La FEMP estudiará la sentencia sobre plusvalías para ver quién asume las pérdidas y urge la reforma legislativa

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha avanzado que una vez que se publique la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulo el impuesto municipal de plusvalías se analizará su contenido para «tomar una decisión» sobre «quién se tiene que hacer cargo de las pérdidas de recaudación» causadas y ha vuelto a urgir una reforma legislativa que permita restablecerlo.

Así se ha manifestado este miércoles en una rueda de prensa celebrada en Vigo, donde ha indicado que esta sentencia «anula todo el mecanismo de cálculo» del impuesto, lo que supone que «no se pueda aplicar». A este respecto, ha advertido de la «inseguridad jurídica» que conlleva esta situación, que «afecta a los ciudadanos» e implica «un muy fuerte deterioro» de las finanzas municipales, que ha cifrado en 2.500 millones de euros anuales, 10 millones en el caso de la urbe olívica.

En este sentido, ha recordado que sentencias anteriores «obligaron» a algunos municipios, como el de Vigo, a optar por sistemas de cálculo de la plusvalía «más conservadores» y ha apuntado que, de media, «todos» aplicaban una tasa situada en torno al 30 por ciento. Abel Caballero también ha resaltado que «un número importante de ayuntamientos» no aplicaron este impuesto, que era efectivo «en la mitad de ellos», incluidas las grandes ciudades.

En todo caso, ha recalcado que «todo es provisional hasta que se conozca la sentencia en detalle» y ha garantizado que, «tan pronto» como se publique, la junta de gobierno se reunirá para «tomar sus propias decisiones de demanda para las administraciones» y dará a conocer su posicionamiento al respecto. En esta línea, ha subrayado que el proceso para paliar esta situación debe desarrollarse «con mucha premura» ante «la inseguridad jurídica» y «el deterioro de las finanzas» que conlleva.

REFORMA LEGISLATIVA

En concreto, el TC declaró inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la Ley de haciendas locales que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los mismos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.

El también alcalde de Vigo ha recordado que, desde 2015, la federación que preside reclama al Gobierno «la reforma de una ley que sabía que tenía que ser reformada» –en alusión al texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales– para ofrecer «seguridad jurídica a los ciudadanos» y la administración local. Así, ha urgido una reforma del impuesto que «sea justa con los ciudadanos» y evite «privar de una fuente sustancial de ingresos» a las administraciones locales, que «asumen gastos que no les corresponden» en el escenario derivado de la pandemia.

«Solicitamos al Gobierno y el Parlamento premura para solucionar esta cuestión», ha insistido Abel Caballero, que ha puesto de manifiesto la «cooperación total» de los ayuntamientos con los mismos. Además, ha emplazado al análisis de la sentencia y de «qué mecanismos permite» para adoptar medidas durante tiempo en el que esté en suspenso el impuesto. «Dependiendo del tiempo de solución y de la cuantía que suponga la detracción de ingresos tomaremos nuestra decisión de quién se tiene que hacer cargo de esas pérdidas de recaudación en ayuntamientos», ha avanzado.