Los exgerentes del SCS avalan la gestión de sus altos cargos: «Se cumplía la ley y no hubo fraccionamiento indebido»

Los gerentes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) la pasada legislatura han avalado la gestión de sus entonces subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, y director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo, asegurando que contrataciones por las que ambos están acusados por presunta prevaricación administrativa se ajustaban a la ley y lograron además un «ahorro importantísimo», y negando también que hubiera «fraccionamiento indebido» en contratos menores, que se tramitaron «de forma adecuada».

Así lo han expresado este jueves Julián Pérez Gil, que fue el máximo responsable del organismo sanitario, y Benigno Caviedes, que le sustituyó en el cargo a mitad de mandato tras dimitir del mismo, en mayo de 2018, al igual que hicieron los dos procesados por las supuestas irregularidades en adjudicaciones de obras y servicios cuando salieron a la luz, con la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad.

González y Rojo se enfrentan, respectivamente, a catorce y once años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado únicamente con contratación administrativa, como pide para ellos el fiscal por presunta prevaricación -continuada y no continuada-, mientras el PP, que ejerce la acusación particular, eleva hasta los quince años la solicitud de inhabilitación para ambos.

En la primera sesión de la vista, que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, los dos implicados defendieron su gestión y se desvincularon de las irregularidades, aseverando que las contrataciones se hicieron de manera correcta, rechazando relación alguna con las empresas adjudicatarias y destacando también el ahorro logrado, aunque algunos testigos apuntaron a la comisión de irregularidades, denunciadas en su día por la jefa del Servicio de Contratación del SCS.

Se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla; así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud; y las asistencias técnicas de un consultor.

En la segunda jornada han comparecido los testigos que faltaban de las acusaciones y los propuestos por las defensas así como los peritos citados por las partes. Estos expertos concluyeron en su informe sobre los procesos de contratación que «se adecuaban en general a la normativa vigente», aunque han apuntado que apreciaron «incidencias administrativas».

Por su parte, Pérez Gil ha testificado que a su llegada al frente del SCS se encontró «muchos problemas que solucionar», como la creación de un laboratorio en red de los hospitales de la región, y ha defendido al respecto la decisión -suya y de González, y adoptada en el comité de dirección- de contratar a un asesor externo: Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y a quien la jueza instructora imputaba el mismo delito.

«No había nadie cualificado para hacer esos pliegos» en el SCS, pues era «un tema muy trascendente», ha sentenciado, para defender el encargo realizado -al citado experto, que conocía de haber trabajado con él con anterioridad- y subrayar a continuación que con la nueva adjudicación se consiguió «un ahorro importantísimo» -del 38%, según ha cifrado- al tiempo que «se cumplía la ley, que no es baladí», ha apostillado.

En su declaración, ha indicado que un gasto «tan importante» como el relacionado con los laboratorios se venía «ejecutando sin contrato desde 2012», con compras que se efectuaban de forma «directa» y que a sus ojos propiciaban un «enriquecimiento injusto», toda vez que «los precios estaban sobredimensionados».

En otro orden de cosas, en relación a la adquisición de los ecógrafos y las obras en centros de salud, ha manifestado que el órgano de contratación es el gerente de cada servicio, que es asimismo responsable de su presupuesto, aunque se acordó que González apoyara la gestión económica de la GAP, que entre otras cosas se encargaba del mantenimiento de los centros de salud. Al hilo, y preguntado por la adquisición de los ecógrafos, Pérez Gil ha contestado que «la mecánica de compra ya la sabía él, no tenía que informarme».

ES POSIBLE CONTRATAR POR SEPARADO

Su sucesor en el cargo, Benigno Caviedes, y que hasta entonces había sido director de los hospitales de Sierrallana y Tres Mares de Reinosa, ha sido cuestionado entre otras cosas por discrepancias relacionadas con los trabajos realizados en cuatro centros de salud -General Dávila en Santander, El Zapatón y Dobra en Torrelavega, y en San Vicente de la Barquera- y las incorporaciones de los aparatos para hacer ecografías, pero ha matizado en todo caso que entendieron que no habido «fraccionamiento» y que la contratación había sido «adecuada».

«Es posible contratar por separado», ha defendido este testigo, para justificar a continuación que las obras en los centros «en sí mismas tenían entidad propia suficiente», pues «afectaban a unidades distintas» y en la ejecución «eran independientes unas de otras».

Y lo mismo sucedió, a entender del segundo gerente del SCS de la legislatura pasada, con la compra de los ecógrafos -once a una empresa y otros tantos a otra, el mismo modelo a cada una de ellas y con contratos individualizados-. Sobre este asunto, ha argumentado que «lo determina el origen de la contratación son las necesidades, no el resultado», que en su opinión «no es óbice» para que el procedimiento sea «adecuado o no».

Al margen de los que fueron máximos responsables del servicio sanitario entre 2015 y 2018 también ha comparecido en el juicio como testigo el director gerente de Valdecilla durante esos años, Julio Pascual, para quien el que los laboratorios de hospital llevaran casi cuatro años sin concurso y comprando directamente el material que precisaban es una «manifiesta irregularidad».

Sobre la contratación del asesor externo, ha dicho que no le conocía ni tenía referencias de él, y que firmó la adjudicación propuesta porque se fiaba -ha expresado- de sus jefes en el SCS. Y, en todo caso, ha indicado que en el centro hospitalaria «se firman doscientos contratos menores de este tipo al día».

De cualquier modo, ha abundado, «nadie me dijo: ‘esto es irregular'». Y Pascual -médico de profesión- ha remarcado que dejaba claro a sus subdirectores cuál era su formación y les pedía también que le advirtieran de cualquier cosa que llamase la atención, según ha comentado. «Yo no fui ni consciente en ese momento de lo que firmé y nadie me dijo nada al respecto», ha zanjado.

A propósito del asesoramiento contratado, ha destacado que el concurso para el que se requirió es «muy complejo», y ha agregado que el objetivo era dar «un mejor servicio» -con laboratorios «excelentes»-, y «obviamente el ahorro» en material conseguido, que ha cifrado en cerca de un millón el primer ejercicio y unos dos millones el segundo, en un presupuesto de más de diez millones anuales. «Para la gestión fue bueno», ha resumido el exdirector de Valdecilla.

Ante el plenario también han testificado la entonces directora de Enfermería de la GAP que ha señalado que había un contrato de mantenimiento genérico para los centros de salud, pese a lo cual había «quejas» de «casi todos» y por diferentes motivos. Y también sabía de la adquisición de suministros de forma directa y más caros que a comunidades autónomas del entorno, que las empresas en cuestión se negaron a bajar los precios y que por eso se hizo el mencionado concurso.

Finalmente, responsables del área de Asistencia Sanitaria han calificado de «excelente» el trabajo que hizo el consultor y han subrayado el ahorro de costes conseguido. Era, según han dicho, «el gran experto en el tema», más teniendo en cuenta que «nunca se había hecho esa centralización tan importante» de compras en el SCS.