Las residencias de mayores ya pueden contratar personal sin titulación frente a la cantidad de bajas por Covid
Las residencias de mayores españolas pueden contratar personal sin titulación –siempre que tengan experiencia en cuidado de personas dependientes– ante la gran cantidad de bajas y cuarentenas provocadas por la sexta ola del coronavirus.
En total, en la primera semana de enero de 2022 había 8.367 trabajadores de residencias de mayores contagiados con Covid-19, según la última actualización de datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), publicados el pasado viernes, un informe que por primera vez incluye estos datos.
En previsión de esta situación y ante la petición de las patronales de Dependencia, el Gobierno de España autorizó el pasado 30 de diciembre de 2021 la contratación de personal sin titulación, a través de una resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales fruto del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En concreto, se modifica el criterio tercero del Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del SAAD.
Así, se establece que, «de forma excepcional y mientras dure la situación de pandemia derivada de la COVID-19», podrán desempeñar funciones en los diferentes servicios del SAAD personas que carezcan de titulación.
Si bien, señala que, preferentemente, deberán tener «experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo».
Además, para poder aplicar dicha excepcionalidad deberán darse dos condiciones de forma simultánea: Que se acredite por el servicio público de empleo correspondiente la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas requeridas; y que la provincia en la que se ubique el centro se encuentre en una situación de nivel de alerta 3 por coronavirus.
En todo caso, corresponde a las administraciones públicas competentes en Servicios Sociales dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en su caso, sean necesarias para la aplicación de este régimen provisional excepcional.
La Comunidad de Madrid fue la primera en adoptar esta decisión para que residencias de mayores, centros de día y servicios de atención domiciliaria pudieran excepcionalmente contratar empleados sin la titulación requerida ante el repunte de contagios y de bajas, según indicaron fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
MÁS PLANIFICACIÓN
La presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha explicado a Europa Press que ya han alertado a todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno de España de que «la situación que se está viviendo con el personal es realmente muy preocupante».
Por ello, ha apostado por realizar una «planificación» porque, según ha precisado Pascual, los mayores son personas vulnerables y hay que darles «prioridad». «Es muy importante no estar constantemente poniendo parches, hacer una política de planificación más concreta», ha subrayado.
Entre las propuestas que enviaron a las diferentes administraciones, CEAPs pide que se realicen «PCR concretos» al personal de las residencias para identificar los casos antes; que las bajas se contabilicen desde el día que se han tomado las muestras o que se elabore una base de datos conjunta para tener personal para las suplencias.
ENTRE UN 15 Y UN 20% DE BAJAS
Desde la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), explican que enviaron una petición a todas las consejerías para que trasladasen a la normativa autonómica esa autorización.
«Por supuesto, vemos la medida pertinente, sobre todo del aprendizaje que habíamos sacado de la primera ola, si es necesario, lo vamos a utilizar y, si no fuera necesario, tampoco hace daño tener esa autorización», puntualiza a Europa Press el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, quien ha precisado que las bajas del personal se mantienen «en torno a un 15%» y «se nota».
Según el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid, entre un 15% y un 20% del personal de las residencias está de baja por Covid-19. «Está aumentando una barbaridad», explica a Europa Press.
Además, lamenta que están encontrándose con «situaciones kafkianas» como que «en los centros de atención primaria no cogen el teléfono» o médicos que «prolongan» la cuarentena al personal de la residencia por trabajar en estos centros. A su juicio, deberían llevar «un control más exhaustivo».
En cuanto a la posibilidad de contratar personal sin titulación, Fernández Cid lo ve adecuado ante una situación de «emergencia» pero precisa que no deja de ser «un parche» pues «no tienen la misma preparación ni la experiencia» de los titulados.
