El PSOE de Santander cifra en 10,5 millones el sobrecoste de la ‘crisis de las basuras’
Fernández denuncia un "apagón informativo"
El Grupo Socialista de Santander ha cifrado en más de 10,5 millones de euros el sobrecoste de la «crisis de las basuras» en la ciudad en los dos años que se lleva prestando el servicio adjudicado por emergencia, de los que 6,2 millones ya se certifican en la liquidación presupuestaria municipal, y otros 2 corresponderían a la liquidación del segundo semestre de este año, por lo que el PSOE estima que el gasto por encima del contrato ascenderá a más de 8 millones de euros.
Los otros 2,5 millones de euros, hasta el total de 10,5, corresponden a las cuantías establecidas en las sentencias desfavorables al Ayuntamiento, según ha detallado en rueda de prensa el portavoz socialista, Daniel Fernández.
Así, ha precisado que la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2022 confirma un sobrecoste de 4,2 millones en el servicio, y el avance de la de este año, hasta el 30 de junio, refleja un nuevo sobrecoste de 2 millones de euros.
Según ha explicado Fernández, el montante de 8 millones de euros de sobrecoste obedece al mayor número de contratos de personal y al incremento de medios necesarios para prestar el servicio, y «pone en jaque» el argumento del PP para la resolución del anterior contrato.
En concreto, ha recordado que para tomar esta decisión el Ayuntamiento alegó «supuestos incumplimientos, que no han podido demostrarse», lo que pone de manifiesto, a su juicio, que la crisis de las basuras «tiene un pecado original» en el contrato de 2013, cuyo pliego «fue un error» que contemplaba un recorte de 50 millones de euros en 10 años y 80 trabajadores menos.
Además, a estos sobrecostes de unos 8 millones habría que sumar otros 2,5 millones y los intereses por las sentencias que ha ido perdiendo el Ayuntamiento contra la anterior adjudicataria, por lo que la «cifra» de «la crisis de las basuras provocada por el PP hace dos años» es de más de 10,5 millones de euros.
Fernández ha denunciado que este contrato, que la alcaldesa, Gema Igual, «adjudicó a dedo», tenía un duración de nueve meses, pero lleva en vigor 24 y, como está prevista una «nueva demora» en la adjudicación del servicio de otros seis meses, finalmente se habrá prestado durante «casi tres años» y de manera «muy deficiente», «con basura e insalubridad a lo largo y ancho de Santander», que ha conllevado «una plaga de ratas» en la ciudad.
Además, el concejal también ha censurado la decisión de externalizar en una empresa privada la fiscalización del contrato de emergencia; un hecho «inaudito» el «desentenderse del control de un contrato público, de un servicio público esencial», que en su opinión «solo puede responder a intereses particulares, a intereses personales. Y esto es una forma más de corrupción política», ha aseverado.
APAGÓN INFORMATIVO
Por otra parte, Fernández ha denunciado el «apagón informativo» en el Ayuntamiento de un Gobierno del PP «autoritario» y «antidemocrático», que no convoca los órganos de participación, tiene la ciudad «paralizada» y deniega documentación a la oposición que después traslada a particulares en reuniones «clandestinas», como la relativa a la reforma de la calle Bonifaz, sobre la que los socialistas llevan pidiendo información desde agosto sin recibirla, mientras «algunos vecinos sí se reunieron con el PP y conocen el proyecto».
Un hecho que para Fernández es una «nueva demostración» del PP «del desprecio a la democracia y al resto de formaciones políticas» de la Corporación.
Al hilo, el concejal ha indicado que, desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta, no se ha convocado la Comisión de Desarrollo Sostenible, si bien han recibido precisamente hoy una cita para el lunes «para maquillar el apagón» y con un único punto de interés «reducido».
En este sentido, el concejal de Desarrollo Sostenible del PSOE, Javier González de Riancho, ha lamentado que la comisión de este área solo se ha convocado dos veces en la legislatura y con asuntos «de trámite», cuando aborda cuestiones tan «importantes» para la ciudad como basuras, parques y jardines, agua o vivienda, de las que los grupos no tienen información.
De este modo, el edil ha repasado que no se ha explicado en comisión la reducción del número de viviendas del Alisal de 330 a 250; la sentencia del servicio de Parques y Jardines de más de siete millones, incluidos intereses; la modificación del Plan General para las 250 viviendas del Campón, la nueva ordenanza de la OLA o las Zonas de Bajas Emisiones, entre otros asuntos.
Para González de Riancho, todo ello da la idea de que el Ayuntamiento «está paralizado» o de que el equipo de Gobierno «no quiere dar cuenta de nada al Pleno ni al resto de partidos».
Finalmente, Fernández también ha criticado que no se han reunido los órganos de participación como los consejos de Distrito, Sostenibilidad, Mayores, Juventud o Inmigración, y ha asegurado que el PSOE continuará luchando para mejorar Santander y «demostrar que éste es el gobierno del autoritarismo, que es antidemocrático y muy negativo y malo para la ciudad».
Igual dice que continuará el contrato de emergencia
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado este miércoles que el contrato de emergencia para prestar el servicio de basuras continuará vigente mientras no se adjudique el nuevo, y ha indicado al respecto que, por parte del Ayuntamiento, «ya está casi todo», aunque, una vez se haya subsanado el pliego, deberá remitirse al Comité de Precios, que «tardará su tiempo».
Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa después de que el PSOE haya denunciado que el contrato de emergencia, que en un principio se preveía para nueve meses, ha cumplido dos años, que pueden llegar a ser tres en función de cuándo se adjudique el nuevo.
«El contrato de emergencia dura mientras dura la emergencia y la emergencia dura hasta que no haya una licitación acorde a la ley y un nuevo contrato», ha declarado la regidora, que ha recordado que la licitación del nuevo servicio «se vio truncada» y ahora el Ayuntamiento está «subsanando» el pliego.
El proceso de licitación se paralizó en marzo a raíz de ser impugnado por UGT, que consideró que los costes laborales se habían calculado con un convenio colectivo que ya no estaba en vigor.
«El Ayuntamiento no tiene voluntad de tener un contrato de emergencia más que lo que la ley dice, que es que haya una legislación definitiva y estamos trabajando en ello», ha reiterado Igual.
Con todo, la nueva adjudicación tardará un tiempo puesto que, una vez el Consistorio subsane el pliego, deberá remitirse al Comité de Precios del Gobierno de España, que «también tardará su tiempo», cinco meses, en la ocasión anterior, ha recordado.
«No sé lo que tardará, pero por parte del Ayuntamiento está ya casi todo», ha asegurado Igual a preguntas de los medios durante su visita al Barrio Obrero del Rey con motivo del inicio de las obras de rehabilitación.
