El Gobierno impone la transparencia salarial a las empresas para saber si pagan lo mismo a mujeres y hombres

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos leyes que buscan reducir la brecha salarial de género en las empresas españolas, con las que se obliga a las empresas a adaptar su registro salarial y, además, a hacer una auditoría retributiva.

Ambas medidas han sido realizadas de forma conjunta por el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad y, según han señalado las dos ministras, Yolanda Díaz e Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un logro «histórico».

En el texto que trata la igualdad retributiva, se desarrollan los instrumentos que hacen posible el principio de transparencia salarial y se garantiza el adecuado acceso de las personas trabajadoras a la información contenida en el registro retributivo.

Así, se determina que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener un registro retributivo para advertir si existe hipervaloración o infravaloración del puesto según el género. Las empresas deberán realizar, además, una auditoría retributiva, es decir, un diagnóstico de la situación salarial y un plan de acción para corregir diferencias y prevenirlas.

Del mismo modo recoge que, por orden ministerial, se desarrollarán las herramientas modelo que podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo con el objetivo de tener una información desglosada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor.

Además, los reglamentos establecen que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deben asegurarse de que se respetan los criterios para una adecuada valoración de los puestos de trabajo.

Los derechos de las mujeres «vulnerados»

«A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestras empresas tengan retribuciones diferentes por el mismo trabajo», ha declarado la responsable de Trabajo. Según ha explicado, esta norma elimina una «aberrración» jurídica y democrática que «vulnera los derechos fundamentales de la mitad de la población».

Díaz ha defendido, además, que el momento de poner en marcha estas medidas es «ahora» para evitar que las mujeres salgan de esta crisis «más devaluadas de lo que entraron».

Montero, por su parte, ha señalado que para lograr una recuperación de esta crisis «las mujeres tienen que cobrar los mismo que los hombres por los mismos trabajos» y reducir la brecha de género que, actualmente, ronda en España el 22%. La nueva medida, ha indicado pone «luz a las desigualdades» y que, en algunos casos «no son evidentes».

La ministra de Igualdad ha explicado que la clave de esta desigualdad no está en el salario base, sino en los complementos retributivos y en la valoración desigual de los trabajos. Según la responsable de Igualdad, es común un menor valor salarial de aquellos trabajos que se atribuyen culturalmente a las mujeres, como los ciudados, que a los que culturalmente se asocian a los hombres.

Planes de igualdad

En cuanto a la segunda norma, sobre los planes de Igualdad, el Ejecutivo obligará a las compañías a registrarlos y a poner el énfasis en el diagnóstico con los efectos reales y sin reproducir estereotipos de género.

Además, busca reforzar el carácter negociado que deben tener los planes de igualdad, por lo que se establecen reglas de legitimación y se clarifica el procedimiento de negociación, particularmente en aquellas empresas que no tienen representantes legales.

Sobre este texto, Montero ha explicado que el objetivo es «detallar y abordar cómo debe hacerse el diagnóstico» en una empresa. «La igualdad es un derecho, pero es también una cuestión de eficacia y eficiencia económica», ha declarado Montero que, aunque ha celebrado el «avance» de estas medidas reconoce que «no bastan» para terminar con la desigualdad existente. En este sentido, se ha comprometido a poner en marcha otras medidas «fuera del ámbito de trabajo».

«En las crisis, hay quienes quieren flexibilizar y desregularizar, especialmente en los avances relativos a la igualdad de género. Nuestro compromiso, sin embargo, es el contrario: el feminismo es brújula de la reconstrucción del país y desde esa perspectiva presentamos estos textos», ha concluido la titular de Igualdad.

Los dos textos legislativos son fruto del Acuerdo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo, alcanzado el pasado mes de julio tras un proceso extenso de diálogo con los agentes sociales, y otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad, acordados en el marco del Diálogo Social, como han señalado ambos ministerios.

Así, los reales decretos garantizarán la igualdad retributiva, la efectividad de los planes de igualdad y su registro con información retributiva, desglosada y promediada, por clasificación profesional y por trabajos de igual valor.