El Tribunal de Cuentas aprueba la fiscalización de Cantabria de 2018

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2018, que incluye el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos en diversas áreas, y en el que se reiteran gran parte de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones anteriores puesto que no han sido implantadas.

Según se determina en el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda en octubre de 2019, Cantabria cumplió el objetivo de déficit y de regla de gasto del ejercicio 2018. Por otra parte, la deuda de la Comunidad al cierre de 2018, situada dentro del objetivo, ascendía a 3.171 millones de euros.

El informe del TC, consultado por Europa Press, señala que los expedientes de modificaciones de crédito evidencian que gran parte de las insuficiencias presupuestarias que los originaron eran recurrentes en los últimos ejercicios o resultan previsibles por su contenido, «lo que revela un margen de mejora en la elaboración del presupuesto inicial».

Además, recoge que se dejaron de imputar al presupuesto de 2018 gastos realizados en dicho ejercicio por importe de 199 millones de euros, aplicándose por otra parte al mismo 192 millones de euros por gastos realizados en ejercicios anteriores. Estas actuaciones no respetan el principio de temporalidad recogido en la normativa, aunque están amparadas en las salvedades establecidas a dicho principio.

El tribunal ha detectado errores de registro y valoración en las cuentas anuales de CITRASA, Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria, Hospital Virtual Valdecilla, Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (GESVICAN), Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) y Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), al no aplicar lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

Además, los informes de auditoría sobre las cuentas anuales de la Sociedad Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria (MARE), Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus de Comillas (SAICC) y SRECD reflejaban una opinión favorable con salvedades.

Al analizar la concesión y justificación de nueve subvenciones nominativas gestionadas por la Dirección General de Innovación y Centros Educativos y la Dirección General de Deporte, ambas entonces de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se han advertido «importantes deficiencias» relacionadas, entre otras, con la ausencia del informe preceptivo de los servicios jurídicos o defectos en el cumplimiento de la obligación de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, entre otras.

Por otra parte, el informe vuelve a advertir que los compromisos y aportaciones del Instituto de Finanzas de Cantabria y de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) al proyecto ECOMASA pueden desembocar en unas pérdidas para la Comunidad que se aproximarían a los 18 millones de euros.

También apunta que el personal interino del Servicio Cántabro de Salud representaba el 37% de los puestos ocupados de plantilla y el número de nombramientos eventuales en los que, a 31 de diciembre de 2018, se hace necesario el estudio de la creación de una plaza estructural en la plantilla asciende a 103.

En sentido general, no se produjo la declaración de los sectores y categorías profesionales considerados prioritarios a efectos de la excepción de la prohibición de contratar personal temporal y nombrar funcionarios interinos, prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018. Por otra parte, 13 de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de Estabilización para el año 2018 incumplían el requisito de permanencia de los Presupuestos Generales del Estado para su inclusión en esta oferta extraordinaria.

ANTIGÜEDAD DEL EQUIPAMIENTO SANITARIO

El TC también advierte que la antigüedad del equipamiento tecnológico sanitario en uso del Servicio Cántabro de Salud (SCS), salvo en la categoría de ‘tomografía por emisión de positrones’, no se adecua a las reglas y estándares recomendados a nivel internacional. Además, el porcentaje de bienes en activo con más de diez años de utilización supera, en las categorías de ‘tomografía computarizada’, ‘resonancia magnética’, ‘angiografía’ y ‘endoscopia flexible’ al del conjunto del sector público sanitario español.

Por su parte, la Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio ni con un manual aprobado para sistematizar sus actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos. Además, no se llevaron a cabo controles específicos sobre los centros concertados. Tampoco había un plan de acción derivado de las evaluaciones nacionales e internacionales al alumnado, ni un plan plurianual de inversiones en infraestructuras educativas.

En materia de gestión medioambiental, la Comunidad no contaba con determinados registros previstos en la normativa de montes, ni había desarrollado diversas acciones recogidas en la misma. Seguían sin constituirse el registro ambiental al que se refiere el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006; y no se había realizado la evaluación del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.