La oposición de Santander denuncia la ‘maniobra’ del PP para evitar la comisión de basuras
Grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander (PSOE, PRC e IU-Podemos) han denunciado la «última maniobra» del PP para «asegurarse» una resolución judicial contraria a la modificación que incorporó las comisiones de investigación al Reglamento, y dar «carpetazo» así a una investigación pública del contrato de basuras.
Así lo han denunciado en un comunicado, tras la Comisión de Participación de este lunes, en la que el Partido Popular ha impuesto su mayoría absoluta para elevar al próximo Pleno de septiembre un nuevo acuerdo en el que aprobará el allanamiento del Ayuntamiento en el procedimiento judicial que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en favor de la demanda de los concejales del PP contra el acuerdo del 23 de diciembre de 2021.
De esta manera, los grupos denuncian que el PP evitará que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto y que se celebre una comisión de investigación sobre el anterior contrato de las basuras, como pretendía la mayoría del Pleno la anterior legislatura y cuyo inicio bloqueó la alcaldesa, Gema Igual (PP), con un decreto que también está recurrido a la Justicia.
Como han expuesto reiteradamente, el objetivo de la comisión de investigación de las basuras era aclarar «las irregularidades que llevaron a tener la ciudad más sucia que nunca» y «depurar las responsabilidades políticas» por el «fracaso del contrato y el deterioro de un servicio público esencial que se prolonga hasta nuestros días con un contrato de emergencia que, en noviembre, cumplirá dos años cuando tenía prevista una duración de solo nueve meses».
Además, los grupos de la oposición han recalcado que el PP descarta la posibilidad que ofrecen en sus informes, tanto la Asesoría Jurídica municipal como la Secretaría General, de una revisión de oficio del acuerdo del Pleno impugnado por el PP, lo que habría permitido consolidar la modificación del reglamento para incorporar las comisiones de investigación.
En todo caso, para la oposición, fue el PP, desde los órganos que controlaba (Alcaldía y Junta de Gobierno Local), quien hizo una «tramitación defectuosa» de aquel acuerdo del Pleno, al omitir el expediente y el dictamen de la Comisión de Participación celebrada el 18 de junio de aquel año, que «ahora se reconoce en los informes que fue plenamente legal».
Tampoco recabó de los servicios municipales los informes de trámite vinculados al acuerdo del Pleno, que «era su competencia y no la de los grupos políticos», tramitándolo finalmente como una aprobación definitiva, «haciendo una lectura interesada y contraria a la ley del acuerdo» y «al contrario de lo que indicaron los portavoces», para «tratar de forzar su anulación».
Con el allanamiento, que, recuerdan, ya intentó el PP la pasada legislatura, decae también la defensa letrada externa que aprobó el Pleno a propuesta de la mayoría, para ejercer su legítima defensa frente a la demanda de los concejales del Partido Popular contra el Ayuntamiento. «Los grupos impulsores quedamos ahora completamente indefensos», han denunciado.
Por último, han lamentado que «toda la intención del PP ha sido obstruir y ocultar» a los santanderinos los motivos que llevaron a la formalización de un contrato «tan nocivo» para la ciudad, la «ausencia de fiscalización» del servicio durante años, la resolución del contrato, los «sobrecostes para la ciudad por la emergencia generada» y el «daño económico» a las arcas municipales por las múltiples sentencias contrarias al interés municipal.
VOX
Por su parte, en otro comunicado, el concejal de Vox, Ángel Madariaga, ha denunciado que el PP «utiliza su mayoría absoluta, con un claro abuso de poder», para dejar sin efecto el acuerdo plenario de diciembre 2021 para que se realicen comisiones de investigación.
Madariaga ha lamentado que «el objetivo» que busca el equipo de Gobierno popular con el allanamiento es que en Santander no haya comisiones de investigación «y de esta manera evitar depurar las responsabilidades pertinentes».
«El PP pretende con esta argucia judicial, la cual es inmoral e incluso roza el fraude de ley, evitar que los santanderinos conozcan lo que sucedió con el antiguo contrato de basuras», ha enfatizado.
Por otra parte, ha criticado que «la nefasta gestión de la alcaldesa ha costado a los santanderinos dos millones de euros, ya que los tribunales han dado la razón a la antigua adjudicataria del contrato de basuras en su pleito abierto contra el Ayuntamiento».
Y ha recordado la última condena al Ayuntamiento, en la que tiene que devolver 2,3 millones más 600.000 euros de intereses a la anterior adjudicataria de Parques y Jardines por daños y perjuicios.
Madariaga ha lamentado que «aunque la ciudad haya mejorado algo en lo que se refiere a la limpieza, todavía falta mucho trabajo por realizar, ya que en cada barrio que visitamos recibimos denuncias sobre la falta de limpieza, algo de lo que la alcaldesa parece haberse olvidado».
