Con impuestos, no hay barcos
Cuando en marzo del pasado año el ‘Cristina Masaveu’, un cementero de diez mil toneladas, abandonaba las gradas de Astander, nadie esperaba que la recuperada capacidad del astillero cántabro para construir buques fuese a tener tan corto recorrido. Y no porque Astander no haya demostrado su competencia en ese trabajo, como lo venía haciendo en la reparación o en la transformación de buques, sino porque la Unión Europea estaba a punto de paralizar la actividad del sector naval español.
Desde el pasado mes de junio los astilleros españoles se han quedado sin la herramienta que venían utilizando para conseguir contratos de nuevos barcos, el llamado tax lease, una fórmula de ingeniería fiscal diseñada para ofrecer precios competitivos que Bruselas ha suspendido después de una denuncia de Holanda contra España por competencia desleal.
El tax lease es una fórmula de financiación mediante leasing en la que un grupo de empresas –constituidas como ‘agrupación de interés económico’ (AIE)– compran el barco a la entidad financiera que presta el servicio de leasing, para luego revenderlo al armador real con minusvalías, lo que les permite rebajar su impuesto de sociedades.
Puede que en Europa nadie juegue limpio en el sector de los astilleros. La normativa fiscal en la UE para la construcción de buques tiene ventajas similares y suelen conceder bonificaciones directas en el impuesto de sociedades a los armadores de buques. Pero el sistema de bonificaciones fiscales utilizado en España traspasó las líneas rojas comunitarias.
Astilleros en crisis
La decisión comunitaria produjo una inmediata paralización de los pedidos en los astilleros españoles que dura ya ocho meses y que ha acarreado una pérdida de negocio de unos 2.000 millones de euros, si atendemos al valor de los contratos que no se han podido cerrar y el de las ofertas que no han podido hacerse, en total unas 60 nuevas construcciones. Algo de lo que se han beneficiado los astilleros holandeses y noruegos.
El problema afecta especialmente a la comunidad gallega, donde se asientan el 60% de los constructores de barcos del país y donde astilleros como Vulcano y Barreras (Vigo) o la Factoría Naval de Marín están en concurso de acreedores. Pero también a Asturias (ha habido que posponer la reapertura de la antigua Juliana), al País Vasco y a Cantabria, donde Astander no ha podido volver a salir al mercado para hacer uso de la licencia de construcción recuperada en 2007. Afortunadamente, el astillero cántabro hace tiempo que se ha hecho un hueco en el negocio internacional de las reparaciones y transformaciones. Un mercado que está empezando a atraer la atención de la industria naval viguesa que busca salidas a su falta de pedidos. Astander, por el momento, mantiene una cartera de trabajo en ese campo y espera este mes la llegada de dos barcos, uno de ellos de Brittany Ferries, para trabajos de reparación y mantenimiento.
Los impedimentos para conseguir nuevas construcciones podrían resolverse en los próximos meses, dado que en la Comisión Europa ya hay un principio de acuerdo al respecto, y hubiesen desaparecido antes de no haber sido por la interrupción causada por el cambio de Gobierno en España. El sector naval confía en que salga adelante un tax lease reformado propuesto por el Gabinete de Zapatero, siempre que los nuevos responsables de los ministerios de Industria y Hacienda mantengan esa iniciativa ante Bruselas. Una propuesta que obligaría a modificar la legislación nacional del impuesto de sociedades pero que evitará que la construcción naval pase a la historia en España.
