La Ley de Simplificación Administrativa supera la petición de retirada del PSOE que la tacha de ‘especulativa’

El Parlamento de Cantabria ha rechazado este lunes la enmienda a la totalidad del PSOE al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, que continúa su tramitación tras decaer la propuesta de los socialistas para su devolución al Gobierno regional.

La enmienda ha contado con los votos en contra de PP, PRC y Vox y solo ha sumado el apoyo de los socialistas, cuyo portavoz, Pablo Zuloaga, ha advertido de la ley es «injusta, ilegal y anticonstitucional» y ha considerado que con ella el Ejecutivo regional de María José Sáenz de Buruaga pretende «hacer trampas».

En su defensa de la ley, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha criticado que el PSOE haya presentado una enmienda a la totalidad contra el texto normativo «sin ninguna alternativa» y ha reivindicado el proyecto del Gobierno para simplificar la administración y «convertir a Cantabria en la comunidad autónoma con menos burocracia» del país.

Ha ensalzado que esta ley pretende hacer una administración «más moderna, cercana, ágil y eficiente para hacer más fluida la relación con el ciudadano y facilitar la vida económica y social», por lo que ha considerado que «nadie puede entender un rechazo frontal sin alternativa» como el planteado por el PSOE.

Urrutia ha señalado que esta ley nace de «la necesidad de eliminar trámites obsoletos, derogar normas en desuso, no solicitar documentos que están en las manos de la Administración, acelerar los trámites de los procedimientos y simultanear informes que no son vinculantes unos con otros».

«Esta ley es un instrumento tractor y revolucionario. Queremos ciudadanos y empresarios activos y no pasivos, que asuman responsabilidades para sus proyectos y no encuentren un obstáculo desesperante en la Administración en tiempos y en trámites que a veces no son necesarios», ha insistido.

Y ha destacado medidas de la ley como la racionalización de la intervención administrativa, la declaración responsable, el pago a través de aplicaciones móviles o la creación de la unidad aceleradora de proyectos estratégicos.

También ha hecho referencia al asunto de la ley que más debate político ha generado y que es la posibilidad de construir vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) vinculado a un gran equipamiento de interés regional, en concreto permitiendo «vivienda libre en un 70% y protegida en un 30%».

La consejera ha enfatizado que este proyecto de ley muestra el «compromiso» de este Gobierno con el impulso de un «plan reformista valiente» en el que esta norma será «tractora» y, por ello, ha instado a los grupos a que «aporten lo que crean que pueden aportar para cumplir con el compromiso de poder simplificar más».

PSOE CREE QUE PP PRETENDE «HACER TRAMPAS»

Por su parte, Zuloaga ha defendido la enmienda a la totalidad del PSOE porque ha advertido que, con esta Ley, el Gobierno del PP «lo único que pretende es hacer trampas» para «fomentar la especulación y dejar a los ayuntamientos sin armas», a sabiendas que hay «principios de inconstitucionalidad» en la misma.

Ha considerado que la Ley de Simplificación Administrativa es «claramente especulativa», «abre la puerta a los pelotazos», tiene «impactos negativos severos» y, además, «no simplifica». Por ello, ha tachado esta norma como la «ley ómnibus» del PP y ha asegurado que a los socialistas les «preocupa mucho» porque «va en contra de los intereses de Cantabria» y «va a generar un caos» en todas las administraciones regionales.

«Esta ley claramente avanza en la especulación desmedida en Cantabria, elimina controles para eliminar vertidos que contaminan el medioambiente, favorece a los empresarios que promueven corridas de toros, va en contra de mejorar la calidad de vida de la gente que más necesita la Administración pública para acceder a la Renta Social Básica o para garantizarse un grado de dependencia y promueve que el Gobierno de Cantabria tenga en su mano aprobar un PSIR para construir viviendas libres en suelos rústicos», ha criticado.

Además, el portavoz socialista ha afeado al Ejecutivo que lleve al Parlamento una ley «injusta, ilegal, anticonstitucional» que cuenta con un informe jurídico desfavorable de la Delegación del Gobierno, en el que se indica que «no es conforme al orden constitucional en cuestiones de fondo» e «invade competencias» del ámbito estatal y municipal.

En este punto, se ha referido a la ausencia en el Pleno de la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). «Dudo que pueda votar con ustedes a una norma que pretende ir en contra de los intereses de la ciudad de Santander», ha dicho Zuloaga, que ha recordado que la regidora presentó una batería de enmiendas a esta ley.

En respuesta a esta intervención, Igual ha explicado en el hemiciclo que no estaba en la Cámara en el momento de la votación porque había asistido al funeral de un familiar; que contaba con el permiso del ponente de su grupo, de Urrutia y de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga; que la aprobación de la ley no necesitaba de su voto, y que está «de acuerdo» y alaba «los beneficios» que supone para los santanderinos.

Zuloaga también ha censurado que para la elaboración de esta norma se ha «vetado» la participación de la sociedad en el Parlamento. En este punto, ha recordado que se «tumbaron» todas las comparecencias que los socialistas habían solicitado.

Así, ha insistido en el «empeño» del Gobierno en «ocultar los verdaderos intereses que llevan a la aprobación de esta ley, al tiempo que tapan los enormes riesgos que supone para Cantabria». «Hecha la ley, hecha la trampa», ha sentenciado Zuloaga, que ha advertido que la presidenta Buruaga se convierta «en una copia mala de Mazón» si no la retira.

PP, PRC Y VOX EN CONTRA DE DEVOLVER LA LEY

El resto de grupos (PP, PRC y Vox) han rechazado la enmienda a la totalidad del PSOE.

Desde el PP, grupo que sustenta al Ejecutivo en minoría de María José Sáenz de Buruaga, el diputado Miguel Ángel Vargas ha tachado de «poco serio» que el PSOE enmiende a la totalidad esta ley sin haberla leído como, a su juicio, demuestra «su discurso inventando todo».

Para el ‘popular’, los socialistas solo tratan de «alargar y torpedear» para la tramitación de esta ley y ello pese a que, ha dicho, desde el PSOE saben que «es necesaria» y que «los cántabros la quieres».

Además, ha criticado que el PSOE pida la devolución de la norma «en vez de ayudar y sumarse a mejorar el texto» en el Parlamento.

Por parte del PRC, el portavoz Pedro Hernando ha asegurado estar «totalmente de acuerdo» con los socialistas porque «esta ley, tal y como está, no sirve para nada y es necesario cambiarla de arriba a abajo».

«No aprobamos la enmienda a la totalidad porque no confiamos en que el Gobierno nos envíe una mejor», ha dicho y en este sentido ha reivindicado el que la mejora «la hacemos nosotros», los grupos en el Parlamento, con cuyo trabajo «esta ley se va a llenar de plazos y de simplificación».

Y es que Hernando ha señalado que los regionalistas participan en el turno en contra de la enmienda a la totalidad porque el PRC es contrario a «retrasar más todavía» la tramitación.

Mientras que la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha criticado al Gobierno porque «la norma es un brindis al sol, una mera de declaración de intenciones», en la que «hay mucho margen de mejora», con medidas que ya se podrían haber implementado y otras no contempladas que permitirían «limitar al máximo la complejidad regulatoria y normativa».

Ha insistido en que Vox apuesta «de verdad» por la simplificación y, por ello, ha tratado de que la tramitación parlamentaria de la ley «fuera la mínima posible». Y ha explicado que su partido vota en contra de la enmienda a la totalidad «no porque la ley sea buena sino porque hay que aprobar cuanto antes un texto que trataremos que se modifique a través de enmiendas».