El transporte sanitario de Cantabria saldrá a licitación por 47 millones para dos años

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Sanidad, ha aprobado el expediente para sacar a licitación el contrato del transporte sanitario terrestre en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) con una duración de dos años y un importe de unos 47 millones de euros, 23,5 cada año, que supone casi el doble del importe del contrato actual que tiene un coste de 12 millones al año.

La intención del Ejecutivo regional respecto a este contrato, que contempla la posibilidad de una prórroga total de hasta otros dos años (un año cada una), es que se licite inmediatamente y que la adjudicación pueda producirse «lo antes posible», siendo la previsión que entre en funcionamiento en mayo de 2023.

Así lo ha anunciado este jueves, en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, quien ha destacado que la actual prórroga del contrato expirará el próximo mes de febrero, por lo que se ha aprobado también otra prórroga por un periodo máximo de 12 meses o hasta que se formalice el nuevo contrato.

El vicepresidente ha destacado que el Gobierno «cumple con sus compromisos» y «está efectuando todos los pagos» a la empresa concesionaria del servicio, por lo que, ha dicho, «no entendemos por qué ha vuelto a incumplir sus compromisos con la plantilla que presta el servicio de transporte sanitario» pese a las peticiones del SCS respecto a que los trabajadores no hayan recibido aún la paga extra de Navidad, aunque se ha mostrado «seguro» de que lo harán «próximamente».

Por otro lado, Zuloaga ha anunciado que antes de terminar el año se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la consulta pública para tramitar una ley en el Parlamento con el fin de crear la entidad pública que gestione en el futuro el transporte sanitario.

También en materia sanitaria, se han aprobado los acuerdos alcanzados con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del SCS y para mejorar la asistencia a los usuarios del sistema sanitario.

«Estamos ante acuerdos que mejoran las condiciones de todo el personal de las instituciones sanitarias publicas y que se extiende a todas las categorías del organismo, tanto a la atención primaria como a la hospitalaria», ha añadido Zuloaga, quien ha manifestado que estos acuerdos recogen «reclamaciones que venían demandándose desde hace mucho tiempo».

Se prevén medidas como la instalación de mas de 180 cámaras y la puesta en marcha de seguridad activa en puntos de mayor conflictividad para garantizar la seguridad de los trabajadores, ha recordado el vicepresidente, al tiempo que ha indicado que se ha aumentado también la retribución económica de guardias y festivos además de algunos complementos, entre otras medidas.

Los acuerdos alcanzados para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario suponen una movilización de 8 millones de euros.

En materia de Empleo, se ha autorizado la celebración de un contrato para la gestión del Centro de Día de Castro Urdiales, con una duración hasta el 31 de agosto de 2023 prorrogable por otros cuatro meses y con un valor de 563.000 euros.

De esta manera, el servicio se seguirá prestando a sus 23 usuarios hasta el inicio de las obras previstas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), y se está trabajando para que cuando comiencen, el servicio siga prestándose en Castro Urdiales en «un local adecuado».

También se ha acordado una subvención de 3,7 millones de euros para financiar programas de interés general y social a través de entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria de 0,7% del IRPF. Estas ayudas irán destinadas a programas para cubrir necesidades de asistencia social dirigidas a la atención de personas en situación de pobreza, exclusión social o en otras situaciones de vulnerabilidad.

Respecto a la vivienda, esta Consejería también ha aprobado para la comunidad de propietarios Plaza Los Castaños 12-20, en Santander, una subvención de 104.000 euros para mejorar la eficiencia energética del inmueble. Y se han aprobado ayudas por 223.000 euros a once beneficiarios de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y a las energías renovables.

Como última medida en el ámbito de Políticas Sociales, se ha acordado poner en marcha un servicio de terapia asistida con perros en los centros de atención a la dependencia de Santander y Sierrallana, por un periodo de dos años prorrogable por otro más y un valor estimado de 60.000 euros.

Respecto a la Consejería de Educación y Formación Profesional, se ha autorizado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinar casi 3 millones de euros a entidades de formación modular, y tendrán preferencia en el acceso a las acciones formativas las victimas de violencia machista, personas con discapacidad, trabajadores en situación de suspensión de contrato o ERTE, mayores de 45 años, menores de 30 y personas con baja cualificación profesional.

La formación se impartirá mediante módulos de 30 a 60 horas ampliables a 15 horas practicas, y está orientada a los once sectores estratégicos del Plan de Modernización de la Formación Profesional, al cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación.

Por otro lado, se han aprobado subvenciones por 1,3 millones a alojamientos y empresas turísticas y hosteleras a través de los fondos FEDER. Estas subvenciones, que alcanzarán hasta el 40% de la inversión total siendo la ayuda máxima de 100.000 euros, deberán destinarse a inversiones en accesibilidad, sistemas antiincendios, obras de sincronización, climatización y mejoras de zonas comunes u ocio y entretenimiento.

Además, se concederán 767.000 euros a la Universidad de Cantabria dentro del contrato del programa para el ejercicio 2022.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha nombrado a los miembros restantes de la Comisión de la Memoria. En concreto, han sido nombradas María Soledad González y María Magdalena Hermosa de los Ríos; y se ha nombrado presidente a Carlos Cortés.