Las empresas toman el control de la formación continua

Con el inicio del nuevo año la Forcem afronta un cambio de importante calado en el modelo que hasta ahora se venía aplicando a la formación continua para trabajadores en activo, a la que se destinan en España 611 millones de euros al año. Desde enero, las empresas pueden deducir directamente de las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por ese concepto, los costes de los acciones formativas que decidan realizar para sus trabajadores.
Esto supone trasladar a las empresas el protagonismo en la gestión de estos recursos, modificando el modelo vigente desde el acuerdo tripartito para la formación continua de 1992, que otorgaban a patronal y sindicatos el control de estos fondos, a través de la Fundación para la Formación en el Empleo. Un modelo que se ha visto empañado, en ocasiones, por actuaciones fraudulentas denunciadas por el Tribunal de Cuentas y por la propia Unión Europea, lo que impulsó al Gobierno a revisar en 1996 el acuerdo con los agentes sociales para que el INEM hiciese un control y seguimiento de los cursos.

Alejarse del modelo de subvención

La reforma pretende que los empresarios dispongan de sus propios recursos para afrontar las acciones formativas que precisen, obviando el mecanismo que obligaba a transferirlos en forma de cotizaciones a la Seguridad Social, que luego revertían a las empresas, vía Forcem, como subvenciones. “Yo creo que esto ha de animar a las empresas a participar mucho más en la financiación de acciones formativas para sus trabajadores –señala el director provincial del INEM, Raúl González–. Y es que va a cambiar la percepción: “La empresa ya no tendrá la sensación de que solicita una subvención sino de que gasta su propio dinero”.
Los programas de formación se financian con el 0,7% de toda la masa salarial de las empresas españolas, que ha de dedicarse forzosamente a este concepto. Las compañías aportan un 0,6% y el trabajador el 0,1% restante. La recaudación nacional se distribuye a partes iguales entre la formación continua de trabajadores en activo y la formación ocupacional destinada a los desempleados, si bien es cierto que los programas de formación tienen una importante aportación añadida del Fondo Social Europeo.
Con la reforma, las empresas conocerán de antemano los recursos con los que podrán contar en cada ejercicio para acciones formativas y hacer su propia planificación. Hasta ahora, se limitaban a aprovechar aquellos cursos que, organizados por sindicatos o asociaciones empresariales, pudiesen adecuarse a sus necesidades.
Las empresas cuya plantilla oscile entre seis y nueve trabajadores, podrán gestionar por sí mismas el 90% de su cotización para formación continua; las que tengan entre 10 y 49 trabajadores, el 65%; las que superen los 50 trabajadores y no alcancen los 250, el 52,5% y aquellas que sobrepasen este número, el 42,5%. Estos porcentajes podrán variar cada año. Una orden ministerial que aún no ha aparecido determinará las cantidades que pueden aplicar las empresas de nueva creación o que cuenten con menos de seis empleados.
Como es fácilmente entendible, la capacidad de gestión de las empresas no alcanzará a la otra mitad de la cuota de formación, la que va destinada a la capacitación profesional de los parados, una contribución solidaria, aunque forzosa, con un colectivo más desfavorecido y que necesita ayudas para su integración en el mercado de trabajo.
Otra de las novedades es que, por primera vez, los trabajadores autónomos tendrán acceso a la formación continua a través de la Forcem. Los presupuestos generales del Estado fijarán cada año una partida para financiar sus acciones formativas, dado que no cotizan por este concepto.

Difícil control de la formación

Uno de los puntos más vulnerables del sistema diseñado en 1992, que cedía la gestión y el control de los fondos de formación a los agentes sociales, residía en la detección de las posibles irregularidades o fraudes. De hecho, comprobar el correcto uso de las ayudas suministradas por la Forcem, basándose exclusivamente en la documentación que presentan los beneficiarios de las ayudas, no deja de plantear dificultades objetivas.
Tras concluir en 1996 el primer acuerdo tripartito firmado por la patronal, los sindicatos y el Gobierno central, el Tribunal de Cuentas puso de relieve que la Administración no podía estar ausente en la gestión de unos fondos que, aunque aportados por las empresas y trabajadores, una vez son recaudados, tienen la consideración de públicos. Por este motivo, el segundo Acuerdo Tripartito para la Formación encomendó al INEM la tarea de control y seguimiento de las acciones formativas realizadas con cargo a las ayudas concedidas por la Fundación.
A pesar de estas cautelas, el informe emitido por el Tribunal de Cuentas en junio del pasado año, reflejaba una “amplia diversidad de irregularidades” en el uso de las subvenciones de la Forcem en el periodo investigado, comprendido entre 1996 y 1998, que podrían dar lugar a la exigencia de reintegros por importe de 2,1 millones de euros.
A la espera de conocer el informe del Tribunal de Cuentas sobre ejercicios posteriores, lo cierto es que el INEM confía en la eficacia disuasoria de los controles que realiza, bien de manera aleatoria o haciendo el seguimiento de casos determinados. “Los servicios centrales –explica el director provincial del INEM– nos indican las empresas y el tipo de trabajadores que, como mínimo, tenemos que visitar. También el Fondo Social Europeo exige que se haga un seguimiento de, al menos, el 5% de las acciones formativas”.
En el caso de Cantabria, las irregularidades detectadas por la Dirección Provincial del INEM han sido de poca entidad, como comenzar un curso con menos participantes de los inicialmente anunciados, o contar con menos medios materiales de los reseñados al solicitar la subvención.

Continúan los contratos-programa

A pesar de los importantes cambios, subsiste buena parte del modelo anterior. Tanto los agentes sociales como las entidades que deseen impartir acciones formativas podrán continuar acogiéndose a las ayudas de la Forcem en la modalidad tradicional de contratos-programa. También se asignarán desde la Fundación las cantidades para “acciones complementarias”, como estudios e informes dirigidos a detectar las necesidades formativas.
Pero la iniciativa en materia de formación a trabajadores activos ha pasado, tras la reforma, a manos de las propias empresas. Del interés que estas muestren por aprovechar las posibilidades que brinda el actual modelo dependerá, en buena medida, la vigencia de un sistema que desde su creación en 1992 ha conocido ya tres profundas modificaciones.