La plantilla de la Administración General del Estado ronda los 54 años de media

La edad media de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria ronda los 54 años (53,6) y una tercera parte de ella supera ya los 60, según indica un estudio de la sección sindical de la Federación UGT-Servicios Públicos, que denuncia que este progresivo envejecimiento del personal no se ha compensado desde hace años con nuevas plazas de ofertas de empleo público «lo que ha impedido rejuvenecerla, ha provocado una notable escasez de efectivos y, con ello, una creciente sobrecarga de trabajo».

UGT-Servicios Públicos, sindicato mayoritario en la AGE en Cantabria, ha explicado en un comunicado que de los 1.754 empleados públicos de la Administración del Estado en la región, un 78% (1.368) es plantilla funcionaria con una edad media de más de 54 años (54,11) y el resto es personal laboral con una edad media de casi 52 años (51,97).

«Si no fuera por la plantilla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es más joven y con una media de edad de 44 años, aunque con el empleo más precario y un 55% de temporalidad; estas edades medias aumentarían hasta cerca de los 55 años entre el personal funcionario y superarían los 57 en el laboral», ha subrayado el delegado de UGT y presidente del comité de empresa de la AGE en Cantabria, Luis Álvarez.

Sin contar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria, un 33,8% de la plantilla de la AGE en Cantabria tiene más de 60 años (569 trabajadores y trabajadoras), otro casi 40% entre 50 y 59 años (662) y otro 15% entre los 40 y 49 años (264 efectivos).

Por el contrario, apenas un 4% del personal tiene menos de 30 años (62 efectivos) y menos de otro 8% entre los 30 y los 39 años (126).

En este sentido, Álvarez vaticina «un futuro nada halagüeño para la plantilla y el servicio público que presta porque las Ofertas de Empleo Público (OEP) no llegan a Cantabria en un número suficiente como para rejuvenecer y reforzar la plantilla en la medida necesaria».

El sindicalista ha señalado que esta escasez de personal «genera una creciente sobrecarga de trabajo que, a su vez, anima más que nunca a los trabajadores y trabajadoras a solicitar la jubilación anticipada aunque sea con pérdida de dinero, lo que agrava todavía más la situación si luego las plazas vacantes no se cubren».

UN 17% DE VACANTES SIN CUBRIR

El sindicalista, que ha recordado que las ofertas de empleo público no se convocan en esta Administración para un territorio concreto, ha subrayado que UGT ha denunciado reiteradamente que en Cantabria hay 400 plazas vacantes sin cubrir (un 17% de la plantilla) lo que reafirma «la enorme escasez de nuevas plazas destinadas aquí y la subsiguiente escasez de personal».

En este sentido, el estudio destaca el «agravante» del retraso que acumulan las distintas Ofertas de Empleo Público en esta Administración.

Como critican tanto Álvarez como la presidenta de la Junta de Personal de la plantilla funcionaria de la AGE en Cantabria y delegada de UGT, Carmen Ruiz, «la demora en las ofertas tanto de la plantilla funcionaria como la del personal laboral es más que preocupante».

Entre el personal funcionario y en concreto las OEP de los Cuerpos Generales del Estado, que son las que más plazas convocan, quedan aún procesos por resolver en la de 2020 y en las de 2021 y 2022 todavía no se ha realizado el primer examen, «así que en el mejor de los casos los funcionarios empezarán a incorporarse a partir de junio de 2024», ha indicado Ruiz.

Mientras, Álvarez ha opinado que el retraso de las ofertas de empleo públicos del personal laboral «ya roza la desidia» porque quedan procesos por resolver de la de 2019, el pasado 31 de mayo se han convocado los de la de 2020 y aún no se ha publicado la de este año.

Para el sindicalista, «la dejadez de la AGE es intolerable porque nadie entiende que en las últimas décadas del siglo pasado, cuando todo se hacía en máquina de escribir y papel de calco, las ofertas se publicaban y se resolvían en el mismo año; y ahora, en plena era digital, son incapaces de hacerlo».

«Los gestores de los ministerios están desmantelando la Administración y son conocedores de que el prejuicio de muchos ciudadanos hacia los empleados públicos nunca les va a señalar como culpables pero son los verdaderos responsables de la deriva que están sufriendo muchos organismos públicos del Estado», ha concluido.