El SCS instala este mes 30 cámaras de seguridad en las Urgencias de Atención Primaria

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) instalará a lo largo de este mes de febrero un total de 30 cámaras de seguridad en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAPs), de las 250 que se pondrán en todos los centros de salud y consultorios.

El organismo también ha contratado seguridad privada en el centro de salud y SUAP El Alisal, SUAP Los Castros y El Sardinero, SUAP Covadonga y SUAP Cotolino.

Y además, ya ha recibido la nueva cartelería para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios, como las 256 notificaciones de incidentes violentos a personal de este ámbito que se registraron en 2022 y que dieron lugar a la apertura de expediente sancionador a 26 agresores.

CARTELERÍA

En cuanto a la nueva cartelería para prevenir estos hechos, ha sido entregada este por los interlocutores policiales sanitarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil al director gerente, Luis Carretero, ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Se trata de materiales informativos y divulgativos que buscan minimizar este problema y que surgen de la campaña elaborada conjuntamente por los ministerios de Sanidad e Interior bajo el lema ‘Cuida de quien te cuida. Si sufres una agresión en el ejercicio de tu profesión, ¡Denúncialo!’.

De esta manera, los trípticos incluyen información sobre la figura del interlocutor policial sanitario, como experto en formar y asesorar a la administración sanitaria y a los representantes de los profesionales de la salud en la implantación de medidas preventivas especializadas.

También, consejos para evitar las agresiones a los profesionales «antes, durante y después» de la agresión; y la importancia de interponer una denuncia, ya que «los insultos y amenazas no denunciados hoy podrían convertirse en una agresión mañana».

Tanto la Consejería de Salud como el SCS han contado con el apoyo y la implicación de los interlocutores policiales sanitarios en materia de agresiones.

Por ello, cuando un trabajador sufre una agresión, si lo desea, le ofrecen asesoramiento y acompañamiento para interponer la correspondiente denuncia.

La campaña aborda uno de los principales riesgos a los que se exponen los trabajadores en el ámbito sanitario como es sufrir una agresión por parte de un paciente, un familiar o acompañante.

Con el objetivo de minimizar este problema, desde la anterior Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección se dio un impulso al tema de las agresiones con actuaciones como la creación de los grupos de trabajo de carácter técnico y con los responsables en materia de agresiones designados por las gerencias.

También con reuniones periódicas con los interlocutores policiales sanitarios de la Guardia Civil y Policía Nacional; aprobación del procedimiento de valoración inicial y comunicación de los incidentes violentos a la Consejería; y creación de un registro de agresiones sufridas por los trabajadores del ámbito sanitario.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Y por otro lado, desde las diferentes gerencias del SCS se han implantado medidas preventivas para reducir el número de agresiones. De este modo, se ha llevado a cabo la contratación de seguridad privada en el centro de salud y SUAP El Alisal, SUAP Los Castros y El Sardinero, SUAP Covadonga y SUAP Cotolino.

Asimismo, se ha realizado la licitación de un contrato para la adquisición de 250 cámaras de seguridad que se instalarán en todos los centros de salud y en todos los consultorios. Durante este mes de febrero, se pondrán 30 cámaras en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAPs).

También se han organizado sesiones informativas y cursos de formación al personal sanitario en materia de prevención de agresiones.

AGRESIONES EN 2022

Durante el año 2022 se produjeron un total de 256 notificaciones de incidentes violentos a personal de ámbito sanitario, de las cuales dieron lugar a la apertura de expediente sancionador a 26 agresores, por incumplimiento del artículo 47 de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria donde se establece el deber de respetar las normas y a los profesionales de los centros asistenciales.

La cuantía de las sanciones por este incumplimiento oscila entre los 3.000 y 15.000 euros.