Diego recurre a la inversión privada
En 2009, el ministro de Fomento José Blanco anunció un cambio sustancial en el modelo de las obras públicas españolas. A falta de dinero estatal, se financiarían con dinero privado. Sin embargo, su plan de 17.000 millones de euros ni siquiera llegó a arrancar. Las empresas privadas se enfrentan a sus propios problemas y, aunque tienen mucho interés en hacer obras públicas como adjudicatarios, prefieren que el dinero lo ponga la Administración, como lo ha puesto siempre.
En Cantabria se ha podido comprobar estos días que, si el sector público no puede, el privado, tampoco. El consorcio que se adjudicó la construcción del aparcamiento subterráneo de Cazoña se ha visto obligado a renunciar. No ha conseguido de los bancos los 7,7 millones de euros que necesitaba para concluir la obra y pagar el canon comprometido con el Ayuntamiento de Santander.
Pocas semanas antes, el Ayuntamiento de Cartes se veía obligado a rescatar el recién privatizado servicio de aguas porque la adjudicataria, Emilio Bolado, no podía pagar los 850.000 euros del canon comprometido.
Los problemas de esta empresa procedían de otro acuerdo con el sector público. Cenavi y Bolado, dos de las constructoras más importantes de la región, consiguieron la mejor parcela que queda en el casco urbano de Santander, la que ocupaban los bomberos y los autobuses municipales en Cajo, a cambio de construir gratuitamente para el Ayuntamiento las nuevas instalaciones. A pesar de que los tres edificios que se veían obligados a levantar en el extrarradio eran de un porte muy notable, la operación resultaba francamente saneada, porque en ese momento el mercado estaba dispuesto a pagar mucho más por las viviendas que se levantarían en ese solar situado frente al Hospital Valdecilla.
La presumible rentabilidad desapareció con la llegada de la crisis inmobiliaria. Cenavi se vio forzada a presentar concurso de acreedores y Bolado negoció por su cuenta con el Ayuntamiento para seguir con las obras, pero sin permuta. El acuerdo no fue muy generoso y eso, unido a las grandes inversiones que la empresa tenía inmovilizadas en suelo, también acabó por provocar un serio problema de liquidez en Bolado.
La situación no es mucho mejor en el resto del sector. Las compañías locales se interesaron por el sistema de obra pública con financiación privada que puso en marcha el Gobierno PRC-PSOE pero su capacidad de endeudamiento quedó agotada muy pronto por las ingentes inversiones necesarias. Las grandes empresas nacionales ya por entonces estaban excesivamente apalancadas por sus aventuras internacionales y por sus compras en el sector energético.
SIEC, al frente de un consorcio, se quedó con la promoción del polígono de Marina-Medio Cudeyo, y Ascan con la construcción de la que iba a ser sede de la consejería de Educación en la calle General Dávila, de Santander. Ambas empresas capean un vendaval que amenaza con dejarlas casi solas en el sector, pero eso no significa que puedan resolver los problemas financieros del sector público.
Peajes
El pasado año, según la patronal de la construcción Seopan, la comunidad autónoma de Cantabria sólo licitó obras por valor de 80,4 millones de euros, un 57,8% menos que el año anterior. Si esas cifras ya resultaban alarmantes, todavía eran susceptibles de empeorar mucho más y en lo que va de año han bajado un 89%. Es decir, hemos llegado al cero casi absoluto.
Ignacio Diego debía ser consciente de estas malas perspectivas cuando hace algunos meses rescató la idea de sus antecesores de echar mano de la iniciativa privada para financiar las obras que la Administración regional no puede pagar. Pero, a la vista de lo que está ocurriendo, también esa vía parece muerta.
El Ministerio de Fomento, que lo ha ensayado ya casi todo y con poco éxito, tiene la intención de dejar en manos de la iniciativa privada todas las carreteras que se construyan a partir de ahora, a cambio de algún tipo de peaje aún sin decidir, después de descartar los sistemas puestos en marcha por sus antecesores, el peaje en sombra (la Administración paga en función del tráfico registrado por esa carretera) y el pago por disponibilidad (también paga el Gobierno, pero en función del mantenimiento que haga la constructora).
La opción preferida por Ana Pastor es que quienes paguen sean los propios usuarios pero las últimas concesiones de autopistas de peaje, realizadas durante el Gobierno Aznar, están casi todas en bancarrota, al no alcanzar ni de lejos los objetivos previstos, y eso permite intuir que no habrá muchos candidatos a las nuevas concesiones.
Incluso está previsto hacer de pago las autovías en uso, aprovechando que una directiva europea obliga a los países miembros a gravar al transporte pesado por la utilización de vías públicas, con el fin de desviar estos tráficos hacia el ferrocarril o a la vía marítima, menos contaminantes.
No será fácil implantarlo para el Gobierno. En primer lugar, tendrá que afrontar el malestar que generará cobrar por algo que hasta ahora ha sido totalmente gratis, sobre todo en Cantabria donde no existe costumbre de pagar por el uso de carreteras, dado que el 100% de la red es gratuita. Además, puede encontrarse con que la recaudación no se corresponde con las expectativas. Baste señalar que el tráfico en las autopistas de pago españolas ha vuelto a descender el año pasado y ya está en niveles de 1998, hace catorce años.
Los proyectos en busca de inversor
Entre el medio centenar de proyectos que ha ofrecido el Gobierno cántabro a los inversores privados no hay infraestructuras públicas, las más costosas pero también las que ofrecen una rentabilidad más segura, dado que el cliente suele ser el sector público que se compromete a pagar un canon anual por su uso.
La mayoría son proyectos turísticos, nacidos a propuesta de particulares que no disponen de financiación para llevarlos a cabo. Aunque el Gobierno asegura que en muchos casos tiene más de un candidato para hacerse cargo de esa inversión, como ocurre con el teleférico de Vega de Pas, la realidad puede que no sea tan brillante. La construcción de tres hoteles en terrenos públicos –dos en Cabárceno y otro en la isla de Pedrosa– choca con problemas relacionados con su propio emplazamiento. Además, no han sido acogidos con mucho entusiasmo por el sector, que pone en duda la aparición de inversores cuando el parque hotelero regional sólo tuvo una ocupación media del 37% el pasado año y los nuevos establecimientos vendrían a empeorar aún más esa media que desciende año tras año.
Los proyectos industriales son menos pero se encuentran con parecidas dificultades. La farmacéutica Zeltia, que ya ofreció construir una planta de fabricación de viales al Gobierno PRC-PSOE y ha vuelto con el proyecto al Gobierno de Diego, sigue sin encontrar socios financieros para ponerlo en marcha.
Los campos de golf, aunque ahora encuentren más facilidades de tramitación urbanística, también parecen haber quedado enganchados a un pasado que no volverá, el del boom inmobiliario. Sin viviendas alrededor, sus posibilidades de encontrar financiación son mínimas. Para colmo, los clubes ya existentes están registrando caídas históricas en el número de socios y en la afluencia de jugadores, como consecuencia de la crisis, lo que pone en serias dudas la continuidad de algunos de ellos.
Posiblemente haya muchas más oportunidades que nunca pero las empresas privadas están demasiado endeudadas y los negocios son demasiado inciertos. Ya ni siquiera se puede dar por seguro que todos los adjudicatarios eólicos puedan acometer sus parques, la única actividad económica que hasta ahora parecía tener el retorno garantizado.
