La defensa del constructor acusado de estafar 14 millones a los bancos pide la nulidad de las actuaciones

El juicio contra el director de un grupo empresarial acusado de estafar casi 14 millones de euros a varias entidades bancarias ha arrancado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria con el planteamiento por parte de su abogado de varias nulidades, incluidas pruebas practicadas, por diversos «quebrantamientos» de normas procesales.

Los letrados de los otros tres implicados, como presuntos colaboradores en los hechos delictivos -ocurridos en 2008 y 2009-, también han expuesto irregularidades en diferentes cuestiones previas, con las que han alegado «indefensión» de sus patrocinados o han solicitado la retirada del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Miengo.

La primera sesión de la vista ha abarcado la exposición de estos asuntos iniciales y las alegaciones del fiscal, que pide once años de cárcel para el principal encausado, y del resto de acusaciones particulares, incluidas las citadas administraciones autonómica y local.

Así, la sala resolverá estas cuestiones previas y el interrogatorio a los procesados tendrá lugar a partir de la segunda jornada del juicio y no en la primera, como estaba contemplado inicialmente. En total, el desarrollo se prevé a lo largo de ocho días, hasta el 12.

Cuestiones previas

El abogado defensor del principal acusado, procesado por 108 certificaciones a siete bancos que suman 13,9 millones, ha planteado en el arranque del juicio diferentes nulidades derivadas de «diversos quebrantamientos de normas procesales», entre ellas la entrada y registro domiciliario y el acceso a los discos duros del ordenador y correos electrónicos.

En concreto, ha interesado la nulidad del auto del juez instructor con el que se iniciaron las diligencias previas por posibles delitos de falsedad y estafa y con el que se habilitó a vigilantes aduaneros a actuar como policías judiciales, según el letrado, que cree que los primeros carecen de las competencias de los segundos. Y en esa fase, ha añadido, se «desliza» la posible comisión de blanqueo de capitales, delito del que «no se vuelve a saber nada».

También ha pedido la nulidad de los autos de entrada y registro domiciliario de su cliente, «sin consentimiento previo» del acusado ni la pertinente resolución judicial, paso que «arrastra el resto del proceso». Y lo mismo solicita para el auto que autoriza el acceso a discos duros de ordenadores y, por ende, a correos electrónicos, al entender que hay vulneración de secreto de las comunicaciones.

Esta parte también cree que concurre el extremo de cosa juzgada en algunos hechos como alzamiento de bienes por los que -entiende- no se tienen que volver a sentar los acusados en el banquillo, entre ellos la esposa, procesada por colaboración al igual que un empleado de una de las entidades bancarias y un testaferro de sociedades que creó.

Las defensas de estos tres últimos han compartido algunos de los argumentos previos -concurrencia de cosa juzgada- y han expuesto otros con los que han alegado «indefensión» de sus patrocinados. Y también han interesado la «expulsión de la sala» del Gobierno y Ayuntamiento de Miengo al considerar que no son partes perjudicadas, lo que generaría a juicio de un letrado «hipertrofia acusatoria».

Sin embargo, el fiscal, –que ha pedido un receso para deliberar las cuestiones previas planteadas y, en términos generales, las ha rechazado, adhiriéndose a su relato el resto de acusaciones particulares–, ha esgrimido que ambas administraciones públicas se han visto perjudicadas en el sentido de que se han «falsificado» sellos y firmas, de técnicos y funcionarios, a lo que se suma que no están personados en esta causa «anteayer».

Los letrados del Ejecutivo y Consistorio han considerado «evidente» el perjuicio si se tiene en cuenta que son «numerosísimos, incontables», los documentos «falsificados». Así, si bien no se han visto perjudicados desde el punto de vista económico, sí se sienten parte «ofendida, al cien por cien».

Y entre otras cosas, también creen que la actuación de los miembros del servicio de vigilancia aduanera fue «exquisita» además de «habilitante» para la investigación de delitos enjuiciados en esta causa.

108 certificaciones, siete bancos y 13,9 millones de euros

El Ministerio Público cree que el principal encausado aprovechó en su beneficio la «amplia confianza» existente con varios bancos -siete en total- debido al tiempo que llevaba trabajando con ellos, tanto él como su grupo empresarial y por el volumen de negocio que manejaba, así como también el hecho de que el pagador final fuera el Ejecutivo cántabro. .

Administrador único y representante legal de una de las empresas del grupo, logró de diversas entidades financieras la obtención de importantes cantidades de dinero mediante el endoso de más de un centenar de certificaciones -108 en concreto- de obras públicas, que aportaba como documento que acreditaba el derecho de cobro por trabajos realizadas para diversas administraciones públicas, principalmente el Gobierno regional y también los ayuntamientos de Miengo y Torrelavega.

Estas certificaciones, –por obras de saneamiento y abastecimiento principalmente, pero también distintas mejoras en centros de salud, educativos o deportivos, con importes que oscilan entre apenas 20.000 euros y más de 738.000 euros–, habían sido previamente «falsificadas, ya que no se correspondían con ningún contrato o el importe no era el real, sino «muy superior», de acuerdo con el fiscal.

Y en algunos casos, una misma certificación se endosaba a varias entidades. Luego, cuando los bancos instaban el cobro de las citadas certificaciones a la administración pública en cuestión, éste resultaba infructuoso.

Delitos y penas

El ministerio público imputa al administrador del grupo empresarial un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de falsedad en documento público y oficial.

También considera que los hechos constituyen un delito continuado de alzamiento de bienes que imputa tanto a él como a su esposa y al presunto testaferro de las sociedades creadas en 2009.

Por su parte, al empleado de la entidad bancaria que colaboró en la tramitación de las certificaciones para su cobro le atribuye un delito continuado de estafa en concurso con otro continuado de uso de documento falso.

Las penas solicitadas para el administrador del grupo empresarial ascienden a 11 años y medio de prisión, indemnización de 3,2 millones a las entidades que supuestamente estafó y multa de 27.000 euros. Además, el ministerio público pide que éste y el empleado de banca indemnicen a la entidad para la que el segundo trabajaba en 9,7 millones de euros.

Para el empleado de la entidad bancaria, el fiscal pide además una pena de siete años de cárcel y multa de 9.000 euros. Finalmente, solicita cuatro años y tres meses de prisión y 18.000 euros de multa para la esposa del principal acusado y el empleado que actuó de testaferro.