El Supremo obliga a Smart Hospital al mantenimiento de los robots Da Vinci de Valdecilla
La Smart Hospital, adjudicataria del contrato de colaboración público-privada (CPP) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, tendrá que hacerse cargo de la gestión y el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que supone más de 163.000 euros al año.
Así lo ha fallado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una sentencia con la que da la razón al Gobierno de Cantabria y que tiene implicaciones sobre el resto de tecnología presente o futura del centro sanitario.
Y es que el Alto Tribunal entiende que la obligación de mantenimiento se proyectaría sobre cualquier equipo de alta tecnología adquirido con posterioridad a la celebración del contrato.
«No puede sostenerse con éxito que el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado exclusivamente deba limitarse al mantenimiento de los equipos que tuviera el hospital en ese preciso momento de la formalización del contrato», concluye la resolución judicial, dictada en febrero y consultada por esta agencia.
Para el TS resulta «inviable» que, debido a la «evolución constante de este tipo de tecnologías y la renovación habitual de los equipos y aparatos, además de las nuevas adquisiciones, al ritmo que marcan las innovaciones y mejoras en la materia», no se ofrezca un mantenimiento integral de los mismos.
«Resulta esencial -añade la sentencia- esta actualización en un contrato de mantenimiento de actuación global e integrada que tiene larga duración, pues la tesis contraria supondría que años antes de expirar el contrato, los 20 años, no quedarían aparatos o equipos que precisaran mantenimiento al haber quedado muchos de ellos desfasados u obsoletos».
El Alto Tribunal zanja así, según destaca el Gobierno regional en un comunicado, un pleito surgido por las diferencias de interpretación sobre la inclusión en el CPP del mantenimiento de alta tecnología ‘Da Vinci’ que ya se había ganado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y en el Consejo de Estado, pero se había perdido en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
