La red de dependencia necesita para 2027 una inversión privada de 90 millones que crearía 1.000 empleos

l Gobierno de Cantabria calcula invertir en torno a 30 millones de euros en los próximos seis años para crear nuevas plazas en las residencias y atender el aumento de la demanda previsto, lo que conllevaría a su vez una inversión privada que podría rondar los 90 millones y con la que se crearían unos 1.000 puestos de trabajo estables.

Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de su área en el Parlamento regional para dar a conocer a los grupos de la Cámara el Estudio de Necesidades de Recursos de Atención a la Dependencia para el periodo 2023-2027, que ya fue presentado el mes pasado en rueda de prensa.

Este «riguroso» documento analiza las perspectivas de la región de cara al futuro y prevé un envejecimiento y decrecimiento de la población que conllevaría la necesidad de crear para 2027 unas 1.500 nuevas plazas residenciales, para las que se requeriría esa inversión pública de 30 millones y privada de 90.

«Es decir, por cada euro que invierte la Administración pública, el sector privado pondría tres», ha resumido la consejera, defendiendo que la inversión en dependencia y servicios sociales es «totalmente rentable» y no debe entenderse como un gasto, ya que actualmente este sector genera 6.000 puestos de trabajo.

Además, de la producción económica que genera el sector, una parte «importante», entre el 20% y 25%, retorna a la propia Administración en forma de cotizaciones a la Seguridad Social y de Impuestos de IRPF y de IVA. En concreto, por cada euro que el Gobierno invierte de acuerdo con la Ley de Dependencia, se produce un retorno de 0,66 céntimos (el 66%) a las arcas públicas.

Por otro lado, Álvarez ha destacado que en los próximos años «el nivel de exigencia de cuidados y de apoyos será mucho más alta de la que venimos estando acostumbrados hasta ahora», ya que el estudio también remarca que se da «un envejecimiento del envejecimiento» y la previsión es que la población en situación de dependencia para 2027 se incrementará en casi un millar superando las 22.000 personas dependientes, de las cuales la mitad tendrán 80 años o más.

Según concluye el estudio, Santander sigue siendo un municipio «con carencias» en el ámbito de las residencias de mayores, y también sería necesario promover centros en Marina de Cudeyo, Ramales de la Victoria y la zona de Altamira -Santillana del Mar, Cartes o Reocín-, aunque exceptuando la capital, en el resto de lugares serían residencias de pequeño tamaño, de 60 o 70 plazas.

Por otro lado, se prevé un aumento «espectacular» de la demanda de ayuda domiciliaria y teleasistencia, del orden de 6.000 nuevos usuarios en los próximos ocho años, aunque estos servicios son «mucho más fáciles y ágiles de implementar» porque no requieren construir infraestructuras.

La consejera ha apostado por «ser prudentes» y fijarse en la detección de áreas «claramente deficitarias» en lugar del total de plazas que se precisan en cada zona, ya que «muchas de ellas incompatibles con un centro sostenible en términos económicos».

Igualmente, ha explicado que el documento es una herramienta de trabajo para la Administración, para profesionales del sector y para las empresas dado que en Cantabria se ha optado por un modelo de colaboración público-privada, pero ha instado a manejar los datos con «cierto margen de tolerancia» ya que a pesar de la «certeza demográfica» hay «dos incertidumbres» en el mapa: el efecto del Covid-19 y la evolución del modelo de atención, ya que «cada vez hay más personas» que prefieren permanecer en sus casas que en los centros.

PLAN DE TRABAJO

En este sentido, los grupos parlamentarios han pedido al Gobierno aprovechar el estudio, que «solo es una fotografía» de la situación, para elaborar una planificación que dé respuesta a las nuevas necesidades, y han trasladado su apoyo para hacerlo, ya que han opinado que hay un «ingente» trabajo fuera de intereses partidarios.

Además, han coincidido con la consejera en que el sector de la dependencia es «generador de empleo» y hay que «eliminar» la idea de que la inversión en él es un gasto.

Desde los grupos que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, han confiado en que la inversión de esos 120 millones que se prevé desde el sector público y privado se planificará «bien y con tiempo», con una programación «sensata» y aportando «respuestas específicas», como han dicho la regionalista María Ángeles Matanzas y la socialista Noelia Cobo.

Y desde la oposición -PP, Ciudadanos y Vox-, los grupos han considerado «positivo» el estudio pero han advertido que «hay que hacer mucho más».

Así, la diputada ‘popular’ Isabel Urrutia ha instado a la consejera a elaborar «en breve» un plan estratégico y ha criticado que se haya «eliminado» la posibilidad de los usuarios de elegir la residencia que quieran. En este sentido, ha señalado que la respuesta del Instituto Cántabro de Servicios Sociales es que «o eliges, o te vas, pero en la lista de espera no estás», y «así reduce la lista de espera cualquiera».

Tanto PP como Ciudadanos han pedido también soluciones para personas dependientes que viven en núcleos rurales de difícil acceso y que, como ha dicho la diputada naranja Marta García, prefieren permanecer en sus casas que en residencias. Además, ha opinado que hay «por delante un desafío transversal» que el Gobierno no podrá afrontar sin el apoyo del tercer sector.

Por último, desde Vox Armando Blanco ha considerado «positivo» este estudio que da a conocer la situación de dependencia «en detalle» y ha esperado que las soluciones se desarrollen «más pronto que tarde».

DATOS

Actualmente en Cantabria hay 21.060 personas dependientes, 16.916 tienen un recurso asignado y 3.649 han desistido por motivos no imputables a la Administración. Además, 22 tienen suspendido cautelarmente el servicio y 473 están en lista de espera, la «gran parte» porque su solicitud se está tramitando, según la consejera.

En términos porcentuales, esto quiere decir que el 80% recibe una prestación o servicio, el 17% ha renunciado y el 3% está en lista de espera o tiene el servicio suspendido.

En cuanto al tiempo medio entre que una persona presenta la solicitud y obtiene el reconocimiento del grado de dependencia, es de 57 días, y el plazo medio entre ese reconocimiento y la resolución efectiva del Proyecto Individual de Atención (PIA) es de 42, por lo que Cantabria ya está por debajo de los 100 días en el tiempo que transcurre desde que se presenta la solicitud hasta que la Administración asigna un recurso acorde.