La primera reunión del Pacto para la Justicia de Cantabria será el 27 de noviembre
El Gobierno de Cantabria y los sectores implicados mantendrán el 27 de noviembre la primera reunión de trabajo de cara a elaborar un Pacto para la Justicia que revierta la situación de este sector en Cantabria y consiga «la recuperación del respeto institucional y la correcta relación de los profesionales».
«Tenemos mucho que hacer», ha reconocido la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, señalando que se avecinan tiempos de cambio en la Justica, que acarrearán las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, cuyo objetivo ha de ser la mejora en el funcionamiento de un servicio público «esencial para los ciudadanos, para el mantenimiento de la paz social y para solucionar la conflictividad que existe ahora».
La consejera, que participó en la tarde de ayer en la inauguración del XXI Congreso Asociación Judicial, organizado por la Asociación Foro Judicial Independiente, anunció también la puesta en marcha en el año 2024 del nuevo juzgado de instrucción de Santander, además de que reiteró que en el primer trimestre del año se instalará la cámara Gesell en Salesas.
Asimismo, entre los proyectos de su departamento en el área de Justicia, adelantó que se profundizará en la mejora de las infraestructuras judiciales y se invertirá en proyectos de modernización y digitalización, a través de los fondos europeos.
De hecho, dijo que Cantabria asume el reto de invertir 6,6 millones de euros de fondos europeos en la digitalización del Registro Civil, la integración del sistema de gestión procesal, que supondrán 3 millones de euros entre los años 24 y 25, así como «más proyectos» para un «nuevo impulso» a la modernización tecnológica.
El objetivo es, apuntí Urrutia, tener una Justicia «totalmente informatizada, interconectada, compatible con los distintos sistemas de gestión procesal y universalmente accesible para los ciudadanos y para el resto de operadores jurídicos».
APOYO A JUECES EN TORNO A LA AMNISTÍA
Además, en su intervención, la consejera trasladó a los presentes el apoyo «sin fisuras» del Gobierno de Cantabria a todos los jueces y magistrados del país, especialmente a los que «se están viendo cuestionados en este momento, que participaron en los procesos que ahora se cuestionan y que ahora tendrán que aplicar una ley que desmorona todo el Estado de Derecho», en alusión a la Ley de Amnistía.
Para Urrutia, «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es una competencia que sólo puede recaer en jueces y magistrados». Lo contrario, a su juicio, significa «dar un golpe en la línea de flotación del Estado de Derecho, hacerlo colapsar hasta la profundidad y comenzar una forma de gobierno que dista mucho de la democracia».
Así, reiteró que el Gobierno de Cantabria defiende de forma «inquebrantable» la independencia judicial y el cumplimiento «íntegro» de las resoluciones judiciales, porque eso «es la base del Estado de Derecho».
En la inauguración, que tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena de Santander, participaron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la presidenta de la Asamblea Regional de Cantabria, María José González Revuelta; y el concejal de Economía, Hacienda y Compras del Ayuntamiento de Santander, Victoriano González.
