La deuda por las ayudas a la rehabilitación asciende a 58 millones

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha denunciado que el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) ha dejado una deuda de 58 millones de euros para el pago de las ayudas a la rehabilitación, por la «pésima y negligente» gestión de los socialistas, responsables de estas subvenciones, así como la existencia de unos 500 expedientes metidos en cajas de reclamaciones desde 2016 sin contestar.

Ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha heredado «un agujero» de 57 millones de los dos decretos que se habían tramitado para las ayudas a la rehabilitación, uno a través del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (28,3 millones) y otro de los fondos europeos (28,6 millones), que se ha cerrado el pasado viernes, a lo que hay que añadir las últimas 150 solicitudes presentadas en los últimos días y que, aunque no se encuentran todavía contabilizadas, se prevé que eleve esta cifra a los 30 millones.

No obstante, el consejero ha anunciado que el actual Gobierno de Cantabria (PP) va a asumir ese «agujero» de 28 millones del Plan Estatal de Ayudas a la Rehabilitación a través de un plan de pagos porque «nosotros ni podemos ni vamos a dejar tirados a los vecinos y propietarios».

Así, desde la Dirección General de Vivienda se ha realizado una asignación presupuestaria extraordinaria que se está tramitando para que, de forma urgente, se proceda al pago de 306 expedientes por un valor de 5,9 millones de euros, con lo que «el agujero que ha quedado sin ningún tipo de respaldo presupuestario» asciende a 52 millones de euros.

Asimismo, en colaboración con la Consejería de Hacienda, se va a poner en marcha un plan de un calendario pagos «realista y creíble» dirigido a los afectados del Plan Estatal para pagar los 22 millones de euros pendientes «a lo largo de los próximos años».

En el caso de los fondos europeos, ha avanzado que desde el departamento de Fomento ya han hablado en las últimas semanas con el director general de Vivienda y Suelo del Gobierno central para trasladarle el «grave problema» que se han encontrado, y que deja en una situación «muy delicada» a miles de familias por ese «agujero» de 30 millones de euros.

Así, el consejero espera el «compromiso» del Ejecutivo central para hacer frente a esta demanda «absolutamente justa» a través de una posible «resignación» de fondos europeos, para pagar «cuanto menos una parte».

Según ha apuntado, el Ejecutivo ha trasladado toda esta información hace unos días al Colegio de Administradores de Fincas y al decano del Colegio de Arquitectos.

Media también ha denunciado la existencia de unos 500 expedientes «sin contestar» que se han encontrado «metidos en esas cajas y en un armario dentro de «una planta baja» de la Consejería, sobre reclamaciones realizadas desde 2016, de los que han tenido conocimiento tras las llamadas de vecinos pidiendo una respuesta a sus recursos, entre los que se encuentran las ayudas al alquiler.

«HERENCIA ENVENENADA»

El consejero ha censurado que el Plan estatal de Vivienda se cerró el 25 de noviembre de 2021 con este «desfase» de más de 28 millones y que «nadie anunció a los cántabros a pesar de que casi han pasado dos años».

Ha detallado que hasta el momento se han pagado de ese plan 853 expedientes por valor de 13,5 millones de euros y se denegaron 302 solicitudes. «Esto es lo único que se ha pagado», ha dicho Media, que ha apuntado que «el gran problema es que faltan de pagar 972 expedientes por un valor de más de 28 millones de euros», para los que «no hay partida ni presupuesto ni consignación».

«El Gobierno abrió el plan, pidió a las comunidades de vecinos que hiciesen obras de rehabilitación, prometió que iban a financiar en parte y al final no tenía dinero consignado para todas las peticiones que se hicieron», ha señalado Media.

Ha criticado que «al mismo tiempo que se abría el plan estatal de ayudas a la rehabilitación, desde la consejería se animó a los administradores de fincas y a las comunidades a adherirse al plan de rehabilitación energética que se puso en marcha también con fondos europeos», que provocó una «catarata de peticiones» que, en algunos casos, se financiaba hasta el 80%.

Para el consejero, se trata de «otra herencia envenenada» de la exdirectora general de Vivienda y exconsejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), y su antecesora, la socialista Ana Belén Álvarez. «¿Se pueden hacer peor las cosas?, ¿se puede ser más irresponsable y más incompetente?, ¿dónde estaba el señor Zuloaga (entonces vicepresidente) cuando esto ocurría?», se ha cuestionado.

Media ha recordado que hace unas semanas también denunciaron la «absoluta dejadez e incompetencia» de Gómez de Diego en la tramitación del Bono Joven, para el que se habían tramitado más de 2.100 solicitudes y, sin embargo, «decidió no aprobar la orden de pago», cuando los beneficiarios llevaban más de un año esperando.

«El PSOE no para de presumir de ser un partido progresista, se les llena la boca a sus dirigentes de ser los más sociales de la historia, pero a la hora de verdad no les importan lo más mínimo las necesidades de los ciudadanos», ha censurado.

Así, ha indicado que desde que fue nombrado consejero a mitad del mes de julio, en un aterrizaje «accidentado», se ha dedicado a reiniciar «multitud de proyectos que se habían quedado frenados» y que son muy importantes para mejorar las infraestructuras de la región.

Finalmente, ha añadido que se trata de una Consejería «complicada», que ha sido intervenida por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el marco de una investigación judicial por supuestas adjudicaciones de contratos a varias empresas durante los gobiernos del PRC-PSOE.