Los investigadores ven hechos de carácter ilícito en nueve expedientes de Obras Públicas
La investigación de la supuesta trama de contratación irregular dentro de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria ha detectado «hechos de carácter ilícito» en un total de nueve expedientes que están en licitación, que habrían estado dirigidos por el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas enviado a prisión provisional, M.A.D.B.
En concreto, están afectados los contratos para la mejora de la seguridad vial del Puente sobre la Ría de Cubas, en la CA-145 El Astillero-Santoña; la senda peatonal en la CA-171 en el tramo entre La Costana y La Población; el camino peatonal paralelo a la CA-284 entre Matamorosa y Villaescusa o la ejecución de la senda ciclable sobre el Puente La Barca, en Barreda.
El resto de los expedientes son para realizar reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diversas carreteras; instalar, reponer y llevar a cabo el mantenimiento de las instalaciones de protección –como las mallas de triple torsión, pantallas dinámicas o redes de cables– en diversos tramos; limpiar los cauces en zonas de influencia de las carreteras; acometer la conservación de elementos ornamentales y de protección anexos a los viales y el mantenimiento de cunetas y cauces de desagüe de agua pluvial de escorrentía.
El Juzgado de instrucción número 5 que lleva el caso pidió la semana pasada al Gobierno de Cantabria que le remitiera toda la información relativa a estos nueve expedientes de licitación, así como a un décimo aún no publicado en torno al Puente de Pontejos, según se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
Como apunta la investigación, que se inició a principios de 2022 tras detectarse un incremento patrimonial «no justificado» del entorno familiar el jefe del Servicio de Carreteras, la actividad delictiva que encabezaba «no tendría carácter puntual, sino que se habría desarrollado presuntamente de manera continuada en el tiempo».
M.A.D.B. y su familia habrían recibido diversos pagos y dádivas de las empresas implicadas, Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina, quienes supuestamente se beneficiaban de las adjudicaciones de obras públicas tras alcanzar acuerdos con el funcionario, que «ejercía un cierto control y capacidad de decisión» sobre los contratos gracias a su puesto.
Por ello, se le acusa de participar directamente en la preparación de las ofertas de ciertos licitadores, modificar precios con posterioridad a haber asignado contratos a las empresas o negociar con el licitador en qué términos quería que se publicara el expediente, hechos por los que se le atribuyen delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental.
Mientras, a su mujer, que también pasó a disposición judicial la semana pasada junto con M.A.D.B y cuatro responsables de las empresas investigadas, se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental, ya que ésta cobraba una nómina de La Encina a pesar de «no desempeñar actividad laboral alguna» y también es la administradora única de una empresa con sede en el mismo domicilio del matrimonio y que recibía pagos por una actividad, supuestamente de fotocopias, que al parecer «no es real».
Por su parte, los cuatro empresarios implicados –a los que, al igual que a la mujer, la jueza ha dejado en libertad, con la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes– se enfrentan a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
