el Gobierno del PP ha rechazado las alegaciones de la Delegación del Gobierno en Cantabria», ha indicado.

También ha advertido que el texto va contra la Ley de Igualdad nacional ya que introduce como primera disposición transitoria «una cuestión totalmente ideológica y de derechas» para «cargarse el lenguaje inclusivo por economía de expresión», y también se «vacía de competencias» al Consejo de la Mujer.

En cuarto lugar, se ha referido a la regulación en esta ley de la «famosa Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos» que Zuloaga ha denunciado que es «una maniobra para quitar responsabilidad de las decisiones al Consejo de Gobierno» y poder declarar estratégico «cualquier proyecto».

En este punto, ha opinado que «el verdadero objetivo del viaje a México de Buruaga» no ha sido otro que «vincular proyectos que para ella son estratégicos con pelotazos urbanísticos» porque, ha insistido, esta ley «es un cheque en blanco» para el Gobierno del PP.

En quinto lugar, ha tachado la ley de «delirio jurídico», que hace que sea «de implantación prácticamente imposible», y ha señalado que esto no es así porque lo diga el PSOE sino porque «existe en el expediente de la propia ley un informe del jefe del Servicio Jurídico que debería de haber sido suficiente para que el PP retirara esta ley».

Una ley que, ha avisado, traslada la responsabilidad a los ayuntamientos «a los que presiona a vigilar las declaraciones responsables de todos los promotores inmobiliarios que decidan desarrollar un proyecto en su suelo», algo para lo que la mayoría de consistorios «sabemos que no van a tener capacidad».

Y, en este punto, ha criticado al presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, el alcalde ‘popular’ de Mazcuerras, Javier Camino, que «solo dedicó 90 segundos a defender esta ley» evidenciando que «ni la conoce, ni la respalda porque sabe el problema al que va a someter a los ayuntamientos de Cantabria».

También ha señalado que, a través de esta ley, el Gobierno del PP quiere «colar más cosas como recortes en transparencia o recortes a la labor de fiscalización previa dentro de la propia administración». «No nos gusta que esta ley sea un coladero de malas prácticas, un coladero de retrocesos», ha resumido el socialistas.

Y, para finalizar, Zuloaga ha considerado que el PSOE considera que es «necesario y posible agilizar la administración pública en Cantabria, pero no a costa de adelgazar la administración y reducir los controles necesarios» y, por ello, su grupo presenta esta enmienda a la totalidad contra una ley «llena de trampas».