Los fondos acreedores se quedan con el 100% del Grupo Celsa, incluida GSW

Después de una defensa numantina, la familia Rubiralta pierde el control del Grupo Celsa, que creó en los años 80 tras la crisis del sector del acero español y que posee las empresas cántabras GSW, Tycsa y Trefilerías Quijano. El juzgado número 2 de lo mercantil de Barcelona ha fallado a favor de los acreedores de Celsa y en contra de la familia Rubiralta, transfiriéndoles a los primeros la propiedad del gigante siderúrgico. El control de este conglomerado de sociedades industriales que emplea a más de 10.000 personas en España y factura 6.000 millones de euros anuales pasa a manos de los fondos. Las fechas del traspaso todavía no están definidas.

Contra la sentencia no cabe recurso alguno. «Este es, en muchos sentidos, un procedimiento ciertamente singular. [Por] la enorme trascendencia económica de los intereses en juego, lo novedoso del procedimiento de homologación, la enconada y dilatada disputa que las partes mantienen desde hace tiempo o los numerosos factores de otra índole que gravitan y condicionan el comportamiento y las estrategias adoptadas por cada uno de los intervinientes», sostiene el magistrado Álvaro Lobato Lavín.

En su fallo, el juez defiende que el plan propuesto por los acreedores «es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa» y añade que, «en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica». No obstante, la sentencia también advierte a los acreedores de que «deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto». Su decisión pone punto y final a una larga guerra judicial entre los Rubiralta y parte de sus acreedores, en la que ha llegado a involucrarse el Gobierno.

RENUNCIA AL RESCATE ESTATAL

Los fondos renunciarán a cualquier propuesta de rescate por parte del Estado, según un comunicado divulgado este mismo lunes. Los trabajadores de las diferentes plantas en España ya han sido convocados a asambleas para informarles de los detalles y aplicación de la sentencia, según explican fuentes sindicales.

Los fondos acreedores de Celsa han considerado que la aprobación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del plan de reestructuración de la empresa es un «paso crucial» para su viabilidad.

En un comunicado , han celebrado que gracias a esta resolución se aprueba el plan propuesto por los acreedores, por lo que pasarán a tener el 100% del capital de la empresa «mediante la capitalización de 1.352 millones de euros de deuda convertible y parte de la deuda ‘jumbo’, y la extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante».

Según ellos, con esta resolución los nuevos propietarios de Celsa «pasarán a ser instituciones financieras de prestigio internacional con acceso a capital, una amplia experiencia de gestión en empresas europeas y un horizonte de inversión a largo plazo».

Han asegurado que su plan «reduce los niveles de endeudamiento por debajo de los propuestos anteriormente por la empresa», lo que permitirá al grupo situarse en una posición solvente, proporcionando seguridad a los empleados de la empresa, en sus palabras.

El siguiente paso para los nuevos propietarios será trabajar con todas las partes interesadas «para implementar el plan con la máxima celeridad y asegurar el empleo».

NUEVO CONSEJO

Han informado de que la reestructuración incluirá el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración integrado por perfiles «muy respetados y de categoría mundial».

Y han añadido que algunas de las prioridades de este Consejo serán mejorar la gestión operativa de Celsa para convertirla «en un líder europeo del sector«.